Con más de 140 homicidios por cada 100 mil habitantes, Colima ostenta por séptimo año consecutivo el preocupante título de la ciudad más violenta del mundo, según el “Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo”, situación que refleja una realidad alarmante que exige acción inmediata del gobierno de la entidad.
En el informe elaborado por José Antonio Ortega, presidente del organismo, se detectó que parte de esta problemática es que en México impera el Estado fallido, que por años ha permitido que grupos criminales ejerzan violencia con absoluta impunidad.
De hecho, esta persistente violencia en Colima tiene raíces profundas en el fracaso del estado para controlar a grupos criminales que operan con impunidad.
Desde la infiltración de cárteles como ‘Los Caballeros Templarios’ y ‘Los Zetas’ en la década pasada, hasta la actual presencia del CJNG, Sinaloa, y otros, la ciudad se ha convertido en un epicentro de actividad criminal.
La explotación ilegal de minerales, particularmente en áreas como la Sierra de Michoacán y municipios de Colima como La Huerta, Pihuamo, entre otros, ha exacerbado la violencia desde 2010, cuando se detectó que los grupos delictivos extorsionan y controlan minas, usando la minería como fachada para lavar dinero y financiar actividades criminales.
La mayor parte del hierro extraído de manera ilegal ha salido por los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, con destino a China, país que más consume este metal en el mundo.
En 2014, la operación en 36 mineras fue clausurada por fuerzas del orden ante la sospecha de ser dirigidas por grupos criminales vinculados a Los Caballeros Templarios y Los Zetas.
De igual manera, en un informe realizado en 2016 por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, se describe la evolución de dicho fenómeno en México y en otros países latinoamericanos.
En dicho estudio se reafirma que las bandas extorsionan a los operadores mineros locales y multinacionales a cambio de permitirles trabajar en sus concesiones. En otros casos, los grupos criminales tomaron el control total de una operación minera, usándola como fuente de ingresos y como un mecanismo para el lavado de dinero.
Sin embargo, a pesar de los múltiples llamados de atención, las autoridades locales han fallado en implementar medidas efectivas para enfrentar esta crisis, por lo que la falta de acción ha permitido que la inseguridad se propague, afectando negativamente a la población y la economía local.
Por esta situación, los residentes de las zonas afectadas se han visto afectados por la ola de violencia que azota al estado y han expresado su preocupación y temor por la presencia de dichos grupos delictivos, por lo que exigen al gobierno de Colima que respondan con políticas de seguridad robustas y sostenibles, que aseguren el cumplimiento del Estado de derecho y protejan los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y al medio ambiente, de lo contrario, seguirán poniendo en riesgo el bienestar y la seguridad de los habitantes.
Aunque el impacto específico en la industria minera aún no está completamente cuantificado, empresas multinacionales reconocen los riesgos asociados con la inseguridad y la presencia de carteles, por lo que aseguran que es crucial abordar estas preocupaciones para salvaguardar las operaciones legítimas.
