En un esfuerzo concertado para fortalecer la integridad de los mercados de capital de China, las autoridades chinas han lanzado un mecanismo para frenar el fraude financiero y mejorar la disciplina del mercado.
El documento fue publicado el viernes por la Comisión Reguladora de Valores de China, el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Finanzas, el Banco Popular de China, la Administración Nacional de Regulación Financiera y la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales del Consejo de Estado.
El documento subraya la importancia de seguir combatiendo las actividades fraudulentas en los mercados de capitales, incluida la emisión ilícita de acciones y bonos, y pide que se mejoren rigurosamente los mecanismos de examen y registro que rigen la emisión y cotización de valores.
Se adopta una postura de tolerancia cero frente a diversas irregularidades financieras, como la difusión de información falsa, la malversación de fondos y la evasión de obligaciones de deuda.
El documento destaca la necesidad de estar alerta ante las tácticas cambiantes del fraude financiero sistemático y organizado, y aboga por acciones legales estrictas contra quienes participan en la falsificación o alteración de bonos, la falsificación de transacciones o la colusión con terceros.
La declaración también subraya la importancia de la supervisión regulatoria, en particular en el área del uso indebido de las políticas contables y la lucha específica contra el fraude financiero en sectores específicos.
Aboga por un enfoque proactivo para la evaluación de riesgos, con el objetivo de identificar y mitigar los riesgos asociados al fraude financiero sectorial, sistémico y regional.
El documento introduce un mecanismo de responsabilidad general, reconociendo el impacto perjudicial del fraude financiero en el orden del mercado y la confianza de los inversores. Insiste en que tanto los autores principales como sus cómplices deben rendir cuentas, y aboga por mayores sanciones y prohibiciones de mercado para quienes sean hallados culpables de fraude financiero.
Además, la directriz exige la aplicación estricta de la exclusión obligatoria de la bolsa de las empresas implicadas en emisiones fraudulentas y fraudes financieros graves. También pretende intensificar la persecución penal para controlar a los accionistas y administradores reales que puedan estar implicados en fraudes financieros y usurpación de la propiedad de empresas cotizadas.
El documento alienta los esfuerzos de investigación para descubrir la mala conducta de personas con información privilegiada de las empresas, como la apropiación indebida de fondos, la malversación de fondos y el abuso de confianza que perjudican los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
