Al final de la administración de Peña Nieto, los tribunales mexicanos determinaron que la investigación había estado plagada de errores, manipulaciones y no fue imparcial. Además, hubo decenas de casos de torturas.
Todos los países tienen crímenes que los marcan. En México, el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en el sur del país en 2014 es uno de ellos. Han pasado diez años de este suceso y en la investigación del caso ha habido un cúmulo de irregularidades.
Una década después se conocen más detalles del ataque y de su encubrimiento, pero todavía no está claro cuál fue el destino de los alumnos de magisterio de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Las autoridades consideran que fueron asesinados, pero solo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos.
Las familias, con el apoyo de la escuela conocida por su activismo, siguen exigiendo justicia. Aseguran que existe una falta voluntad política para llegar a la verdad porque si el gobierno actual consideró el caso como un “crimen de Estado”, el Estado debe saber qué pasó, por qué y quién oculta información.
¿Qué se sabe de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?
De acuerdo con las autoridades mexicanas, el 26 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel local conocido como Guerreros Unidos en la ciudad de Iguala, Guerrero, cuando tomaban por la fuerza unos autobuses de pasajeros para ir a una protesta.
En la administración del presidente Enrique Peña Nieto (que gobernó de 2012 a 2018), las autoridades dijeron que los jóvenes querían boicotear un evento del alcalde de Iguala, que fue encarcelado por sus vínculos con Guerreros Unidos, y que fueron confundidos por el cártel como miembros de otro grupo criminal.
El gobierno de Peña Nieto dijo entonces que miembros de Guerreros Unidos habían calcinado a los 43 jóvenes haciendo una gran hoguera en un basurero y que luego sus cenizas fueron arrojadas a un río.
La investigación de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, luego, de la actual fiscalía y de la Comisión de la Verdad creada por el gobierno en 2019, confirmaron que la versión del vertedero no era cierta y que fue armada para intentar cerrar en falso el caso con testimonios bajo tortura y manipulación de evidencias.
Las investigaciones posteriores descubrieron que esa noche se puso en marcha un enorme operativo en el que participaron miembros de Guerreros Unidos, pero también policías locales, estatales y federales. Y el ejército estaba al tanto de todo lo que ocurría porque tenía una base en Iguala, además de soldados en las calles y espías entre los estudiantes.
Posteriormente, información procedente de casos judiciales en Estados Unidos vinculó a los militares con el cártel local que traficaba heroína en autobuses a Estados Unidos y el gobierno apuntó a que los estudiantes pudieron tomar por error uno de esos autobuses, que luego se perdió con destino desconocido, y que eso desencadenó los ataques.
La fiscalía dijo que la decisión de ocultar la verdad se había tomado en las más altas instancias del Estado.
El 18 de agosto de 2022, el presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso, Alejandro Encinas, se reunió con los familiares de los estudiantes y dio a conocer los avances de la investigación y aseguró que la desaparición “constituyó un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano”.
Al final de la gestión de Peña Nieto, los tribunales mexicanos determinaron que la investigación había estado plagada de errores, manipulaciones y no fue imparcial. Además, hubo decenas de casos de torturas.
Todas estas irregularidades hicieron que muchos involucrados fueran liberados aunque algunos fueron arrestados durante el gobierno de AMLO.
La mayoría de los enjuiciados son miembros de las fuerzas de seguridad vinculados al ataque o acusados por sus vínculos con Guerreros Unidos. Entre ellos, hay 16 militares.
También hay media docena de funcionarios acusados de haber encubierto el crimen. El de más alto rango es el exprocurador general Jesús Murillo Karam, procesado por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.
El exfiscal general sigue su proceso en arresto domiciliario y la mayoría de los militares lo sigue en libertad lo que ha indignado a las víctimas porque temen que escapen a la justicia.
¿Por qué no avanzó la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en la administración de AMLO?
De acuerdo con Santiago Aguirre, abogado de las víctimas, fue a partir de 2022, justo cuando se multiplicaban las evidencias contra los militares tanto en lo relacionado con el ataque que la situación se complicó.
Hubo una creciente presión política para que se mostraran resultados, dijo Aguirre a AP. La administración presentó algunas pruebas que no parecían proceder de fuentes fiables y las búsquedas del gobierno se volvieron descuidadas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había ordenado abrir todos los archivos militares, pero finalmente no se facilitó la información solicitada.
Según Aguirre, fue por la presión de las Fuerzas Armadas. El mandatario ha dado cada vez más poder a los militares no solo en temas de seguridad, sino administrativos y económicos.
Además, la CIDH denunció el bloqueo del trabajo del fiscal que llevaba el caso, Omar García Trejo, cuando emitió órdenes de captura de una veintena de militares. Eso propició su dimisión y que la investigación quedara en manos de personas que habían sido ajenas al caso durante años.
¿Qué piden las familias de los 43 estudiantes desaparecidos?
López Obrador, que deja la presidencia a finales de mes, insiste en incentivar a los detenidos a que ofrezcan más información sobre el caso.
Los abogados de las víctimas exigen que todas las declaraciones sean confirmadas con pruebas y recuerdan que hay pendientes importantes detenciones.
Una de ellas es la del exjefe de la investigación y alto cargo del entonces presidente Peña Nieto, Tomás Zerón, a quien se vio en varios videos interrogando y amenazando a detenidos. Zerón está refugiado en Israel y México ha pedido su extradición, sin éxito hasta ahora.
Las víctimas también insisten en que entreguen los documentos de inteligencia militar que siguen ocultos y se pida más información a Estados Unidos de los juicios contra Guerreros Unidos que se llevan a cabo en ese país.
¿Por qué sigue vivo el caso Ayotzinapa 10 años después?
En un país con más de 115,000 desaparecidos, este caso sigue recabando atención por el impacto nacional e internacional que tuvo que las víctimas fueran estudiantes y porque en él confluyeron la violencia de los cárteles, su complicidad con autoridades y fuerzas de seguridad de todos los niveles y la impunidad con la que actuaron los involucrados.
Según un reciente informe oficial, es un ejemplo de cómo se repiten estrategias de abusos y la guerra sucia que se dieron en México en la segunda mitad del siglo XX.
