El Gobierno de los Estados Unidos le pidió a la jueza Loretta Preska que difiera su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los demandantes por la causa de la expropiación de la petrolera, hasta poder presentar una opinión al respecto. Solicitaron esperar hasta el 6 de noviembre y, finalmente, la postergación fue concedida este viernes.
La jueza Preska concedió este pedido de EE.UU. para que ese país evalúe la posibilidad de opinar en su decisión de obligar a la Argentina a entregar las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo del caso expropiación.
El domingo 15 se cumplirá un año desde el fallo que obligó al país abonar US$16.000 millones por haber expropiado YPF sin respetar el estatuto de la empresa.
“Desde ese día, el Gobierno apeló y los beneficiarios del fallo ‘ganaron’ US$914 millones en intereses, iniciaron un pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado y la búsqueda de activos soberanos en EE.UU., Irlanda e Inglaterra. Además, solicitaron pruebas para demostrar el estado de Alter Ego de YPF, Aerolíneas Argentinas, BCRA, Banco Nación, ARSA y ARSAT”, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors.
En una carta enviada a la jueza Preska del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York, el fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, informó que el Departamento de Justicia está evaluando presentar una Declaración de Interés en el caso. Esta decisión, que aún está en proceso de debate, tendrán lugar dos demandas interpuestas por los accionistas de YPF, que acusan al Estado argentino de incumplimiento de contrato.
Los demandantes, entre los que estaban el síndico que entiende en la quiebra de Petersen Energía y Eton Park Capital Management, buscan que el tribunal ordene a la Argentina entregar su 51% de participación en YPF como compensación parcial por los daños que alegan haber sufrido. Esta moción está en la actualidad en espera de la decisión del tribunal.
La intervención de los Estados Unidos podría cambiar drásticamente la dinámica del caso. En la carta, firmada por el fiscal adjunto David Farber, el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene hasta el 6 de noviembre de 2024 (el día después de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos) para decidir si presentará formalmente su Declaración de Interés, lo que reflejaría una posición oficial del gobierno estadounidense respecto a los litigios en curso.
“El gobierno de los Estados Unidos está considerando activamente si presentar o no una Declaración de Interés respecto a la moción pendiente de orden judicial y entrega”, señaló la misiva. Además, solicitó que la jueza Preska reserve su decisión sobre la moción hasta que se tome una determinación sobre la participación de Estados Unidos.
La posible intervención de Washington en este caso es un indicativo de la relevancia que ha adquirido el litigio, no solo en términos económicos sino también en el ámbito diplomático. El proceso de decisión, según explica la carta, involucra una coordinación entre diversas agencias gubernamentales y requiere la aprobación del Fiscal General Adjunto Principal para la División Civil del Departamento de Justicia.
La disputa judicial es parte de una serie de demandas presentadas por los accionistas de YPF después de la expropiación de la compañía por parte del gobierno argentino en 2012. Los demandantes alegan que la Argentina violó acuerdos previos con los accionistas al nacionalizar la empresa sin respetar las condiciones establecidas, lo que derivó en pérdidas significativas para los inversores.
Días atrás, la Argentina, YPF y los beneficiarios del fallo por la expropiación presentaron sus argumentos finales ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. El país pidió la anulación del fallo que lo condenó en primera instancia a pagar más de US$16.000 millones a quienes eran accionistas minoritarios al momento de la nacionalización.
Los beneficiarios del fallo son, en realidad, fondos que les compraron el juicio a las empresas afectadas originalmente que tenían participaciones más chicas en YPF cuando fue estatizada. El reclamo de esos accionistas es que la Argentina no les dio un trato igualitario con respecto a Repsol (que finalmente terminó cobrando) a pesar de lo que establecían los estatutos de la petrolera al momento de la privatización.
En primera instancia, la jueza Preska condenó a la Argentina. Como el país no pagó y procedió con la apelación, la magistrada autorizó a los beneficiarios del fallo a buscar bienes del país para embargar. Sin embargo, les resulta muy difícil conseguir algún activo que puedan confiscar. Por eso, la estrategia de los demandantes es ahora buscar “alter egos” del país y apuntan a Banco Nación, Banco Central, Arsat y otras empresas públicas.
