La presidenta Claudia Sheinbaum informó en su conferencia matutina, “Las mañaneras del pueblo”, que al menos tres investigaciones están activas en la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Estos procesos incluyen delitos como el ingreso ilegal de armas a México bajo el operativo “Rápido y Furioso”, uso indebido de atribuciones y facultades, adjudicación irregular de contratos y lavado de dinero, este último investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Sheinbaum subrayó que, aunque García Luna ya fue sentenciado en Estados Unidos a 38 años de prisión, las investigaciones en México siguen en marcha. “Hay temas jurídicos, denuncias contra el criminal Genaro García Luna en México”, afirmó, refiriéndose a las investigaciones abiertas por su presunta participación en la operación “Rápido y Furioso”, así como en la construcción de centros de detención financiados mediante contratos privados con costos inflados. Además, se examinan los nexos del exfuncionario con actividades de lavado de dinero que involucran a múltiples actores.
Uno de los señalamientos más reveladores fue la reapertura de una investigación relacionada con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio en 1994, donde García Luna ha sido implicado. Según Sheinbaum, la FGR ha encontrado indicios de su participación en el rescate del “segundo tirador”, Jorge Antonio, un agente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Aunque no se ha emitido una orden de aprehensión debido a la decisión de un juez, Sheinbaum aseguró que este es uno de los múltiples casos en los que el exfuncionario podría enfrentar cargos adicionales.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, destacó la importancia de que García Luna también enfrente a la justicia en México por su papel en el operativo “Rápido y Furioso”, que permitió el ingreso de más de dos mil armas ilegales al país. Rodríguez también mencionó su participación en la privatización de penales federales y la adjudicación irregular de contratos millonarios para el equipamiento de los Ceferesos, en los que se investiga la implicación de 61 personas, incluyendo familiares de García Luna.
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, presentó detalles sobre los actos ilícitos de García Luna entre 2009 y 2018, periodo durante el cual se habrían otorgado 30 contratos irregulares por un valor de más de 600 millones de dólares a empresas vinculadas al consorcio del empresario Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Estos contratos, firmados por entidades como la Policía Federal y el Cisen, habrían desviado fondos hacia cuentas en Israel, Barbados y México, operadas por empresas constituidas en Panamá.
Gómez informó que el Estado mexicano ya ha recuperado más de 2 millones de dólares por la venta de inmuebles vinculados a García Luna, además de 15 propiedades aseguradas. Un departamento valuado en 555 mil 800 dólares, propiedad del exsecretario, también está en proceso de venta. México continuará litigando para recuperar recursos adicionales y solicitará formalmente la extradición de García Luna y su esposa, a fin de que enfrenten las acusaciones pendientes en territorio nacional.
Aunque García Luna ya cumple una sentencia en Estados Unidos, el gobierno de Sheinbaum ha dejado claro que no cejará en sus esfuerzos para que enfrente las consecuencias de sus actos en México. “El hecho de que García Luna esté en la cárcel no quiere decir que no haya que solicitar la extradición”, afirmó Pablo Gómez, explicando que cualquier cambio en su situación podría derivar en su entrega a las autoridades mexicanas.
Con investigaciones en curso por crímenes de alto impacto y la posibilidad de nuevos cargos, el caso de García Luna sigue siendo un punto central en la lucha del gobierno por combatir la corrupción y recuperar los recursos públicos desviados durante su gestión.
