En Michoacán se libra una batalla que trasciende las fronteras de lo agrícola para adentrarse en las sombras del crimen organizado. El «oro verde», como se le conoce popularmente al aguacate por su lucrativo mercado, enfrenta hoy una paradoja que desafía la conciencia nacional y global: su floreciente éxito económico viene manchado por la violencia y la coerción.
El informe «Violento y Vibrante: El auge del aguacate en México y el crimen organizado», publicado hace unas semanas por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, analiza minuciosamente la intrincada relación entre la expansión de la industria del aguacate y las actividades del crimen organizado. Este documento no sólo ilumina con cifras y datos, sino que también narra las historias humanas detrás de esta compleja trama.
Michoacán, la capital mundial del aguacate, se encuentra en el ojo del huracán, donde la demanda insaciable de mercados como Estados Unidos y la Unión Europea ha llevado a una expansión sin precedentes de la industria. Sin embargo, esta demanda por el aguacate ha venido acompañada de deforestación, pérdida de biodiversidad y, lo más alarmante, una escalada en la violencia e inseguridad alimentada por el crimen organizado.
Estos problemas no son meros subproductos de un sistema de libre mercado, sino indicadores de una profunda crisis social y ambiental que requiere una respuesta multidimensional. La involucración del crimen organizado en la industria aguacatera no es un secreto; las tácticas de extorsión, el control territorial mediante la violencia y el lavado de dinero son realidades que afectan la vida de productores y comunidades.
El informe critica la forma en que los acuerdos de libre comercio han priorizado la expansión económica sobre las condiciones de producción sostenible, los derechos humanos y la protección ambiental y señala que es necesario incorporar estos aspectos esenciales en los nuevos acuerdos comerciales. El oro verde, símbolo de prosperidad para algunos, es también fuente de desesperación y miedo para otros.
La solución no radica en el abandono de la industria, sino en su transformación hacia prácticas más justas y sostenibles. Es imperativo un enfoque integral que considere los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la lucha contra el crimen organizado como ejes centrales de la política agroindustrial y de comercio exterior.
Hasta ahora ni los gobiernos federales del PRI, PAN y Morena, ni los estatales del PRI, PRD y Morena parecen haber querido, podido o sabido hacer algo para eliminar a la delincuencia organizada de esta próspera, creciente y redituable industria. Más bien parecen haberse coludido con los delincuentes, como lo asegura el informe.
La historia del aguacate mexicano está en un punto de inflexión; es momento en que las dos candidatas presidenciales digan que van a hacer al respecto: dejar que continúe su camino ensombrecido por la violencia y la explotación, o, por el contrario, escribir un nuevo capítulo donde el desarrollo económico y la sostenibilidad convivan en armonía. La respuesta a esta encrucijada definirá no solo el futuro de Michoacán, sino también el rostro que México desea mostrar al mundo.
