Según el IPC 2018 -el último que se conocerá durante la actual gestión- el país vuelve a estar este año en el puesto 85, al igual que en la medición del 2017, sobre un total de 180 países analizados. Como magro consuelo, obtuvo una muy leve mejoría en la calificación: 40 puntos en lugar de los 39 del último Índice, en una escala que va del 0 a los 100 puntos, donde 0 implica que un país es percibido con una corrupción elevada y 100, como un país muy transparente.
Con este puntaje, Argentina se mantiene nuevamente por debajo de la media global en materia de percepción de corrupción que es de 43 puntos –un puntaje de por sí pobre-, y se ubica entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos, de acuerdo al indicador que TI.
Comparte su posición con el país africano Benín -lugar de nacimiento de la religión vudú-, y está a solo un punto por debajo de los también africanos Burkina Faso y Ghana; de India; Kuwait; Turquía; y del caribeño Trinidad y Tobago. Inmediatamente debajo suyo, con 39 puntos, se ubican China y Serbia.
El ranking de transparencia lo lidera -nuevamente- Dinamarca con 88 puntos, seguida por Nueva Zelanda con 87 puntos. Comparten el tercer lugar Finlandia, Suecia, Suiza y Singapur, con 85. El top ten lo completan Noruega, Holanda, Canadá y Luxemburgo, todos con más de 80 puntos, el doble que Argentina.
En el otro extremo, los países percibidos como más corruptos son Siria y Sudán del Sur, ambos con 13, y en el último lugar de la lista se ubica Somalia, con solo 10 puntos sobre 100.
Si se analiza el IPC por regiones, Europa occidental es la que obtiene la mejor puntuación media (66 puntos), y África la peor (32 puntos), seguida muy de cerca por Europa oriental y Asia Central (35 puntos de media).
Según el análisis de Transparencia Internacional, desde 2012, solamente 20 países han registrado mejoras significativas en sus respectivas puntuaciones. La organización líder en la lucha contra la corrupción menciona entre ellos, los casos de Estonia y Costa de Marfil. «En otros 16 países, entre los que destacan Australia, Chile y Malta, las puntuaciones han empeorado de forma significativa», advirtió en un comunicado difundido hoy a nivel global. En el caso de Chile, pasó del puesto 20 en 2012 al 27 que obtuvo en la última medición.
«El IPC 2018 muestra un estancamiento de la lucha contra la corrupción en la mayoría de los países, y revela que la corrupción está contribuyendo a una crisis de la democracia a escala global», advirtió la organización que, desde octubre de 2017, es presidida por una argentina, la doctora en Derecho Delia Ferreira Rubio.
«Nuestra investigación establece un vínculo muy claro entre el hecho de contar con una democracia saludable y el éxito en la lucha contra la corrupción en el sector público. La corrupción tiene una probabilidad mucho mayor de surgir cuando la democracia se asienta sobre cimientos débiles y, como hemos visto en muchos países, cuando los políticos antidemocráticos y populistas tienen la oportunidad de utilizarla para su beneficio», sostuvo Ferreira Rubio, a su vez ex presidenta de Poder Ciudadano, capítulo argentino de TI.
El ranking regional
En América Latina, Argentina se ubica en tercer lugar, aunque lejos de los dos primeros. Se destaca en primer lugar Uruguay, que repite su perfomance de 2017: en el lugar 23 del ranking de transparencia, con 70 puntos.
El país oriental obtuvo apenas un punto menos que Estados Unidos, que perdió cuatro con respecto al índice del año pasado y alcanzó su nivel más bajo en el IPC de los últimos siete años. En el Índice 2018 es también la primera vez desde 2011 que el país del Norte salió del grupo de 20 líderes en el IPC. Según el análisis de TI, «este descenso se produce en un contexto en el que ve amenazado su sistema de controles y contrapesos, además de sufrir una erosión de las normas éticas en sus máximos niveles de poder».
El segundo mejor rankeado de Latinoamérica, pese que desde 2012 también descendió siete lugares, es Chile: con 67 puntos, ocupa el puesto 27.
Los peores en materia de transparencia de la región, son Bolivia y Paraguay, en el puesto 132, con solo 29 puntos ambos. Solo son superados por Venezuela, en el lugar 168 con apenas 18 puntos. Con Nicolás Maduro en medio de fuertes cuestionamientos a su nuevo mandato, este país es nuevamente el percibido como el más corrupto en la región.
Si bien Argentina con sus 40 puntos está lejos de Uruguay y Chile, supera, sin embargo, a Colombia, Perú y Brasil. El impacto de las revelaciones del Lava Jato tuvieron como consecuencia el descenso del principal socio principal del Mercosur en el ranking. En 2017 Brasil había obtenido 37 puntos, y este año 35, su puntuación más baja del IPC en siete años. Descendió así del puesto 96 al 105.
Sin embargo, la pregunta que surge – también respecto del caso de los cuadernos de las coimas en Argentina- es si cuando se descubren escándalos de corrupción, ¿el país pasa a ser considerado más o menos corrupto? ¿Hay una mayor percepción de la corrupción porque los casos salen a la luz? ¿O hay menos corrupción – y el país sale mejor rankeado en el IPC- porque los hechos llegan a la Justicia y se los empieza a castigar?
La respuesta a estas preguntas no están claras y tienen que ver con lo que algunos consideran la «debilidad» de este indicador de Transparencia Internacional, el más utilizado en todo el mundo para evaluar la corrupción en los distintos países.
