El crimen armado y la drogadicción han tambaleado la sociedad sueca en los últimos diez años, y con ella, la opinión pública. El país ha pasado del puesto catorce en 2013 al segundo en muertes con arma por cada 100.000 habitantes en 2023, solo por detrás de Albania. Los observatorios europeos de drogas y drogadicción también registraron en 2016 al país como el segundo en muertes por sobredosis del continente: 93 por millón, siendo superado por Estonia. Quizá sin mucha sorpresa, los delitos armados han ido a la par de los de narcotráfico en los últimos 20 años.
El factor socioeconómico sigue siendo el principal indicador de riesgo del que se nutren estos problemas y es que la desigualdad económica se ha disparado desde los 80. El Estado del bienestar cada vez encuentra más trabas para paliar el aislamiento de los grupos más desfavorecidos. Los números asustan, pero son las consecuencias las que cada vez son más evidentes para la sociedad en su conjunto. Las razones detrás de este fenómeno son profundas, extensas e interconectadas con una historia reciente que han hecho que la sociedad sueca cambie tan bruscamente como los problemas a los que se enfrenta.
Las raíces del crimen organizado moderno en Suecia
La edad de oro de las políticas de beneficio social en Suecia, la famosa conformación de la “nación del bienestar” del modelo nórdico, se desarrolló desde los años 50 a los 70. Una época de postguerra en la que el país mantenía una acomodada posición en la política y economía internacional: ejerciendo de mediador diplomático global, con amplia capacidad para importar materias primas y una infraestructura a pleno rendimiento. En un país pequeño demográficamente, bastante aislado y hasta hace no mucho, muy pobre, estas décadas generaron una imagen concreta del país.
Los años 90 fueron de muchas maneras el punto de partida de un cambio social y político que modificó radicalmente lo que el mundo y los propios suecos pensaban de sí mismos y su país. Una aguda crisis económica que tambaleó lo que desde la Crisis del Petróleo de 1973 se llevaba anunciando se tradujo en recortes importantes del aún sólido sistema de bienestar social. Esto trajo consigo un cuestionamiento político que dejó el primer cambio sustancial de gobierno en setenta años. Analizaremos este contexto en relación con dos aspectos principales que nos conciernen: las políticas con respecto a las drogas y con respecto al contrabando de armas al país.
En 1969 la Asociación para una Sociedad Libre de Drogas (RNS), liderada por el psiquiatra y “padre de la política sueca de drogas” Nils Bejerot, institucionalizó su labor propagandística. El ideal para una “sociedad libre de drogas” se traducía en duras penas de cárcel en vez de tratamiento para los que abogasen por su uso. Poca o mucha, “dura” o “blanda”, las drogas se consideraron un pecado civil que se castigaba duramente. Hoy en día, la política de tolerancia cero no solo se mantiene, sino que se ha convertido en una rara avis entre sus vecinos. En 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) juzgaba que las leyes actuales “han probado tener resultados negativos para la salud y se oponen a los resultados de salud pública establecidos”.
La conducta institucional desarrollada desde los 70-80 en una amplia propaganda escolar es la de “hacer que ser un yonqui sea difícil en el país”. Esto ha producido una alta estigmatización que niega al drogadicto como un enfermo y ha generado situaciones en las que se prefiere no avisar a las autoridades ante una sobredosis por las posibles represalias. Aunque los programas de intercambio de jeringuillas (PIJ) se han incrementado y el debate ha surgido esporádicamente en el Parlamento, aún hay una oposición general a la descriminalización. Los mencionados recortes de los años 90 se tradujeron también en la desfinanciación de esta propaganda, generando una conflictiva brecha generacional que cuestiona las políticas estatales.
El problema del contrabando armamentístico, por su parte, ha tenido una línea temporal parecida. En este caso, el conflicto de los Balcanes, unido a la desintegración de la Unión Soviética, generó un excedente de armas que se distribuyó y dominó el mundo criminal de Estocolmo durante los años 90. La conocida como Juggenmaffian o Mafia Yugoslava se extendió por los principales núcleos urbanos de Suecia y Dinamarca. Una economía criminal monopolizada en gran medida por el líder serbio y sospechoso por crímenes de guerra Željko “Arkan” Ražnatović.
La desarticulación de esta gran organización se tradujo en el derrame de sus recursos sobre pandillas poco experimentadas, cuyas disputas han sido solventadas con pistolas, kalashnikovs y granadas balcánicas. El paso de Oresund, que une Copenhague con Malmo, es el coladero de estos grandes y pequeños envíos, donde el control es superficial y las oportunidades de enriquecerse muy altas.
