Liliana Alcaraz, Alcaraz, ministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad),habló sobre la evaluación reciente del sistema antilavado en Paraguay, donde señaló “un nivel moderado en sus calificaciones” en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, alertó que esta calificación podría verse afectada si no se implementan de manera efectiva las acciones recomendadas en el informe de evaluación mutua.
En esa línea, la ministra destacó que el seguimiento intensificado al que se somete Paraguay es un proceso en el que se debe “seguir las acciones prioritarias” recomendadas por el organismo evaluador. “Tenemos tareas pendientes y un proceso en el que debemos seguir mejorando”, añadió, destacando la reciente sanción de una ley que busca transparentar las organizaciones sin fines de lucro se alinea con las recomendaciones de Gafilat.
“En la evaluación mutua Paraguay, alcanzó un nivel moderado en sus calificaciones, en sus sistemas de antilavado, y lo ubicó en un proceso de seguimiento intensificado. Tenemos que seguir las acciones prioritarias, que se dividen en 11 puntos.
En algunos se obtuvieron calificación baja, como en la persecución penal al lavado. En otras palabras, tenemos tarea pendientes y un proceso que se debe seguir haciendo mejoras, hasta el año 2028. Gafilat sigue monitoreando si implementamos las acciones prioritarias dadas por el organismo. Eso consiste el seguimiento intensificado”, explicó.
Alcaraz también mencionó que no solo Seprelad es responsable del cumplimiento de dichas recomendaciones, sino que “todas las instituciones, tanto públicas como privadas, deben trabajar en conjunto”. En este contexto, destacó el compromiso del presidente de la República, Santiago Peña con la creación de un sistema robusto que combata el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Recientemente, se emitió un decreto que actualiza el plan de acción para mejorar el sistema antilavado en el país, integrando las recomendaciones del organismo evaluador. “Este decreto establece plazos concretos para que las instituciones implementen las acciones necesarias”, precisó.
