El director de la Sección de Antinarcóticos de la embajada de EU, Kevin Murakami, dijo que hay brechas que impiden que la Fuerza Pública haga más operaciones
LAS BANDAS criminales que controlan el narcotráfico entendieron que la minería ilegal les genera elevados márgenes de ganancia, pudiendo así lavar grandes cantidades de dinero, alertó el gobierno de los Estados Unidos.
El pronunciamiento fue hecho por el director de la Sección de Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Murakami, al tiempo que recordó que “más allá del factor financiero, la minería ilegal trae consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para la especie humana”.
Mientras tanto, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla, reveló que cuando a las bandas criminales no les funciona el negocio del narcotráfico, mutan al negocio de la minería ilegal que a veces se convierte en una minería criminal.
Y, el coronel William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental, precisó que se vienen desplegando estrategias para la contención de las formas de financiación irregular con la minería ilegal que genera graves impactos ambientales, impactos sociales, impactos en la salud pública e impactos económicos por la ausencia de ingresos fiscales.
Señaló Murakami que el 40 % de la minería en el Chocó es ilegal y que, además hay muchas brechas que impiden que la Fuerza Pública pueda hacer más operaciones.
“Sostuve reuniones con miembros de la Fuerza Pública, de la sociedad civil, del Gobierno y del Ministerio de Justicia e identificamos que hubo brechas en la legislación, hubo brechas en los protocolos y regulaciones”, indicó.
Añadió Murakami que “hoy en día, como ustedes saben, las bandas criminales que controlan el narcotráfico ven en la explotación un gran incentivo financiero. Estos grupos entendieron que la minería ilegal les generaría elevados márgenes de ganancia, pudiendo así lavar grandes cantidades de dinero producto del narcotráfico con riesgos mucho menores”.
Precisó que “más allá del factor financiero, la minería ilegal trae consecuencias catastróficas para el medio ambiente y para la especie humana. Teniendo en cuenta que estamos implementando nuestra estrategia bilateral contra el narcotráfico que se basa en un enfoque holístico que contempla también la protección ambiental y que además Colombia está pasando por un momento crucial, donde se está debatiendo la modificación del Código Minero”.
Reiteró que “como resultado de estos meses de trabajo, se creó un documento técnico que ofrece conclusiones y recomendaciones a los encargados de la toma de decisiones que servirán como puerta a la discusión que estamos llevando a cabo en este momento en el país y que es crucial para la formalización minera, para el gremio de la minería y para el futuro minero energético de Colombia”.
“Además el documento pretende plantear ideas que a mediano y largo plazo aporten a una actividad que sea motor de una actividad legal y sostenible a las comunidades mineras de pequeña escala y para que puedan recobrar un camino de mejoramiento productivo, cumpliendo con los requisitos de trazabilidad, derechos humanos y protección del medio ambiente”, explicó.
Agregó Murakami que “estamos prestos a seguir apoyando al Gobierno de Colombia y al esfuerzo público en iniciativas encaminadas a enfrentar la criminalidad y apoyar la legalidad y protección del medio ambiente”.
Fuente de financiación
Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo, explicó que “la extracción ilícita de yacimientos mineros es un desafío que requiere el máximo de atención y acción conjunta de todos los actores involucrados. La explotación ilegal de recursos minerales ha sido una fuente de financiación para los grupos armados organizados”.
“Sabemos y tenemos claridad que estos grupos armados organizados mutan en estos negocios ilegales. En lo que les dé, allí están. Es importante tener esta apreciación: si no funciona el negocio del narcotráfico, mutan al negocio de la minería ilegal que a veces se convierte en una minería criminal”, dijo.
Añadió que “todo lo que sea economía ilegal para ellos pues ahí van a estar. Por eso es tan importante ahondar en ese tema, porque tiene que haber una acción contundente contra estos grupos que realmente se benefician a través, digamos de no contar con unas normas claras para prevenir y combatir la minería ilegal”.
“Igualmente tenemos delincuencia común, tenemos delincuencia organizada transnacional y estas actividades ilícitas han afectado no solo la estabilidad económica del país, sino también la integridad social y el bienestar de nuestra población y los ecosistemas”, explicó.
Acotó que “resulta fundamental que el Estado genere políticas claras y contundentes para combatir este fenómeno. Las Fuerzas Militares estaremos plenamente comprometidas en contrarrestar este delito, pero también reconocemos que se requiere de la intervención interinstitucional e interagencial de diversos actores estatales para lograr unos resultados significativos”.
Aseguró que es necesario “generar políticas que aborden de manera integral esta problemática. Es imprescindible fortalecer la cooperación en el marco de la acción unificada entre el sector militar, la justicia, los organismos investigativos y las entidades encargadas de regular y vigilar la actividad de la minería en nuestro país”.
Afirmó el jefe militar que “mientras esta amenaza persista seguimos luchando incansablemente. Sabemos que la extradición ilícita de yacimientos mineros representa una de las formas en que las estructuras criminales de nuestro país se enriquecen a costa de la constreñida amenaza, el desplazamiento y el confinamiento e instrumentalización del pueblo colombiano”.
Enfatizó que se debe “fortalecer la cooperación interinstitucional, incrementar la capacidad de monitoreo y control; promover la legalidad y la formalización; reforzar la capacidad de investigación y persecución penal”.
Por otra parte, el coronel William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental, dijo que “la Policía trabaja en unas líneas específicas en contra el apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados, la protección a la biodiversidad, el cuidado a las fuentes hídricas, los recursos naturales, la restitución de tierras, la protección a la población especial y la lucha contra el aprovechamiento ilícito de los recursos minerales.
“Desde las instituciones, el Gobierno nacional, se despliegan estrategias para la contención de las formas de financiación irregular basadas en la explotación ilícita de minerales que generan graves impactos ambientales por la falta de tecnificación en los procedimientos”, indicó.
Insistió en que también se generan “impactos sociales por las condiciones laborales precarias y las condiciones riesgosas de los mineros; impactos económicos por la ausencia de ingresos fiscales, el fenómeno de corrupción y el crimen organizados e impactos en la salud pública, ya que implica el uso de sustancias tóxicas como el mercurio que afecta no solamente la salud humana sino la salud animal”.
Agregó el coronel Castaño Ramos que “como Policía venimos haciendo articulación en el orden internacional también con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, con la Policía Federal de Brasil en algo que ellos denominan oro limpio y allí estamos tratando de aprender algunas técnicas que las vamos a llevar al laboratorio de Investigación Criminal de la institución, fortalecer la lucha contra la extracción ilícita de minerales, esto a través del fortalecimiento de los grupos y obviamente la lucha contra el lavado de activos”.