El problema para controlar este influjo ha hecho saltar las alarmas durante los envíos de armas a Ucrania estos últimos años. En una tendencia similar, el movimiento de altas cantidades de armamento y grandes envíos han hecho que estas mafias consigan desviar parte de estos pedidos de vuelta a los países de origen. El medio estatal finés Yle avisaba en 2022 a través del KRP, el centro nacional de investigación finlandés,que las armas enviadas por el país no sólo han vuelto a Finlandia, “también han sido encontradas en Suecia, Dinamarca y los Países bajos”, hecho que la Europol había previsto y del que se había preparado.
Con todo, el factor socioeconómico sigue siendo el principal indicador de riesgo para participar en el crimen organizado. El periodista Andreas Cervenka apunta en relación a los cambios de la historia sueca reciente, que el país se ha convertido no sólo en un paraíso para los gangsters, sino también para los billonarios. Su número se ha cuadruplicado desde los 90, mientras que la brecha salarial de los CEOs de las empresas del país se ha disparado. Los cambios fiscales desde los 80 se han relajado significativamente en los activos (herencias, propiedades o regalos, entre otros); pero se han mantenido muy elevados en el ámbito laboral. Esto hace que el enriquecimiento a través de propiedades o inversiones sea mucho más significativo que simplemente trabajando, menoscabando las capacidades del Estado de proteger a quienes sólo pueden acceder a la riqueza a través de la segunda.
Ola de crímenes recientes
Las condiciones, por tanto, han permitido el desarrollo de una ola de crímenes recientes relacionados con el crimen organizado que, si bien demostraba la inacción del gobierno durante los años pasados, han permitido a la opinión pública observar de primera mano sus consecuencias.
Una noticia de 2018 recogía el problema que atravesaba Suecia durante la década del 2010 en su lucha contra las granadas de mano. Durante los ocho años del alcance del estudio, se registraron un total de 78 casos de explosiones, especialmente en el triángulo poblacional del sur del país. Este método es sin duda una herramienta punitiva muy vistosa y efectiva, lo que las hacen muy interesantes para las bandas. Sin embargo, los números no pueden achacarse únicamente a su utilidad.
Parte del problema radica en cómo la ley sueca ha tratado este material históricamente. Calificado como “material explosivo e inflamable” en vez de como un arma, la sentencia por posesión es mucho menor y las capacidades de radicar su contrabando también se reducen. La introducción de las granadas de mano, mayormente de origen balcánico, fue tal que se puso en activo políticas de amnistía para quien entregase voluntariamente las piezas. Este caso muestra no sólo la capacidad de contrabando, sino la volatilidad y la política vengativa errática de las bandas. Estas características son piezas fundamentales para comprender las rupturas de jerarquía y los sangrientos eventos que los siguen.
En 2015 se produjo un robo en una agencia de divisas de Täby, un barrio a las afueras de Estocolmo. Los jóvenes perpetradores habían conseguido una suma considerable que llegaba a las dos millones de coronas suecas –casi 250.000 euros–, pero esta cantidad generó más conflicto que beneficios. Maslah era un jóven del círculo que no estaba contento con haber sido dejado de lado en el golpe, lo que le llevó al asesinato de su compañero Ismail Aden. A esto le siguió apenas dos días después la muerte del propio Maslah. Los seguidores de uno y otro llevaron a la creación de dos de las bandas más sangrientas del círculo somalí: Shottaz y Dödspatrullen, originarias del tristemente conocido barrio de Rinkeby, al noroeste de Estocolmo. El reguero de sangre que siguió a esta disputa se extiende por todo el país, pero se ha expandido exponencialmente gracias al mercado de las drogas, que ha alcanzado a la vecina Finlandia.
La banda Shottaz también se vio enzarzada más recientemente en el asesinato de un conocido rapero llamado Éinar en 2021. El contexto musical no es baladí. Los reporteros e investigadores apuntan a los videoclips y letras de sus canciones como plataformas para los conflictos criminales. Y no estamos hablando de raperos suburbanos marginales. Yasin, un artista con millones de reproducciones en Spotify y ganador del premio al mejor artista de hip hop en 2021, fue sentenciado en julio de ese mismo año a 10 meses por su cooperación en el plan de secuestro de Éinar en abril de 2020. Lo apalearon, robaron, fotografiaron en condiciones humillantes y chantajearon.
