Centroamérica es y ha sido tradicionalmente zona de paso de la cocaína desde los centros de producción sudamericanos con dirección a Estados Unidos. Ni siquiera Costa Rica es ya excepción. Durante largo tiempo considerada un oasis de tranquilidad en la región, ha visto aumentar la violencia ligada al narcotráfico en los últimos años.
Un reciente artículo del New York Times al respecto causó revuelo en el país. En él, se cita un documento del Departamento de Estado de EE.UU., según el cual, «desde 2020, Costa Rica figura entre los primeros puntos de transbordo de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa, lo que ha provocado un aumento de la delincuencia y la corrupción».
En conversación con DW, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora, coincidió con la realidad descrita, pero subrayó que «ese artículo hace referencia a la situación de 2020, y este 2024 hemos logrado una reducción visible en cuanto a la estadística que se lleva en esta materia».
Aunque el caso de Costa Rica llame la atención, hay que situarlo en el contexto centroamericano. «Es un problema de la región», dice a DW Alex Papadovassilakis, analista de Centroamérica en InSight Crime. «Guatemala y Honduras han sido los países históricamente más fuertes en el trasiego de cocaína. Pero Panamá y Costa Rica tienen también su lugar en el panorama, pues los dos tienen puertos importantes», explica.
El experto agrega que «hay países donde el problema ha sido más grave, pero hay rutas de trasiego de cocaína en todo Centroamérica, incluyendo El Salvador y Belice. Y suelen cambiar, según las dificultades que encuentren».
Nuevos elementos
También Carolina Duque, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), de la Universidad Nacional Tres de Febrero, en Argentina, hace notar que «los países de Centroamérica siempre han estado en la cadena del narcotráfico como países de tránsito de la droga». Pero consigna algunas novedades. «En la última década, en algunos países, como Honduras y Guatemala, han aparecido cultivos ilícitos de coca. No en gran escala, pero las mafias pueden estar avanzando en cambiar los sitios de producción de cocaína, por la logística y los costos de producción», dice a DW.
Un estudio de la Universidad de Ohio, publicado en la revista Environmental Research Letters, plantea que, «desde 2017, grupos delictivos organizados han estado estableciendo plantaciones de coca en América Central para la producción de cocaína. Esto ha roto el largo monopolio de Sudamérica sobre la producción de hoja de coca«. De acuerdo con sus autores, «el 47% del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y Belice) presenta características biofísicas muy adecuadas para el cultivo de coca».
Otro elemento nuevo es la utilización de áreas protegidas. «Considero importante llamar la atención de cómo el narcotráfico y las mafias empiezan a usurpar tierras y territorios de áreas protegidas para instalar pistas clandestinas, plantaciones… Lo cual también implica deforestación, acabar con la biodiversidad», afirma Carolina Duque. Por otra parte, habla de una «diversificación de los mercados criminales» que también facilita el narcotráfico. Por ejemplo, menciona que «la trata de personas ha aumentado en Centroamérica» en el marco de las migraciones.
La corrupción endémica
En términos generales, el problema subyacente suele ser la debilidad institucional y la corrupción. «El ejemplo más fuerte es el de Honduras. El expresidente Juan Orlando Hernández ha sido condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Ese es un caso extremo de un patrón que se ve en muchos países», señala Papadovassilakis.
«No es algo nuevo, pero sí es extremadamente grave para la democracia, porque las instituciones responden a los intereses del crimen organizado, y no a las necesidades de la población», dice. Y agrega que, «en Guatemala, no solo estamos hablando de Gobiernos locales, también los narcotraficantes han logrado posicionar aliados estratégicos en el Congreso, en ministerios, por ejemplo, en el Ministerio de Gobernación, que controla a la Policía. Esa penetración estatal les da una protección muy grande a los grupos del narcotráfico».
Carolina Duque pone énfasis igualmente en la corrupción. «Esto ya es endémico. El Estado se convierte, a través de la corrupción, en un mercado, si se quiere, donde los funcionarios también participan del negocio del narcotráfico de diferentes maneras», dice, y lamenta que Honduras haya puesto fin al acuerdo de extradición con Estados Unidos.
Políticas infructuosas
A juicio del experto de InSight Crime, «los Estados centroamericanos no solamente no tienen la capacidad de enfrentar a los grupos del narcotráfico, sino que tampoco hay voluntad política, porque en varios países los narcotraficantes han logrado corromper las instituciones estatales.
Yo llevo casi seis años investigando el narcotráfico en Centroamérica y no he visto ninguna política innovadora que haya logrado disminuir la incidencia del narcotráfico en la región», sostiene. Y subraya que «las autoridades suelen enfocarse en incautar y destruir cargamentos y plantaciones de drogas, pero eso no ha llevado a resultados concretos en el largo plazo».
Papadovassilakis aboga por políticas más enfocadas en prevención y no tanto en conseguir incautaciones y capturas. Y llama a mirar, además, qué ocurre en los mercados de consumo: «En Europa y EE. UU., la gente está consumiendo cocaína sin pensar en las consecuencias para países de Centroamérica, que no tienen la capacidad de lidiar con el narcotráfico».
