Hasta hace poco más de una década la única violencia que se conocía en Sudamérica era aquella propiciada por las guerrillas izquierdistas colombianas y los paramilitares derechistas, con la intervención de los narcotraficantes -sitos en ese mismo país- que procuraban utilizar a ambos sectores para conveniencia de sus fines principales, como, por ejemplo, inundar América del Norte y Europa con sus ‘productos’.
Antes de ello, varias naciones sudamericanas habían vivido los años de la lucha política en medio de la ‘guerra fría’ Este-Oeste, y la brutalidad sanguinaria de las dictaduras militares en Brasil Uruguay, Argentina y Chile, subyugaban a sus respectivos pueblos con el inaceptable pretexto de la “defensa de la democracia” (una democracia esculpida a gusto de los dictadores), y “la mejoría de la economía”…pero, terminada la época dictatorial, la delincuencia misma (asaltos a personas, robos de piezas automotrices, asaltos a locales comerciales, etc.) se encontraba presente en tono bastante menor si se compara con la realidad actual.
Hoy la situación es completamente distinta en países como Argentina, Ecuador, Perú y Chile.
En Ecuador, el número de muertes violentas llegó a 8.008 en 2023, según el Gobierno, casi el doble que en 2022. La violencia saltó al terreno político el año pasado, cuando fue asesinado un candidato presidencial en cuyo discurso destacaba su promesa de luchar frontalmente contra el narcotráfico y la delincuencia. Y ahora, en marzo 2024, ha sido asesinada Brigitte García, de 27 años de edad, la alcaldesa más joven de ese país.
El crimen de Brigitte García ocurrió dos meses después del asesinato a tiros de Diana Carnero, concejal del municipio costero de Naranjal, en la provincia de Guayas, ocurrido el pasado 7 de febrero. Carnero, de 29 años, fue acribillada por sicarios en plena vía pública en Naranjal, un municipio cercano a la ciudad portuaria de Guayaquil.
Y en enero pasado, el fiscal César Suárez, quien llevaba el caso de terrorismo tras el asalto a un canal de televisión, fue asesinado por un grupo de sicarios que lo acribilló en el interior de su vehículo en una avenida de la ciudad de Guayaquil.
En la ciudad de Rosario, Argentina, la situación marcha peor, de acuerdo a lo informado por el medio de prensa uruguayo <ladiaria.com.uy>;
<< Cuatro crímenes a sangre fría perpetrados durante la última semana en Rosario presuntamente por integrantes de las organizaciones de narcotraficantes, que tienen un enorme poder en la ciudad, conmovieron a la población y generaron prácticamente un paro de actividades de hecho, que forzó al gobierno de Javier Milei a tomar medidas.
<<Luego de la escalada de violencia que se saldó con el asesinato de dos taxistas, un conductor de ómnibus y un trabajador de una estación de servicio, este lunes, al igual que había pasado el viernes, Rosario amaneció casi paralizada por completo, sin clases ni servicios de transporte y con los comercios en su gran mayoría cerrados.
<<Fue en este contexto que llegaron a la ciudad santafesina la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, quienes brindaron una conferencia de prensa acompañados por el gobernador provincial, Maximiliano Pullaro, y el intendente rosarino, Pablo Javkin.
“Hoy ya estamos hablando de narcoterrorismo”, expresó Bullrich al presentar el plan del comité de crisis creado para combatir la violencia generalizada en la ciudad.
Por su parte, Petri, de acuerdo a lo que consignó el portal Infobae, puntualizó que en las próximas horas llegarán a Rosario las Fuerzas Armadas para ser el sostén logístico y táctico de las fuerzas federales que ya están trabajando en la ciudad.
<<Bullrich detalló que, como parte del plan del gobierno para controlar la violencia en la ciudad, “se le pedirá a la Justicia la utilización de la ley antiterrorista, para que toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población tenga doble pena”>>.
EL CASO CHILE
Las policías chilenas, así como la prensa y la misma Justicia, señalan que en el país están operando, a lo menos, ocho bandas delictuales de carácter internacional. Ellas son:
“Tren de Aragua” (Venezuela), “Los Pulpos” (Perú), “Espartanos” (Colombia), “Nueva Generación” (Perú), “Del Callao” (Perú), “Los Melean” (Venezuela), “Los Orientales” (Venezuela), “Los Valencianos” (Venezuela), “Primer Comando de la Capital” (Brasil), Bang de Fujian (China)
Este registro, además, señala cuáles son los ilícitos que más cometen estos grupos delictuales: el “Tren de Aragua”, por ejemplo, se dedica al secuestro, homicidios, tráfico de drogas, tráfico de migrantes, trata de personas y robos.
Una de las regiones chilenas más golpeadas es la de Tarapacá, donde la criminalidad aumentó de forma muy violenta con la llegada de sicarios y narcos colombianos, y con ellos se produjeron los primeros homicidios por encargo o ajuste de cuentas, todo con un grado de violencia inusitado para el país andino.
Además, en Iquique y Alto Hospicio -dos comunas de esa región tarapaqueña- la tasa de homicidios ha llegado a 14 por cada 100.000 habitantes, lejos del promedio nacional, que raramente superaba los 4 por cada 100.000.
El ingreso indiscriminado de bandas delictuales en Chile se debe, sin temor a equivocarse, al descontrol fronterizo: el Estado -hasta ahora- ha sido incapaz de saber quién entra o sale de su territorio por la porosidad de la frontera, un escenario propicio para estos delincuentes.
El relato de algunas autoridades está plagado de tragedias: desde escuchas telefónicas donde delincuentes colombianos hablan de «picar» cadáveres, hasta el ingreso de ketamina, una droga que es traficada principalmente por narcos y sicarios venezolanos, pasando por préstamos con altos intereses que agobian a pequeños comerciantes, los que finalmente huyen de la región ante la presión de los grupos organizados extranjeros.
Por ello, entre la ciudadanía se ha extendido un profundo malestar, desatándose algo que es usual en estas circunstancias: una cierta animadversión hacia inmigrantes de determinada procedencia, particularmente colombianos y venezolanos, quienes, además, se balacean en las calles de Santiago, Valparaíso y algunas del norte chileno, ajustando sus cuentas delictuales que arrastran desde sus lugares de origen. El caso del asesinato del exmilitar venezolano Rolando Ojeda, es suficiente ejemplo de lo mencionado en estas líneas.
El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, dice que este es un tema muy sensible, al punto que antes los chilenos sólo decían ‘criminalidad extranjera’, pero con la llegada del Tren de Aragua, que es venezolano, eso cambió. Ese grupo, muy violento, se encuentra en gran parte de América.
«Acá tenemos detenido a un sicario de 21 años, al que le dicen ‘Satanás’, que tiene homicidios en Perú y otras partes del continente. Además, realmente no sabemos cómo se llaman muchas de estas personas, porque son indocumentados o andan con documentos falsos>>, agrega el fiscal Arancibia.
