El crimen transnacional en Latinoamérica atraviesa una fase de transformación histórica, con características que constituyen amenazas existenciales para países que, durante muchos años, han subvalorado sistemáticamente el potencial destructivo del fenómeno.
Los eventos criminales registrados recientemente en Ecuador demuestran la capacidad de grupos criminales, previamente desconocidos, para dominar territorios y desafiar al Estado en un corto plazo. Este fenómeno es una clara manifestación de la consolidación de la tercera gran ola de crimen transnacional que está reconfigurando el escenario de las mafias y sus interacciones con los gobiernos.
Estas acciones, sumadas a las masacres que quedan impunes en México, los pactos criminales con pandillas en Centroamérica, el creciente y disparado auge de narcotráfico en Colombia, la libertad de acción y despliegue de las disidencias de las FARC en Venezuela, las tasas de homicidio que se dispararon en Argentina, Chile, Costa Rica y Paraguay, así como la presencia operacional de nuevos criminales extrarregionales como la ‘Ndrangheta italiana, evidencian la incapacidad del Estado para enfrentar una criminalidad que no solo controla territorios, sino que pone en riesgo la seguridad de las personas y la estabilidad de las instituciones.
Caudillismo y militarización de la seguridad
Estas nuevas realidades se entrelazan con el creciente fenómeno de los estados criminalizados, agnósticos ideológicamente, lo que abre una nueva etapa de caudillismo en el que los nuevos gobiernos autoritarios y el crimen transnacional son capaces de tejer relaciones de codependencia que resultan fatales para la democracia, como así también la consolidación de “mafias estatales”.
El socialismo del siglo XXI se ha desvanecido hasta convertirse en una consigna vacía de significado, igual que los fanáticos del Bitcoin y del mercado sin control, que muchas veces utilizan los mismos fixers o facilitadoras criminales para armar sus negocios ilícitos, especialmente, el lavado de activos.
En varios países de Latinoamérica, la respuesta a fenómenos criminales violentos y sorpresivos ha consistido frecuentemente en medidas reaccionarias y poco analizadas, como la movilización de tropas militares para tareas de seguridad urbana.
Aunque varía ampliamente en su implementación y efectividad a lo largo del continente debido a factores locales específicos, esta estrategia tiende a perder su efecto disuasivo inicial, lo que ha llevado a una normalización de tales medidas y, en casos más graves, a la violación de derechos humanos o a la corrupción generada por el crimen organizado.
Un enfoque previo que podría ofrecer resultados más prometedores involucra la creación de fuerzas de tareas conjuntas integradas por diversas agencias estatales y de servicios (por ejemplo, los servicios penitenciarios, agencias de impuestos internos y de aduanas), como un modo de aprovechar la capacidad de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
En esta compleja reconfiguración social, lo que queda dolorosamente claro es que la población civil, como siempre, estará atrapada en medio de este conflicto, vulnerable e intimidada. Y como escribió Maquiavelo, “quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas”.
De la “guerra contra las drogas” a las nuevas alianzas delictivas
A cincuenta años de la fracasada “guerra contra las drogas” encabezada por EE. UU., ha quedado como legado una región devastada por la violencia, la corrupción masiva y un tejido social en ruinas. Y vamos de mal en peor. América Latina se ha convertido en un verdadero Silicon Valley del crimen transnacional, donde las startups criminales encuentran en la fragilidad institucional la oportunidad de surgir, especializarse y expandirse. La lucha real contra estos nuevos elementos será larga, incierta y, en algunos casos, parece ya estar perdida a corto plazo.
América Latina vivió la primera etapa de los grandes carteles enfrentados al Estado, personificado en Pablo Escobar y el Cartel de Medellín. En la segunda etapa, el Cartel de Cali, en alianza con carteles mexicanos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encarnó otro modelo, que consistió en la compra de partes del Estado, el perfeccionando de modos de corrupción y nuevas redes de distribución de la droga, con nuevas y más sofisticadas métodos de lavado del dinero.
La tercera ola de hoy en día presenta nuevas características, con Estados criminalizados que utilizan alianzas con grupos de crimen transnacional como política de estado. Los ejemplos más visibles son Venezuela, Nicaragua, Bolivia y El Salvador; la presencia en tierra y con control territorial de grupos extrarregionales y sus alianzas transaccionales con organizaciones regionales; el enfoque en control territorial; el objetivo de tomar control político formal; la diversificación de productos, de cocaína a drogas sintéticas, oro ilícito, migración irregular, entre otros; y un enfoque en el control del sistema carcelario donde sea necesario; el agnosticismo ideológico que permite la consolidación y diversificación de grupos en alianzas específicas y no de larga duración.
