En problemas la fiscal que lleva el caso contra Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro

La fiscal Lucy Marcela Laborde, encargada del proceso legal en contra de Nicolás Petro, hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, estaría metida en un lío por una investigación que lleva más de 15 años sin resolverse.

La funcionaria decidió revivir un caso archivado en contra Ignacio Álvarez Meyendorff señalado del delito de lavado de activos. Este proceso tuvo su origen en el año 2008 por un millonario operativo de extinción de dominio e incautación de dólares.

La fiscal lidera el caso en contra de Nicolás Petro, que está siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos – crédito Colprensa

Según informes de policía judicial, la investigación fue archivada en 2022 por falta de pruebas que comprobaran la participación del presunto implicado en delitos relacionados con lavado de activos. En consecuencia, la extensión de dominio a los bienes de Álvarez Meyendorff tenía que ser revocada y se le tenían que devolver los activos incautados por el Gobierno nacional. Sin embargo, dicha acción nunca ocurrió.

Así lo afirmó la defensa del acusado, que realizó la solicitud para la devolución de los activos de su cliente, pero el Estado colombiano le respondió que no era posible tal acción, puesto que la investigación había cambiado de archivado a activo.

Cabe recordar que, para desarchivar un caso, la ley advierte que es necesario que se encuentren nuevas pruebas que validen la decisión. En ese sentido, la abogada Elisa Peña, representante legal de Álvarez Meyendorff aseguró que en el caso no se cumplen las condiciones impuestas en el marco normativo colombiano, lo que, a su juicio, representaría un procedimiento irregular por parte del organismo de control y la fiscal Laborde que tomó la decisión de reactivar el proceso.

Por tales razones, la litigante impuso una queja ante el Tribunal de Bogotá. En la querella señaló la reanudación del proceso por la fiscal, Laborde que presentó diferentes versiones sobre sus argumentos para retomar la investigación. Igualmente, aseguró que el proceso género daños psicológicos, emocionales y de salud incalculables a su defendido.

Además, dio a conocer a la corporación judicial todo el rifirrafe entre el órgano de control y la defensa en torno a las devoluciones de los bienes a Álvarez Meyendorff. De acuerdo con la abogada, al momento de presentar los documentos pertinentes para realizar el proceso, la funcionaria encargada del caso aseguró que no hay una “decisión de fondo” en este asunto, lo que pretende mantener la legalidad de la incautación.

A su vez, comunicó al tribunal que Laborde le explicó que fue un error de un empleado de la Fiscalía, que ocasionó el conflicto entre las partes. A propósito, envió una lista de argumentos para desestimar la reactivación del caso.

Ignacio Álvarez Meyendorff perteneció al Cartel de Cali – crédito Télam

Ante la solicitud de la representante legal de Álvarez Meyendorff, el órgano de control emitió un comunicado refiriéndose a la situación. En la misiva puntualizó que no se llevó a cabo el archivo de las diligencias, sino la inactivación de estas dentro del sistema, y por equivocación el funcionario empleó esa opción, ya que el sistema misional tiene predeterminada las opciones para efectuar la inactivación de las diligencias.

En respuesta, el Tribunal de Bogotá dictaminó que en el proceso “hay una falta de diligencia por parte del ente persecutor”. Asimismo, señaló que, “una vez la Fiscalía 3.ª Especializada contó con la información sobre un posible archivo de la investigación por parte de la Unidad de Extinción de Dominio, solicitó en calidad de préstamo el expediente sin que dentro del mismo encontrara alguna decisión de fondo. Circunstancia que lleva a concluir que han transcurrido alrededor de 16 años sin que se le haya resuelto la situación jurídica del accionante”.

En ese sentido, afirmó que, aunque la Fiscalía ha respondido a las solicitudes de la defensa, no se justifican las acciones de esta, ya que podrían afectar el debido proceso y acceso a la administración judicial a favor del demandante”. Además de indicar, que el órgano de control tendrá tres meses para definir el estado del proceso, sino estaría incurriendo “en desacato, faltas disciplinarias o comportamientos penalmente relevantes”.

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