En un movimiento sin precedentes, la Unión Europea se ha posicionado para prohibir las transacciones con criptomonedas que involucren carteras no custodias sin verificar, las cuales superen los 3.000 euros en transacciones comerciales o 10.000 euros en transacciones de negocios, como parte de una directiva más amplia contra el lavado de dinero.
Esta decisión, aprobada por la mayoría de la comisión principal del Parlamento Europeo el 19 de marzo de 2024, marca un punto de inflexión y una postura unificada contra las transacciones anónimas y una nueva medida para intentar acotar la creciente adopción y popularidad de los criptoactivos en la zona euro. Aunque el foco de la medida se centre a los prestadores de servicios de criptomonedas, y no abarque directamente al grueso de los usuarios y los pagos entre estos, sí muestra las intenciones de la UE para reducir progresivamente la privacidad vinculada al entorno cripto.
Foco sobre las billeteras anónimas
La nueva regulación apunta específicamente a las transacciones a través de carteras de autocustodia que no hayan superado medidas de identificación de usuario o KYC, incluidas las facilitadas por aplicaciones móviles, de escritorio o de navegador web.
Básicamente, esto incluye a todas las billeteras en las que el usuario dispone de la custodia de sus fondos, y no los tiene depositados en un prestador de servicios, como un exchange. El objetivo principal de esta medida es abordar el vacío legal que permite el movimiento anónimo de fondos, el cual a menudo se explota, según los impulsores de la medida, para actividades ilícitas.
Su plena implementación está programada para los próximos tres años, aunque se prevé que la legislación se adopte más rápido a medida que otras regulaciones como el Reglamento de Mercados de Activos Cripto (MiCA) vayan entrando en vigor. De hecho, se espera que estas regulaciones más estrictas traigan cambios significativos al mercado de las criptomonedas, introduciendo normas específicas sobre transacciones en efectivo y criptomonedas anónimas dentro de la UE.
Se suprime la limitación de 1.000 euros
Pese a los citados límites de 3.000 y 10.000 euros, la UE ha eliminado una propuesta anterior que habría limitado incluso los pagos desde carteras de criptomonedas autocustodiadas a 1.000 euros como parte de estas nuevas leyes contra el lavado de dinero.
En cualquier caso, a pesar de esta eliminación del límite de 1.000 euros, los intercambios de criptomonedas, llamados exchanges o proveedores de servicios de activos cripto (CASPs) en la UE, deberán realizar una «debida diligencia al cliente» —verificaciones de identidad— a los usuarios que realicen transacciones comerciales de al menos 1.000 euros.
Más allá de esta medida, la UE está trabajando el Reglamento MiCA junto a otras leyes para cementar las prohibiciones existentes a los CASPs de proporcionar cuentas a usuarios anónimos, y por ello multitud de exchanges ya se han registrado en Europa para prestar servicios alineados con el regulador.
Aun así, sigue quedando un grupo amplio de proveedores que operan en Europa permitiendo a sus usuarios hacerlo sin registrarse, además de contar con las billeteras de auto custodia o criptomonedas de privacidad como Monero, que ocultan información sobre las transacciones, y están en el punto de mira de la UE.
Aumenta el debate sobre la privacidad
Este debate en torno a las nuevas regulaciones antilavado de dinero de la UE pone de relieve la tensión permanente entre la lucha contra los delitos financieros y la preservación de los derechos de privacidad y libertad económica de los ciudadanos, algo expresamente buscado por el entorno criptográfico y las finanzas descentralizadas.
No han sido pocas las reacciones que estos días se están generando dentro y fuera de la industria. Entre los críticos, como Patrick Breyer, miembro del Parlamento Europeo por el Partido Pirata Alemán, ven estas regulaciones como una amenaza significativa para los derechos fundamentales de las personas y su libertad para disponer y custodiar dinero. Por otro lado, otros como Patrick Hansen, director de estrategia en Europa para la firma del sector Circle, creen que estas normas se alinean en gran medida con las prácticas existentes y que algunas preocupaciones pueden estar exageradas.
A medida que entren en vigor estas regulaciones, se verá su impacto en la lucha contra el lavado de dinero y los derechos de los ciudadanos de la UE, y si el argumento supone una razón de peso para la aplicación de las medidas.
En cualquier caso está claro que las nuevas regulaciones son una vuelta de tuerca para el mercado y avivan el debate sobre cómo y cuándo exigir que las billeteras deban superar la identificación de usuario para impedir su vinculación a actividades ilícitas. De momento, utilizar billeteras sin identificación de usuario y mover fondos entre estas sigue siendo una actividad lícita y legal en la UE.
Queda por ver cómo evoluciona la postura del Parlamento a medida que avanza el euro digital, que pretende ser la alternativa cripto de la UE y pretende, desde su propio diseño y concepción, y en palabras de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, terminar con la privacidad del dinero en efectivo.
