El Gobierno de Javier Milei ha confirmado su intención de destruir las bases de datos de 300,000 cuentas de argentinos que blanquearon capitales por un total de 19,000 millones de dólares, una medida que podría tener graves implicaciones al facilitar el lavado de dinero y beneficiar indirectamente al crimen organizado, incluido el narcotráfico. Al eliminar estos registros, se reduciría significativamente la capacidad de fiscalización, abriendo la puerta a que fondos de origen ilícito se integren al sistema financiero sin controles adecuados.
Sebastián Domínguez, experto en impuestos y CEO de SDC Asesores Tributarios, criticó esta iniciativa, sugiriendo que la información debería encriptarse en lugar de destruirse, para preservar el secreto fiscal pero permitir una eventual verificación. Domínguez advirtió que los datos deben estar disponibles para investigar casos sospechosos, lo que sería imposible si los registros desaparecen.
Alejandro “Topo” Rodríguez, exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, calificó la medida como “gravísima” y alertó sobre las consecuencias institucionales y legales. Señaló que el presidente no tiene facultades para destruir estos documentos de manera arbitraria, lo que podría incluso constituir un delito al eliminar evidencia de posibles delitos fiscales o financieros.
Rodríguez también advirtió que esta medida enviaría una señal negativa a la comunidad internacional, en un momento en el que otros países refuerzan sus controles contra el lavado de activos. En este contexto, el blanqueo promovido por el gobierno de Milei podría facilitar que fondos provenientes de actividades ilegales se “blanqueen” y circulen sin restricciones, brindando indirectamente una vía de legitimación para el dinero vinculado al narcotráfico y otras organizaciones criminales, lo que haría del discurso de la lucha contra el narcotráfico un simple show para la tribuna.
A pesar de la controversia, el ministro de Economía, Luis Caputo, extendió el plazo para la primera fase del blanqueo hasta el 8 de noviembre de 2024, debido a inconvenientes técnicos. Las fases subsiguientes se extenderán hasta mayo de 2025, lo que permite que nuevos contribuyentes regularicen sus activos bajo el actual régimen de blanqueo.