El periódico Aftonbladet informó de que se había puesto “precio a su cabeza”, acusado por raperos enemigos de mostrarse débil y de usar jerga gangster con un estilo demasiado pop y comercial. Yasin había cantado “You asked for this gangster shit” en su álbum no mucho antes de que Éinar fuese finalmente asesinado en uno de los barrios más ricos del sur de Estocolmo. Muchos de los cantantes se apoyan en gangsters reales que aparecen en sus videoclips para conseguir credibilidad en las calles, así como protección de las represalias de sus ardientes letras. Éinar pertenecía al mundo criminal, incluyendo armas y drogas, pero carecía de tal protección, lo que le hizo un objetivo fácil.
Crónicas similares de disputas entre bandas fueron observadas en otras ocasiones desde su alcance internacional. En 2023, Ismail Abdo era mano derecha de Rawa Majid, líder de la banda criminal Foxtrot. Majid, apodado el Zorro Kurdo, entró en conflicto con su aliado Abdo tras una sospecha de fraude en un negocio de drogas. En septiembre de ese año, una pelea en Estambul desembocó en la explosión de una granada en un barrio tranquilo de Uppsala, al norte de Estocolmo, donde la madre de Majid falleció en su habitación. Tanto Abdo, que ha sido detenido in absentia, oculto en turquía; como Majid han dejado un reguero de conflictos partidistas y vengativos por las regiones en control de la banda por toda Suecia. La ironía salta a la vista sabiendo el desacuerdo por las alegaciones turcas de que Suecia aloja “terroristas kurdos”, asunto que ha lastrado la inclusión en la OTAN del país nórdico. Mientras tanto, Majid ha invertido mucho dinero en la ciudadanía turca para protegerse en la escena internacional.
Aislamiento, política y poder
Diamant Salihu, un periodista que ha investigado ampliamente el problema del narcotráfico y los conflictos de bandas en barrios como Rinkeby, trazaba en una entrevista un proceso de alienación que comenzaba en 2007, cuando los comercios, servicios mínimos e incluso las comisarías de policía cerraban en el barrio. Desde 2015 las autoridades policiales han generado un registro en el que identifican “Áreas Vulnerables” (Utsatt område) en relación a las altas tasas de criminalidad y exclusión social. En 2017 ya se identificaban 61 por los principales núcleos poblacionales, la mayoría de estos en los barrios del Millionprogramet, un programa de los 70 que pretendía crear un millón de viviendas sociales por todo el país en un afán utópico de autosuficiencia e interacción social. El ideal se fue degradando cada vez más en un gueto para las rentas más bajas, un fenómeno que pronto se tradujo en masas de inmigrantes de muy distinta procedencia.
La creación de las llamadas “sociedades paralelas” en estos barrios degeneraron en la negación de las dos culturas entre las que viven los inmigrantes. Diamant destaca especialmente el caso somalí. La dependencia de una paternidad colectiva que no existe, familias demasiado grandes para mantenerlas o una falta de integración autoinfligida en la sociedad en general radican en este desarraigo. La mayoría de los familiares de los miembros de las bandas rivales son amigos entre sí, pero su desentendimiento de lazos familiares lleva a que ni la policía, ni las estructuras, ni las tradiciones del país de sus padres puedan influir en las decisiones de los miembros. Dado que en estas áreas las relaciones se perpetúan mayormente a través de lazos étnicos, las riñas sangrientas también se mantienen en un círculo de confianza que se expande a medida que los amigos de los protagonistas se ven arrastrados a estas.
En general, la escena política ha abordado este desafío de manera deficiente y quizá demasiado tarde. El miedo a enfrentar el asunto por temor a ser acusado de xenofobia ha impedido que se discuta claramente como un problema de criminalidad y pobreza.
Tal vez enfrentar el problema significaba reconocer su existencia, lo que ha permitido desplazarlo año tras año hasta que el partido de ultraderecha SverigeDemokraterna (SD) tomó la iniciativa, señalando rápidamente a la inmigración descontrolada. Desde 2022, el nuevo gobierno de derecha ha liderado las políticas de ley y orden para imponerse a los socialdemócratas, aunque a estas alturas el discurso sobre la regulación migratoria ha sido adoptado rápida y radicalmente por casi toda la cámara. El enfoque se ha puesto en la mano dura y en la ampliación de las herramientas legales de la policía, pero carece de una política real para evitar el reclutamiento de jóvenes y detener la cultura de venganza.