De dónde surge el Índice de Corrupción
El Índice mide anualmente la percepción de la corrupción en relación a la conducta del sector público, o sea en el ámbito político y administrativo. Desde la existencia de sobornos y el desvío de fondos públicos, hasta el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, pasando por las leyes anticorrupción, los mecanismos para obtener contratos de obra pública y la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios.
Lo hace desde 1995 en base a un promedio de 13 encuestas a expertos, ejecutivos de empresas realizadas en una cantidad de países que varía entre 170 y 180, según el año (el número total depende de la existencia de datos disponibles suficientes a analizar). No recoge percepciones o experiencias ciudadanas de corrupción, situaciones de fraude fiscal, flujos financieros ilícitos o de lavado de dinero, ni corrupción en el sector privado.
Las fuentes de información utilizadas para el IPC 2018 se basan en datos publicados en los dos años anteriores, que en el caso de Argentina, abarca a la gestión completa de Cambiemos. Por ello, la medición no recoge de lleno el impacto – para bien o para mal, según afecte la percepción de los encuestados – de la salida a la luz en agosto último de los cuadernos de las coimas que revelaron el circuito de recaudación ilegal con la obra pública durante el kirchnerismo.
La evolución histórica de Argentina
Si se analiza el desempeño histórico de nuestro país en esta medición desde 2012, Argentina fue mejorando en el ranking, especialmente en 2016, cuando ascendió del puesto 107 al 95. Ese año, pasó de los 32 puntos que había obtenido el último año de la gestión de Cristina Kirchner – el más bajo de la serie- a un puntaje de 36.
En 2017 -el segundo año de Cambiemos- nuestro país escaló otros 10 lugares, y se ubicó en el 85, el mismo que en el IPC que se conoció hoy. El propio Macri se vanaglorió de ese resultado en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del año pasado, cuando resaltó que el país pasó en el Índice Transparencia Internacional «del puesto 106 al 85 en dos años. Es la primera vez que Argentina mejora 21 posiciones en dos años». En realidad, cometió un ligero error: en 2015, el país estuvo en el puesto 107 del IPC, no en el 106. Por otro lado, el cambio de metodología en la medición del IPC en 2012 impide comparar más atrás de ese año.
Las deudas pendientes
Según Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, el -muy- pequeño avance de Argentina al pasar de un puntaje de 39 a 40, en el último año, «se puede llegar a explicar a partir de ciertas normativas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que se sancionaron en esta gestión, como la ley de Acceso a la Información Pública, la ley del arrepentido y su aplicación en el caso de los cuadernos, o la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, entre otras».
Sin embargo, advirtió que el país «no va a superar el promedio del IPC hasta que no se implementen reformas en todos los sectores del Estado, y se genere un engranaje aceitado contra la corrupción». Además de destacar «la necesidad de una reforma de un sistema de Justicia donde prima la lentitud y la impunidad como común denominador», enumeró las que considera las «deudas» de este gobierno: «Una nueva ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública que controle eficazmente el conflicto de interés, que es el espacio donde más dudas acumula; redefinir el rol de la Oficina Anticorrupción y su independencia; una nueva ley de Compras y Contrataciones que incorpore estándares de integridad y transparencia. Y principalmente, reducir la brecha entre las normas y las prácticas».
En materia de Acceso a la Información, Secchi sostuvo ante Infobae que «si bien se avanzó con una normativa moderna y se creó una Agencia encargada de supervisar su cumplimiento que realiza un excelente trabajo, el gobierno nacional pone aún trabas para acceder a información que considera «sensible» según sus intereses».
En este sentido, Ferreira Rubio advirtió por su parte que «en la lucha contra la corrupción las leyes son necesarias, pero no suficientes. El Congreso ha aprobado algunas leyes importantes, pero de poco sirve si los funcionarios siguen actuando como si la información fuera su propiedad privada. La distancia entre las declaraciones y los mensajes en redes sociales, y la conducta gubernamental explica que Argentina siga en la zona roja del Índice que mide como es percibido el sector público nacional».
Índice de corrupción y democracia
En el comunicado difundido a nivel global por TI -en la madrugada de Argentina- para dar a conoce del nuevo IPC, la directora ejecutiva de TI, Patricia Moreira, sostuvo que «con tantas instituciones democráticas amenazadas en todo el mundo –a menudo por líderes con tendencias autoritarias o populistas– es necesario seguir trabajando para fortalecer los mecanismos de control y equilibrio y proteger los derechos de los ciudadanos. La corrupción socava la democracia y genera un círculo vicioso que provoca el deterioro de las instituciones democráticas, que progresivamente van perdiendo su capacidad de controlar la corrupción».
En este sentido, el análisis cruzado que realizó TI del Índice con los datos relativos a la democracia revela «una relación directa entre la corrupción y la salud democrática global. Las democracias caracterizadas como «plenas» obtienen en promedio 75 puntos en el IPC; las etiquetadas como «débiles» una media de 49 puntos; los denominados «regímenes híbridos» (que presentan elementos propios de los sistemas autocráticos), 35 puntos de media; y los regímenes autocráticos son los que obtienen peores resultados, con 30 puntos de media». Nuestro país se ubica así por su puntaje en el Índice 2018 – según este análisis de TI-, entre los países con una democracia «débil» y los que tienen un gobierno con características autocráticas.
ALD/Infobae
