El Ministerio de Economía pidió a la Asamblea Legislativa un conjunto de reformas a la Ley de Activos Digitales entre las cuales incluyen un apartado de “normas de conducta para los proveedores de servicios de Bitcoin”.
Una de las normas de conducta es “mantener un programa contra el lavado de dinero que cumpla la “Ley contra el lavado de dinero y de activos” y las mejores prácticas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La ministra aseguró que, con la reforma, buscan incorporar a los proveedores de servicios de bitcoin en el mercado de activos digitales, regular cobros y tasas, ampliar las facultades de la Comisión de Activos Digitales y establecer mecanismos de control de mercado con base en riesgos.
Según el artículo 21-B del proyecto de reformas, los proveedores de bitcoin deberán “mantener una política de límites a las transacciones dentro de sus plataformas que vaya en correspondencia con sus programas de debida diligencia al usuario, gestión integral de riesgos y de prevención de lavado de dinero, y otros crímenes financieros”.
El artículo 21-B también les exigiría políticas contra pérdida o robo de activos, mantenimiento de libros y registros de activos, pasivos y patrimonios del proveedor, registros de cuentas de clientes con sus datos e información relevante para cada transacción solicitada por un cliente, entre otros requisitos.
El expresidente del Banco Central de Reserva, el economista Carlos Acevedo, aseguró que sin duda, la reforma le daría a la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) más dientes para regular a los proveedores de servicios bitcoin, pero no la ve como una reforma relevante para el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Me parece que esa reforma del 21-B no tiene suficiente sustancia como para preocuparle al FMI. Al FMI lo que más le preocupa es el artículo 7 de la Ley Bitcoin sobre el carácter del bitcoin como moneda de curso legal.
Carlos Acevedo, expresidente del BCR.
Ante la pregunta si esta reforma no garantizaría un control antilavado del bitcoin, por ejemplo, al exigir a los proveedores un registro con datos de los clientes o tener una “política de límites a las transacciones”, Acevedo respondió: “No lo garantiza porque siempre existe la posibilidad de transferencias de una billetera a otra billetera”.
Otro economista señaló que hay información sobre avances en evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en la parte de bitcoin, pero que persisten fallas en temas como cooperativas y regulación a profesionales.
En la cuarta ronda de evaluaciones mutuas del Gafilat, los días 1 y 2 de agosto, el Gafilat aprobó el Informe de Evaluación Mutua (IEM) de El Salvador. “Las delegaciones reconocieron el trabajo conducido por el país evaluado y el equipo evaluador por concluir exitosamente el proceso de evaluación”, informa una nota del 16 de agosto publicada por el Portal oficial del Estado argentino.
