Fiscalía citará a dirigentes del fútbol por caso de ‘narco’ Marset

Cinco personas serán citadas a declarar como testigos en el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien en Bolivia estuvo vinculado a diversidad de actividades, entre ellas el fútbol.

El fiscal de sustancias controladas, Julio César Porras, informó que se trata de funcionarios, particulares y dirigentes del fútbol cruceño, sin dar mayores detalles.

“Hay personas de las que no sabíamos de su existencia, (pero ahora) van a ser citados, son algo de cinco personas”, explicó.

Entre los citados están “funcionarios, particulares y dirigentes” del futbol cruceño. Tampoco fue descartada una nueva convocatoria a declarar al presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF).

El jueves 28 de marzo, el presidente del club Sport Boys de Warnes, Víctor Hugo Pérez, denunció a dirigentes de la ACF por presuntamente haber recibido 300.000 dólares del narcotraficante uruguayo Marset.

En aquella oportunidad, Pérez acusó a la dirigencia de la ACF, que preside Noel Montaño. “Vengo a denunciarlos por agarrar plata de gente que no tenían que agarrar. Unos 300 mil (dólares) por lo menos han agarrado”, denunció.

ANTECEDENTES  Sebastián Enrique Marset Cabrera es considerado por muchos países como uno de los narcotraficantes uruguayos más poderosos en Sudamérica. Pasó del narcomenudeo a alcanzar el estatus de un “capo” sin precedentes en la región. A sus 32 años se ubica entre los “peces gordos” más jóvenes de la zona. El hombre, conocido como el “Rey del Sur”, demostró gran astucia al tejer una red para el traslado de cargamentos de droga a través de Paraguay, Argentina, Uruguay y Bolivia, con destinos finales en Europa y África.

En Bolivia, Marset se instaló junto a su esposa, hijos y otros familiares, todos ellos habían cambiado sus identidades. Se estima que al menos 13 personas cercanas a él se encontraban en territorio boliviano, incluyendo su hermano y cuñados. Vivían rodeados de lujos y también se les vinculó con la organización de conciertos y el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a través de la “venta simulada” de inmuebles.

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