El director del Instituto Contra las Drogas, Fernando Ramírez, detalló para Noticias Trivisión un notable aumento en los reportes de operaciones sospechosas en Costa Rica, con un pico de 65 casos en agosto de 2024.
Los casos incluyen transacciones por aproximadamente 17 mil millones de colones y 315 millones de dólares, lo que plantea serias preocupaciones sobre el lavado de dinero en el país.
San José lidera los reportes, especialmente en el cantón de Escazú, seguido de Guanacaste y Limón, provincias que también han visto un alza en actividades sospechosas.
Fernando destacó que la Unidad de Inteligencia Financiera recibe reportes de bancos, casinos, joyeros y otros sujetos obligados cuando detectan movimientos irregulares.
Estas entidades envían informes detallados a la Unidad, que analiza cada caso y remite los más graves al Ministerio Público para investigaciones penales por legitimación de capitales o capitales emergentes.
La reciente reforma de la ley 8204 amplió las posibilidades de persecución, permitiendo ahora procesar a testaferros sin la necesidad de pruebas directas sobre el origen del dinero.
Además, las autoridades han comenzado a monitorear el uso de criptoactivos, que, aunque no pasan por el sistema bancario, son rastreables por la Unidad de Cibercrimen y el Ministerio Público.
Para mejorar el control, se promueve una ley que regularía a los proveedores de servicios de activos virtuales, quienes realizan el cambio de criptoactivos a moneda local, obligándolos a identificar a sus clientes.
