El Tribunal vaticano, en una sentencia de más de 700 páginas, ha ratificado la condena a altos cargos eclesiásticos y financieros involucrados en graves delitos de corrupción y malversación de fondos, subrayando la validez del juicio y la aplicación de todas las garantías procesales.
Entre los delitos destacan las inversiones de riesgo de Mincione, las extorsiones de Torzi y la transferencia de fondos del cardenal Becciu a la cooperativa de su hermano.
(Vatican.news/InfoCatólica) El pasado martes, el Tribunal vaticano presentó un extenso documento de 700 páginas que detalla los fundamentos de su sentencia, originalmente emitida en diciembre de 2023, y que confirma las condenas de casi todos los acusados en un complejo caso de corrupción y malversación de fondos.
La investigación y el juicio, que contaron con 86 audiencias, culminaron con una sentencia que subraya la justicia del proceso y destaca que los acusados recibieron todas las garantías procesales.
El tribunal, presidido por Giuseppe Pignatone, condenó al cardenal Giovanni Angelo Becciu y al financiero Raffaele Mincione por malversación, a Enrico Crasso por autoblanqueo, y a Gianluigi Torzi y Nicola Squillace por estafa agravada, siendo Torzi también culpable de extorsión. Becciu y su colaboradora Cecilia Marogna fueron condenados por fraude agravado. El tribunal destaca que, aunque algunos acusados no buscaran beneficio personal directo, la violación de normas prudenciales y la falta de transparencia en el uso de fondos eclesiásticos fueron determinantes en la sentencia.
Reformas y garantías legales
La sentencia resalta las reformas legislativas implementadas en el Vaticano desde 2010 para adaptarse a estándares internacionales de transparencia. Estas reformas fueron claves para asegurar que quienes operan en el ámbito de la Santa Sede no puedan eludir la justicia. En respuesta a las acusaciones de violación de derechos, el tribunal aclaró que el Vaticano respeta el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, principios que estuvieron presentes en todo el proceso judicial.
El tribunal defendió la decisión del Promotor de Justicia de no presentar ciertos mensajes de WhatsApp debido a que estaban vinculados a otras investigaciones.
La malversación y el papel de Becciu
La sentencia también analiza en profundidad la naturaleza del delito de malversación, aclarando que este delito se configura aunque el acusado no obtenga beneficios directos. En el caso de Becciu, su decisión de invertir fondos eclesiásticos en un arriesgado fondo de Mincione violaba los requisitos de prudencia y la orientación hacia la conservación del patrimonio, principios que exige la normativa vaticana. Becciu, quien propuso la operación basándose en su relación personal con el empresario, omitió los riesgos significativos que esta inversión representaba para la Santa Sede.
La compra del palacio de Londres y la implicación de Torzi
Otro punto relevante es la compra del edificio en Sloane Avenue, Londres, en la que Gianluigi Torzi transfirió acciones a la Secretaría de Estado manteniendo el control de las acciones con derecho a voto. Esta maniobra permitió a Torzi exigir 40 millones de libras adicionales, lo que el tribunal considera una extorsión y una estafa agravada, manipulando a la Secretaría de Estado mediante asesoramiento fraudulento del abogado Squillace, quien también fue condenado.
Fondos a Marogna y la cooperativa de Becciu
Además, se determinó que los fondos de 600.000 euros entregados a Cecilia Marogna, destinados a la liberación de una monja secuestrada en Malí, fueron utilizados en gastos personales. El tribunal concluyó que la ausencia de control y los pagos adicionales a una sociedad de Marogna sin relación con la misión original constituyen una grave falta de transparencia por parte de Becciu.
Por último, se juzgó como malversación la entrega de fondos a una cooperativa administrada por el hermano de Becciu, lo cual violaba las normas canónicas y vaticanas al realizarse sin autorización oficial, aun cuando el dinero se destinaba a proyectos caritativos.
