En 2022, la tasa de deforestación consolidada en la Amazonía, emitida por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), reveló que se deforestaron 11.594 km² en la región, representando una reducción de poco más del 11% en comparación con 2021.
Gran parte de esta deforestación es el resultado de actividades ilegales alimentadas por complejas cadenas criminales nacionales y transnacionales, que involucran diferentes sectores económicos, desde la explotación de madera hasta la minería, pasando por la especulación de tierras y los delitos ambientales, como la ganadería con prácticas ilícitas en su cadena de producción.
Es importante señalar que incluso las empresas integradas en los mercados formales no están exentas de estas actividades ilícitas, ya que las economías ilegales en la Amazonía operan a través de una compleja red de actores, abarcando problemas ambientales y no ambientales como corrupción, fraude, lavado de dinero, delitos violentos y tráfico de diversos tipos.
En este contexto, el delito ambiental está invariablemente motivado por la ganancia financiera para sus perpetradores. Específicamente, los delitos económicos posibilitan estos delitos ambientales y permiten la obtención efectiva de beneficios. El Instituto Igarapé se ha dedicado a estudiar la compleja interacción entre los delitos ambientales y los delitos relacionados en la Amazonía.
En este estudio, la definición de delitos económicos abarca diversas actividades motivadas por fines económicos, desde delitos financieros hasta delitos fiscales y delitos contra la administración pública. Con penas indulgentes y una aplicación limitada, es esencial investigar los delitos económicos que posibilitan y sostienen estos crímenes, incluyendo la identificación de los financiadores de estas redes criminales y la sensibilización entre los beneficiarios finales de empresas cuyas cadenas de producción están manchadas por ilegalidades en la región amazónica.
Para lograr esto, profundizamos en las operaciones de la Policía Federal centradas en delitos ambientales en la Amazonía y cuyas investigaciones estaban vinculadas a delitos económicos. El artículo explora cuatro categorías de delitos económicos a menudo encontrados en estas operaciones: lavado de dinero, lavado de activos ambientales, fraude y corrupción.
Cada una de estas categorías se contextualiza dentro de las economías ilícitas de la Amazonía, como la tala ilegal, la minería ilegal y la ganadería, con ilegalidades en su cadena de producción. El análisis abarca diferentes etapas de la cadena de producción, desde la extracción/creación hasta el transporte y el comercio nacional y internacional, describiendo las acciones que conducen a delitos económicos y los mecanismos identificados en las operaciones para la comisión de ilegalidades.
El estudio detalla las acciones observadas identificadas en estas operaciones y las especificidades de cada cadena, descubriendo el funcionamiento de las prácticas criminales con el objetivo de contribuir al trabajo de las diferentes agencias involucradas en el control de estas cadenas y proporcionar insumos para el desarrollo de políticas públicas capaces de prevenir y combatir este tipo de delito.
Proteger la Amazonía requiere una respuesta integral que desaliente activamente la práctica de delitos ambientales y económicos y otras ilegalidades asociadas. En este sentido, las investigaciones financieras juegan un papel vital en la identificación de estas actividades ilícitas y sus actores, permitiendo la aplicación de la ley y la protección de los bosques y sus pueblos. Entender y desarticular los delitos económicos es una condición necesaria para detener la destrucción criminal del bosque.
