ciudadanos que han acudido a expresar su solidaridad con Assange, como la colombiana Daniela, que ha llegado a primera hora de la mañana y no dejaba de levantar uno de los ya famosos carteles con el rostro del exhacker y su boca amordazada por la bandera estadounidense.
Daniela ha sido de las primeras, pero no ha hecho falta mucho tiempo para que la calle se llenara de activistas. La campaña internacional organizada para impedir la extradición a Estados Unidos de la persona que representa hoy más que nadie la necesidad de defender la libertad de prensa ha llevado ante las puertas del tribunal a relevantes oradores comprometidos con la causa de Assange.
La defensa de Assange ha sido la primera en presentar sus argumentos ante los magistrados. Desde el inicio ha denunciado la naturaleza política que, según ellos, oculta el proceso judicial. “La acusación está motivada políticamente. El señor Assange expuso ante la opinión pública actos criminales graves y ha sido perseguido por realizar una práctica periodística habitual: obtener y publicar información clasificada que era veraz y de interés público”, aseguraba su abogado, Ed Fitzgerald. “Es un abuso del proceso judicial reclamar la extradición por una ofensa política”, ha denunciado.
Dos magistrados, Victoria Sharp y Jeremy Johnson, escucharán a lo largo del martes y el miércoles los argumentos de la defensa de Assange y del Gobierno estadounidense. Deben decidir, en una vista preliminar que ha atraído una inmensa atención global, si conceden al fundador de Wikileaks una última oportunidad de argumentar jurídicamente su causa ante la justicia británica, o si dan luz verde definitiva a su extradición a EE UU, donde será acusado de 17 delitos contra la Ley de Espionaje y uno por intromisión en un ordenador. El editor australiano se enfrentaría a 175 años de prisión por la filtración de más de 250.000 documentos clasificados del Departamento de Estado estadounidense en noviembre de 2010. EL PAÍS fue uno de los medios que participó en ese esfuerzo concertado de publicación de estos papeles.
“La idea de que Julian pueda ser acusado de violar la Ley de Espionaje de Estados Unidos, la misma que se aplicó a Daniel Ellsberg [el responsable de filtrar los Papeles del Pentágono, que revelaron las mentiras sobre Vietnam] y a otros, es escandalosa”, ha dicho en el estrado Jeremy Corbyn, el anterior líder del Partido Laborista británico. “Este tribunal tiene hoy la oportunidad de permitir a Assange que su causa sea escuchada, de que se haga justicia y de que, finalmente, pueda ser un hombre libre”.
Assange, que permanece desde hace cinco años en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, a las afueras de Londres, no ha estado presente en la primera jornada del juicio. Tampoco se ha conectado a través de videoconferencia, como en otras ocasiones. El abogado ha explicado que no se encontraba bien de salud. La jueza Sharp ha querido dejar claro, al inicio de la comparecencia, que no se había puesto ningún obstáculo a esa presencia en remoto.
El equipo jurídico del exhacker ha recordado además al tribunal, para contrarrestar las garantías sobre la vida o salud del preso ofrecidas por el Gobierno estadounidense, la supuesta trama de la CIA para intentar asesinarle en 2017, cuando estaba encerrado en la Embajada de Ecuador en Londres. “Ya entonces hubo banderas rojas de alerta”, ha explicado el abogado Mark Summers, también parte de la defensa. “El plan solo se vino abajo cuando las autoridades británicas mostraron su disgusto ante la idea de un posible tiroteo por las calles de Londres”.
El escaso espacio destinado a la prensa en la sala y las deficiencias técnicas del audio ofrecido en otra dependencia han puesto en duda la transparencia de los magistrados.
La causa de Assange se ha convertido mundialmente en la causa a favor de la libertad de prensa. La presión de la campaña a favor de su liberación no está tanto dirigida hacia los jueces que se han ido pasando entre ellos un hierro candente, sino hacia los gobiernos estadounidense y británico, que tienen en sus manos la posibilidad de frenar la persecución.
“Esto nunca tuvo que ser un asunto dilucidado en los tribunales. Y no tiene por qué seguir recorriendo ese camino. Sigamos pidiendo a EE UU que libere a Assange”, ha exclamado ante los manifestantes Rebecca Vincent, responsable de la campaña para la liberación del exhacker en nombre de la organización Reporteros Sin Fronteras.
“La publicación de los documentos clasificados de Wikileaks en 2010 generó por todo el mundo un periodismo en defensa del interés público. Sabemos que expuso crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos. Y solo ha sido procesado el hombre que permitió que todo eso fuera publicado. Si es extraditado a EE UU, se sentará un precedente muy peligroso para cualquier periodista u organización periodística que trabaje con información clasificada”, ha advertido Vincent.
«If he is extradited, the chilling impact will be enormous. It will impact media around the world and it will impact all of our right to know»@Rebecca_Vincent#FreeAssangeNOW pic.twitter.com/KyJpucGdPY
La decisión de dar luz verde a la extradición de Assange fue adoptada en 2022 por la entonces ministra británica del Interior, Priti Patel, una vez que el Tribunal Supremo dio por buenas las garantías ofrecidas por Washington sobre la seguridad del preso, y sobre las medidas que se adoptarían para impedir que pudiera acabar con su propia vida.
Pero la insistencia en perseguir al fundador de Wikileaks surgió del Gobierno de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos Barack Obama ya había conmutado la sentencia de la soldada Chelsea Manning, la principal fuente de los documentos secretos de la seguridad estadounidense que publicó el portal, y que sacaron a la luz graves episodios de guerra sucia en Irak o Afganistán.
“Todos aquellos que cometieron esos crímenes de guerra han quedado libres, e incluso se han beneficiado económicamente de esos crímenes. Y Julian, que lanzó la verdad a la cara del poder, debe enfrentarse a un juicio. Deberían ser juzgados el sistema británico, el Gobierno británico, el estadounidense, y todo un sistema profundamente corrupto”, ha asegurado Andrew Feinstein, exdiputado del sudafricano Congreso Nacional Africano, el partido de Nelson Mandela. Era uno más de los llegados de todo el mundo parar protestar ante el tribunal londinense.
Los dos magistrados podrían anunciar su decisión al final de la sesión del miércoles, aunque tarden luego varios días en publicar sus razonamientos. De ese modo, podrían contribuir a acelerar la entrega de Assange.
En el caso de fallar a favor del preso, darían luz verde a que la justicia británica debatiera de nuevo la legalidad o ilegalidad de la extradición. Queda la opción última, si fracasa el intento de los abogados del fundador de Wikileaks, de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Pero incluso si obtuvieran de esta institución una orden de suspensión de la entrega, está por ver cuál sería la reacción del Gobierno británico de Rishi Sunak.
Son precisamente esas órdenes del TEDH las que paralizaron los intentos de Londres de deportar a inmigrantes irregulares a Ruanda. Downing Street y el ala dura del Partido Conservador se han conjurado desde entonces a ignorar esos requerimientos, aunque suponga desobedecer la legalidad internacional.