En Ecuador, la permisividad de Rafael Correa con las FARC durante su decenio en el poder (2007-2017) abrió las puertas a una migración sin control, donde entraron muchos de los elementos visibles hoy en día. Actualmente, la ‘Ndrangheta italiana está operando como eje central de múltiples actividades ilícitas a la vez; mafias albanesas están abriendo nuevos mercados para la cocaína y los precursores para drogas sintéticas; y grupos rusos profundizan sus redes de lavado de activos y crimen cibernético. Por su parte, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México sigue siendo el grupo criminal dominante, incluso, en América del Sur.
La transnacionalización de los grupos narcocriminales
Las actuales olas de migración irregular son una continuación de este fenómeno, impulsadas por los regímenes de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, que entienden la migración masiva –que huye del hambre y la represión– no solo como válvula de escape para las presiones sociales internas, sino también como arma asimétrica desestabilizadora, además de haberse convertido en un lucrativo mercado de ingreso de divisas de los migrantes a sus familias, donde toda sanción internacional parece ser ineficiente.
En otros sectores vemos la transnacionalización de grupos pandilleros como el Primeiro Comando da Capital (PCC) de Brasil y la Mara Salvatrucha (MS-13) en Centroamérica, que han mutado hasta convertirse en actores principales en las esferas del crimen transnacional. El Tren de Aragua, nacido en Venezuela, pero que ha extendido su control territorial hasta Chile, Perú y Ecuador, sirve de modelo para otros grupos más focalizados en la actualidad.
Utilizando la corrupción y el control territorial como partes funcionales de su estrategia, las estructuras criminales de esta “tercera ola” no solo buscan corromper a un juez, comprar a un policía o meter dinero ilícito en el sistema financiero, sino que están apuntando a apoderarse del aparato estatal. Con las cárceles funcionando como sus centros de comando y control, el esfuerzo para combatir la criminalidad resultará insuficiente sin un fortalecimiento significativo de las fuerzas penitenciarias.
Esto requiere equiparlas con herramientas y facultades comparables a las policías, lo que incluye la modernización, su profesionalización mediante inteligencia avanzada, una integración y capacitación ampliadas, la colaboración internacional, la implementación de mecanismos de control interno robustos y el desarrollo de una infraestructura que prevenga eficazmente la infiltración criminal.
Como toda empresa exitosa, muchos grupos criminales ahora buscan la expansión con franquicias criminales, la aparición de imitadores peligrosos y el aumento de organizaciones locales que adoptan estas marcas para eludir el largo proceso de desarrollo y adquisición de experiencia.
¿Cómo hacer frente a esta nueva ola narcocriminal?
Ante estos nuevos fenómenos, ni los Estados ni los ciudadanos se encuentran indefensos, aún es posible cultivar la resiliencia necesaria para enfrentarlos. El primer paso es reconocer la magnitud del momento que vivimos y exigir a los líderes políticos que fortalezcan la transparencia judicial y cierren las brechas en los sistemas democráticos que permitan la expansión de esta ola, no como un tema partidario o de ganancia política, sino como un asunto de estado que involucra la supervivencia de la democracia y del Estado derecho.
En Chile, la Universidad San Sebastián convocó recientemente a una conferencia extraordinaria sobre el tema, de la que no solo participaron legisladores de un amplio espectro político, sino también fiscales, grupos de derechos humanos, académicos, la policía y las misiones diplomáticas para definir puntos de encuentro y avanzar en una agenda conjunta, sin recriminaciones ideológicas y con un gran respeto mutuo. Es un modelo que debe ser replicado en todo el continente y a nivel internacional.
Otra alternativa efectiva ha sido la creación y el robustecimiento de observatorios ciudadanos enfocados en la corrupción, el gasto público, la criminalidad organizada y la transparencia judicial. La eficacia de estos grupos se refleja en que, frecuentemente, son los primeros objetivos de ataque de gobiernos que se han coludido con el crimen, como lo hemos visto de manera sistemática en Nicaragua, Venezuela, El Salvador y de manera creciente en Honduras, Perú y Paraguay. Y otros países están en riesgo.
Otra herramienta es la cooperación internacional entre aliados democráticos que todavía no han caído, como Chile, Uruguay, Costa Rica, y con Ecuador y Guatemala en procesos de recuperación. Las redes criminales no conocen fronteras, y la única alternativa para los países democráticos es crear redes eficaces para combatirlas.
Finalmente, la defensa más robusta frente al crimen organizado trasciende las intervenciones políticas, judiciales y de seguridad pública y radica en la solidez de sociedades bien informadas y resilientes. Para eso, se necesitan gobernantes de todas las banderas políticas democráticas que estén dispuestos a enfrentar las nuevas realidades con creatividad, respeto a los derechos humanos, modernización de las herramientas del Estado, una voluntad política inquebrantable y valentía para comenzar la larga batalla de recuperación de la democracia.
Juntos, los gobernantes de América Latina tendrán que enfrentar no solamente grupos de crimen transnacional, violentos, bien armados y ambiciosos por consolidar su impunidad. También tendrán que enfrentarse a un grupo de Estados cómplices que han potenciado este modelo criminal, con una visión clara y unificada de los valores patrios.
