La Policía Nacional capturó a cuatro individuos presuntamente vinculados a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como el Clan del Golfo. Estos individuos enfrentan cargos relacionados con una amplia gama de actividades criminales, que incluyen extorsión a comerciantes, homicidios, tráfico de drogas y desplazamiento forzado.
En el marco de esta operación, se destaca la captura de Julio Cesar Sáleme Narváez, quien se presume ser el líder del Componente Criminal Focalizado de la Subestructura Javier Yepes Cantero.
Sáleme Narváez, con una trayectoria delictiva de 18 años, habría asumido el cargo de líder en enero de 2023. Bajo su mando, supervisaba a 158 individuos armados y era el responsable de actividades como el tráfico de drogas, el cobro de extorsiones y homicidios, según el general José Luis Ramírez Hinestroza, director de Investigación Criminal e Interpol, citado por la Revista Semana.
Otra captura significativa en esta operación es la de Omar Gregorio Pérez, conocido como Kiko, quien presuntamente ocupaba el cargo de líder de zona en Ciénaga de Oro y el municipio de Cerete. Pérez tiene un historial criminal que abarca 20 años.
Su involucramiento en actividades criminales comenzó en 2003 como miembro del Bloque Mineros de las extintas AUC. Para el año 2023, se le designó líder de zona en el municipio de Ciénaga de Oro. Pérez es sospechoso de estar implicado en homicidios y el cobro de extorsiones en la zona que supervisaba, y tenía bajo su mando a 20 individuos armados, según informó el general Luis Ramírez.
Le quitaron al Clan del Golfo bienes avaluados en más de $25.000 millones
Las autoridades lograron la incautación de 51 bienes de propiedad de los cabecillas del clan del Golfo Francisco José Morelo Peñata, alias Negro Sarley, y Fernando Oquendo Estrada, alias Ramiro.
Durante el desarrollo de la estrategia ‘Argenta’, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio ocupó 34 inmuebles entre rurales y urbanos, 14 motocicletas y tres establecimientos de comercio.
Los predios cobijados con medidas cautelares están ubicados en Medellín, Barbosa, Arboletes, Turbo, San Pedro De Urabá (Antioquia) y San José del Guaviare (Guaviare).
De esta manera, las autoridades señalaron que las propiedas que fueron afectadas se entregaron a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que se encarga de gestionar los bienes incautados a los criminales en todo el territorio nacional.
La investigación estuvo liderada por la Fiscalía en conjunto con la colaboración de la Dijin de la Policía Nacional, que permitió recaudar suficientes material de prueba para considerar que los bienes afectados con las medidas cautelares al parecer estarían vinculados con alguna causal de extinción de dominio, pues habrían sido adquiridos con dineros producto de las diferentes actividades ilícitas.
Finalmente, las autoridades aseguraron que Fernando Oquendo Estrada, alias Ramiro Bigotes, presunto jefe financiero de la red delincuencial; y quien fuera uno de los hombres de confianza del hoy extraditado Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel; también habría hecho parte de esta organización.
