- El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la jueza Loretta Preska que rechace el pedido de los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF, quienes quieren recibir la sentencia de US$16.000 millones en acciones de la petrolera argentina.
- Este documento de Estados Unidos argumenta que el pedido de “turnover” de las acciones de YPF viola las normas de inmunidad soberana, dado que las acciones están registradas en Argentina y no en Estados Unidos.
- La presentación se realizó a un día de las elecciones en EE.UU., donde resultó electo Donald Trump, y podría influir en futuras relaciones diplomáticas.
- Los demandantes, Burford Capital y Eton Capital, habían solicitado embargar las acciones de YPF como garantía de pago mientras Argentina apela el fallo en Nueva York.
- Según expertos, esta intervención del Departamento de Justicia abre la puerta a una reciprocidad que podría impactar en otros activos estadounidenses en el extranjero.
¿Qué implica el pedido de Estados Unidos a la jueza Loretta Preska?
El Departamento de Justicia estadounidense intervino en el caso, a través de un “amicus curiae”, solicitando a la jueza Preska que rechace el pedido de Burford y Eton Capital de embargar las acciones de YPF como forma de pago. Argumentan que una orden judicial que requiera la entrega de estas acciones violaría las leyes de inmunidad soberana de EE.UU., dado que estos activos están en Argentina y no en territorio estadounidense.
¿Cuál es la posición de los demandantes en este juicio?
Burford Capital y Eton Capital, quienes ganaron el fallo en primera instancia, solicitan que Argentina pague los US$16.000 millones con un tercio de las acciones de YPF. Esta demanda surgió a partir de la expropiación de YPF en 2012 por el gobierno de Cristina Kirchner, que, según los demandantes, violó el estatuto de la empresa que obligaba a lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para proteger a los accionistas minoritarios.
¿Qué consecuencias legales y diplomáticas podría tener el rechazo a este pedido?
La posición de Estados Unidos en este caso sienta un precedente importante, ya que podría permitir una reciprocidad en casos futuros donde Argentina, u otro país, requiera el embargo de activos estadounidenses en el extranjero. Además, según analistas, si la jueza Preska sigue la recomendación, el fallo de indemnización no se vería afectado, pero sería más complejo para los demandantes cobrarlo mediante activos soberanos en Argentina.
¿Qué otros elementos están en juego en el caso?
Además del embargo de acciones, Burford también intenta demostrar que el Estado argentino y YPF son un “alter ego”, lo que permitiría ejecutar activos soberanos para cubrir la deuda. Esta es una cuestión que aún debe resolver la jueza Preska. Mientras tanto, Argentina apeló el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analizará si el fallo fue correcto y si se respetaron las normas de inmunidad soberana.
¿Cómo afecta el contexto político en EE.UU. a este caso?
El respaldo del Departamento de Justicia a la postura argentina se formalizó justo después de las elecciones presidenciales en EE.UU., donde Donald Trump fue reelecto. Este cambio en la administración podría influir en el tono de las relaciones diplomáticas y, eventualmente, en otros casos judiciales que involucran intereses argentinos en el exterior.
¿Por qué es tan relevante este juicio para Argentina?
La causa de YPF es el mayor juicio en el exterior al que se enfrenta Argentina y, según expertos, podría afectar directamente el programa económico de Javier Milei. Además, la exposición mediática de este caso, sumado a otros litigios en marcha, podría complicar la estrategia de negociación de deuda del gobierno argentino, dado el potencial “tsunami” de juicios internacionales que advierte la prensa.
Cómo sigue
El caso de YPF continúa con varias etapas legales y pendientes. La jueza Loretta Preska deberá analizar la recomendación del Departamento de Justicia y resolver sobre el pedido de embargo de las acciones de YPF. En paralelo, el juicio avanza en la Corte de Apelaciones de Nueva York, que tiene la última palabra sobre la apelación de Argentina respecto al fallo original. La resolución en esta instancia podría demorar hasta 2025.
A mediano plazo, la recomendación de Estados Unidos podría establecer un precedente sobre la inmunidad soberana de activos ubicados fuera de la jurisdicción de EE.UU., lo que complicaría futuros intentos de embargo por parte de demandantes extranjeros.
Además, el cambio en la administración estadounidense tras el triunfo de Trump podría influir en la postura del país respecto a futuros litigios internacionales en los que Argentina esté involucrada.
