En las últimas décadas nuestra región ha sido testigo y protagonista de la irrupción y crecimiento del crimen organizado y de una reacomodación de los circuitos del narcotráfico, según lo afirma el doctor Luis Calabria, asesor en Presidencia de la República de Uruguay y asesor jurídico del Banco Central del Uruguay.
Esos cambios sin dudas impactan en el plano local, pero se explican por lógicas globales y regionales, abriendo nuevos desafíos para la lucha contra ellos.
Primero veamos los actores que están operando en la región.
Por un lado, tenemos a las poderosas bandas brasileñas que surgieron en las cárceles. Tenemos al Primer Comando da Capital (PCC) surgido en las cárceles de San Pablo ya en los años ´90, siendo actualmente la organización narco-criminal más poderosa de Brasil y que ha expandido sus redes de influencia en la región. Otra importante organización es el Comando Vermelho (CV), más antigua que el PCC y surgida en las favelas de Río de Janeiro.
Rivales, pero socios, PCC y CV representan estructuras organizativas con grandes capacidades de movilizar drogas y armas desde el continente hacia Europa y Asia, y representan de los focos de violencia más riesgosos para el Cono Sur.
Más recientemente ha surgido “El Tren de Aragua”, una organización criminal de origen venezolano pero que rápidamente se ha expandido al menos por Colombia, Perú, Chile y Brasil. Es un grupo violento que se ha involucrado en secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, y trata de personas.
Pero, además de esas organizaciones “autóctonas”, se encuentran operando en la región mafias transnacionales. La que tiene mayor presencia en el Cono sur es la mafia calabresa, la ´Ndrangheta. Este grupo utiliza a la región como un punto clave en las rutas de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa. Hay que recordar que uno de sus líderes fue capturado en Uruguay y luego que logró escapar en 2019 fue recapturado en Brasil en 2022.
También en la región se detecta la presencia de la mafia albanesa, cuya participación pasa en parte por asociarse con otras organizaciones criminales, y también se ha conocido la actuación de las “tríadas” chinas y la mafia rusa.
Si bien el negocio principal de todos estos grupos es el tráfico de drogas, una vez establecidas las rutas se utilizan para comercio ilegal tanto de armas, contrabando y tráfico de personas. Las organizaciones más sofisticadas, luego del comercio ilegal, tienen que lavar su dinero y allí es uno de los puntos clave para su represión.
Ningún análisis del contexto criminal de la región puede prescindir de la relevancia de la Triple Frontera, que supone un corredor estratégico para el tráfico de drogas, armas, personas, y contrabando, donde los controles están diluidos y por ello hay presencia no solo de organizaciones criminales sino también sirve para refugio de redes de terrorismo. Es uno de los focos de mayor riesgo de la región.
Como vemos, el panorama de la región se ha complejizado en los últimos años, y a pesar del crecimiento económico de la región, la “delictualidad” organizada, y consecuentemente su violencia asociada, ha crecido. Es lo que se conoce como la paradoja latinoamericana, que deja en evidencia que el enfoque preventivo y represivo debe ser redefinido.
En este contexto Uruguay tiene varios desafíos. Nuestro puerto es codiciado por las organizaciones criminales, al igual que los son los puertos argentinos, de San Antonio en Chile, o los puertos del sur de Brasil. Además, la mejora del dragado abrirá nuevas rutas, lo que deberá incrementar el cuidado.
Allí hay que enfocarse en su especial protección (al igual que en Nueva Palmira) y la llegada de tres escáneres de última generación ayudarán a mejorar los controles. Lo mismo con el control fronterizo, el que mejorará con un nuevo sistema migratorio, y con aviones que el país ha adquirido para la vigilancia de su espacio aéreo.
Hay que tener presente que Uruguay fue durante mucho tiempo país de tránsito de drogas y que las malas políticas antinarcotráfico de los gobiernos del Frente Amplio transformaron al país en “país de acopio” al menos desde 2017. Prueba de ello son las incautaciones de 2019: un cargamento detectado en Hamburgo, cargado en Uruguay, y la operación Zagreb. Ambas representaban el acopio de 12 toneladas de cocaína.
Además, tenemos que extremar la vigilancia frente a un peligro potencial que puede aparecer en el horizonte de la región como lo son el fentanilo, el nitazeno y la xilacina que son drogas y combinaciones de drogas letales que se están utilizando en Estados Unidos. Al crimen transnacional se lo combate también con colaboración internacional, por eso es indispensable su potenciación.
En ese sentido, en el programa de gobierno del Partido Nacional se establece que se designarán y ampliarán los agregados policiales en EE UU, España, Italia y países de la región. La lucha contra los delitos cometidos por estas organizaciones trasnacionales requiere enfoques multilaterales, cooperación internacional y enlaces permanentes. Del mismo modo se intensificará la colaboración con organismos policiales internacionales como Ameripol, Interpol, Europol, DEA, etc.
En ese mismo marco se plantea replicar el modelo antimafia italiano, en nuestro caso para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado.
Este Grupo Especial Conjunto Contra el Crimen Organizado y Narcotráfico será un equipo multifuerzas, de carácter operativo, que reunirá a todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa.
El trabajo conjunto y coordinado, con elencos técnicos y profesionales estables, permitirá la acumulación y procesamiento de información que mejore la capacidad de inteligencia preventiva y respuesta represiva en la persecución del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos.
Como dijimos: los grupos más sofisticados usan a la región para el lavado de activos y en ese sentido proponemos la unificación de los cometidos de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Dentro del mismo propósito, en el camino de mejora de las respuestas estatales contra el Lavado de Activos, y a efectos de mejorar la capacidad de Inteligencia Financiera, se propone la centralización del manejo de información y contando con los recursos materiales y tecnológicos que permitan potenciar su eficacia.
Otra medida específica consiste en implementar la figura del Agente Encubierto Financiero. Actualmente existe normativa habilitante para la aplicación de este instituto, que podría facilitar las investigaciones financieras y contables en el marco de la lucha contra la criminalidad organizada y el lavado de activos.
Todo lo hecho, más todos estos nuevos instrumentos ayudarán y permitirán mejorar la colección de información y su procesamiento, elaborando inteligencia preventiva y represiva contra la delincuencia organizada, buscando aislar a Uruguay de los circuitos del crimen organizado en sus más amplias variantes, en particular sacándolo de la ruta de la cocaína.
