El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este lunes a su gobierno «agilidad» en el combate a organizaciones criminales en la Amazonía que contribuyen a la deforestación en la mayor selva tropical del mundo.
«Nunca antes en la historia de Brasil se pensó en dar un paso tan extraordinario para intentar cuidar de la Amazonía como ahora», dijo Lula al encabezar en Brasilia la firma de un contrato que otorga 318 millones de reales (58,7 millones de dólares) para ampliar la presencia de las fuerzas estatales en este territorio de 6,3 millones de km2, cuyo 60% se ubica en Brasil.
Pero pidió «agilidad para hacer» realidad ese plan, lanzado en julio del año pasado por su gobierno con un presupuesto previsto de 1.200 millones de reales (222 millones de dólares).
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«Si toma otro año (implementarlo) vamos a terminar el mandato sin poner en práctica el plan», advirtió el mandatario izquierdista, que entregará el poder al cierre de 2026.
El Plan Amazonía: Seguridad y Soberanía contempla un refuerzo en el equipamiento, como lanchas y helicópteros, para combatir las organizaciones criminales que talan y queman la selva.
El contrato se hizo entre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y el ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y los recursos provienen del Fondo Amazonía, financiado principalmente por Noruega y Alemania.
El plan de seguridad incluye también la instalación en Manaos, corazón de la Amazonía brasileña, de un centro de cooperación policial internacional, con funcionarios de inteligencia de los nueve países con territorio en la enorme selva.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, dijo que el aumento de la capacidad de vigilancia del Estado permitió la reducción de la deforestación a la mitad en 2023, primer año del regreso de Lula al poder.
«Si el mundo no hace su parte reduciendo las emisiones de CO2 en función del uso de combustibles fósiles vamos a perder la Amazonía de todas formas porque puede entrar en un proceso de sabanización», apuntó Silva.
Lula prometió acabar con la deforestación ilegal en Brasil para 2030.
