Entre 2005 y 2011 el régimen chavista realizó alrededor de 14 anuncios de emisiones de obligaciones de la República Bolivariana de Venezuela y de Pdvsa con un valor nominal de casi 40 mil millones de dólares, estas emisiones significaron una utilidad cambiaria inmediata de 15,6 mil millones de dólares para los adjudicatarios y compromisos a futuro de casi 83 mil millones de dólares para el estado y Pdvsa, todo a costa de las actuales penurias de los ciudadanos venezolanos, cabe entonces la pregunta ¿Si se materializa la transición a la democracia, debe un nuevo gobierno hacer frente a estas obligaciones?
¿Cómo se estructuraron los bonos del hambre?
Las operaciones con bonos que tuvieron lugar entre 2005 y 2011 consistían en emisiones por parte estado venezolano y su principal empresa, la petrolera, Pdvsa. Dichas emisiones tenían denominación en divisas fuertes, tales como el dólar y el euro, pero se adjudicaban a inversores locales quienes pagaron el contravalor en moneda local – bolívares — luego las emisiones eran registradas en los mercados internacionales pues a toda regla, eran títulos valores soberanos o empresariales en divisas fuertes.
La venta inmediata de las obligaciones, generaba ganancias cambiarias que promediaron el 40 % del valor nominal de las emisiones. Los bonos fueron adjudicados en forma sumamente opaca, resultando que unas pocos bancos y casas de bolsa vinculados al régimen, resultaron beneficiarios del grueso de los títulos. Por otra parte, los rendimientos de las emisiones resultaban en extremo elevados, ponderando el 7,9 % para un plazo promedio de 16 años. Para ilustrar, en agosto de 2010 el estado venezolano emitió bonos globales a 12 años con cupón anual del 12,75 % anual, el rendimiento era entonces 10 % — ¡1.000 puntos base! — por encima del interés que tenían entonces los bonos norteamericanos con plazo similar.
Dada la precaria condición financiera que vive Venezuela, estos bonos del hambre, han dejado de ser honrados. Sin embargo, ante la muy posible transición hacia la democracia y la necesidad de que el país se reinserte en el sistema financiero internacional, será necesario dejar zanjados los problemas causados por el impago de las obligaciones de Venezuela y de su petrolera estatal.
¿Está éticamente justificado el pago de obligaciones contraídas a costa de la miseria de la población y favorables a un pequeño grupo de privilegiados, en su mayoría cercanos el régimen?
La respuesta ética es claramente un rotundo no. Sin embargo, un estado soberano sensato y una empresa estatal que desee seguir en sus operaciones internacionales, deben hacer frente a sus obligaciones. Ahora bien, la moral debe prevalecer en las decisiones y acciones de un futuro gobierno, es así como cabe establecer una alternativa que compagine la calidad de vida futura de los ciudadanos con el cumplimiento de las obligaciones del país.
¿Cuál debe ser la postura de un estado democrático en una futura renegociación de la deuda?
Para compaginar una postura decorosa por parte de un nuevo gobierno con el cumplimiento de obligaciones contraídas en forma indecorosa por acciones del régimen saliente, debe prevalecer un enfoque que garantice que no se pague a personas que se han hecho de los fondos para la adquisición de los bonos en forma inmoral.
Es así como la primera condición de entrada en una renegociación con los acreedores debe ser la demostración de legitimidad de los fondos en toda la cadena de tenencia de los bonos a partir del momento de su emisión.
Es decir, el poseedor de un determinado bono deberá mostrar toda la cadena de tenencia, las empresas o personas que lo mantuvieron, así como los accionistas, directores y apoderados de cada una de estas figuras a partir de la adjudicación original de los títulos, así como los documentos que acrediten el origen de los fondos utilizados por cada uno de los anteriores tenedores.
La no presentación de esta documentación no solamente es justificación para dejar de cumplir con la obligación, más bien debe justificar el emprender acciones legales en contra de quienes posean esas obligaciones.
Por otra parte, el estado debería hacer pública las cadenas de tenencia de los títulos valores, incluyendo accionistas, directores y apoderados en caso de figuras jurídicas para lograr la absoluta transparencia ante la ciudadanía. Este sería un salto cuántico a favor de la nitidez en las finanzas internacionales y un ejemplo a seguir por parte del resto del mundo.
¿Qué debe ocurrir con los tenedores de bonos que demuestren la legitimidad de fondos, pero que no puedan hacerlo a lo largo de toda la cadena de tenencia?
Cuando una persona de buena fe compra un bono a manera de inversión o ahorro, por lo general, lo hace confiando en que se trata de una transacción legítima. Sin embargo, en el caso de Venezuela, los eventos de corrupción y los niveles de riesgo habían sido advertidos en numerosos medios internacionales y por las mismas empresas calificadoras de riesgos que colocaban a Venezuela en categorías de riesgo especulativo o muy especulativo, a sabiendas de las políticas y actitudes del régimen venezolano. Además, sería por demás iluso considerar que los anteriores inversores eran del todo legítimos, quienes han colocado sus fondos en bonos venezolanos definitivamente no son personas desinformadas ni ignorantes en temas de finanzas o en temas de legitimación de capitales. Además, estos inversionistas tienen sin duda, la posibilidad de demandar a quienes les vendieron los bonos o a quienes en algún lugar de la cadena han sido poseedores de títulos valores, afectando sus patrimonios al no demostrar legitimidad.
Mecanismos de pago a los acreedores legítimos
A pesar de las condiciones de los bonos soberanos, los poseedores legítimos que demuestren que han actuado de buena fe y han hecho sus tareas al evaluar que no han sido parte de una cadena irregular de acreedores, deben recibir compensación por las obligaciones de las cuáles tienen posesión.
Para eso, deberá entrarse en un proceso de renegociación donde se logren establecer condiciones que permitan que los flujos de caja de Venezuela, sean suficientes tanto para atender las obligaciones como para hacer frente a importaciones de bienes y servicios esenciales para la población. Además, cabe la posibilidad de convertir las acreencias en inversiones en empresas venezolanas mediante mecanismos de canje de deuda por participaciones accionarias.
Un nuevo modelo de gobierno y de estado, debe partir de una posición ética que se base en la seriedad y en la transparencia ante los ciudadanos y en predicar con el ejemplo, está claro que el exigir la demostración de la legitimidad en la posesión de las acreencias emitidas por el estado venezolano y por Pdvsa es un paso en esa dirección.
ALD/EE
