Tradicionalmente, se asocia la palabra cartel a organizaciones delictivas que trafican con armas o drogas. Si solo fuera eso. México ha diversificado el concepto hasta extremos insospechados de la mano de la corrupción. Los carteles pueden tener ahora muchos nombres y apellidos.
El cartel inmobiliario, nombre con el que la Fiscalía de Ciudad de México se refiere a la investigación en curso sobre un grupo de exfuncionarios públicos de la alcaldía Benito Juárez implicados en casos de corrupción urbanística, fue uno de los principales reclamos en el primer debate electoral por la capital.
La candidata oficialista y puntera en las encuestas, Clara Brugada, utilizó la trama de corrupción para atacar al opositor y segundo lugar en la preferencia de voto, Santiago Taboada, alcalde con licencia de la Benito Juárez.
De acuerdo con la Fiscalía, el cartel inmobiliario opera desde hace más de 15 años a través de una red de políticos, en su mayoría del Partido Acción Nacional, que gobierna la alcaldía Benito Juárez de forma ininterrumpida desde el año 2000.
La red de corrupción favorece con permisos y autorizaciones a empresas constructoras e inmobiliarias para quebrantar la ley de ordenamiento territorial de la Ciudad, permitiéndoles levantar pisos en exceso a cambio de sobornos, que comúnmente se otorgan en forma de departamentos para los funcionarios dentro de los mismos complejos habitacionales.
La primera pista para dar con la trama de corrupción sucedió el 16 de agosto de 2021, cuando la explosión de una lavadora en la colonia Del Valle, en el corazón de la alcaldía Benito Juárez, provocó la destrucción de la fachada de un edificio de departamentos de reciente construcción.
Las primeras indagatorias apuntaron a una mala instalación del electrodoméstico, que provocó una fuga de gas y la posterior explosión. Tras tomar las denuncias de los afectados, que coincidían en las deficiencias en la construcción del edificio habitacional, la Fiscalía de Ciudad de México comenzó una investigación a la empresa constructora y solicitó el nombre de los dueños de los departamentos.
En la relación apareció como poseedor de dos departamentos no declarados Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras de la alcaldía Benito Juárez, que para entonces ya era investigado por el Ministerio Público.
En septiembre de 2022, una investigación de este diario reveló que la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de Ciudad de México (PAOT), el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de las normas de construcción en la capital, alertó desde 2014 al entonces alcalde de Benito Juárez, Jorge Romero, sobre una serie de irregularidades en al menos siete construcciones de la alcaldía.
La PAOT pidió a Romero tomar medidas, como sancionar a las empresas constructoras y en los casos más drásticos, demoler los pisos extras, construidos al margen de la ley. No obstante, la alcaldía mantuvo intactas todas las propiedades.
Hasta abril de 2024, más de 130 edificios forman parte de la investigación, que ha procesado al menos a 15 funcionarios públicos, incluyendo el exalcalde Christian von Roehrich y Nicias Aridjis Vázquez, exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de Benito Juárez.
