Desde el amanecer, la ciudad blanca de Arequipa, en Perú, famosa por su arquitectura colonial y su imponente volcán Misti, enfrenta un caos creciente.
Las calles, históricamente tranquilas y seguras son escenario de marchas y protestas, mientras las autoridades parecen incapaces de controlar la ola de criminalidad. Organizaciones delictivas, extorsionadores y sicarios operan con una aparente impunidad, sumiendo a la población en un clima de miedo y desesperación.
Según el dominical ‘Contracorriente’, este fenómeno de violencia alcanzó niveles alarmantes. En lo que va de este año, Arequipa registró la tasa de victimización más alta desde 2015, superando el 36.44%. Con este panorama, se convirtió en la tercera región más afectada por la criminalidad en Perú.
Marchas en defensa de la vida en Arequipa
La situación causó una respuesta contundente por parte de la ciudadanía. Esta semana, miles de arequipeños tomaron las calles exigiendo el fin de la violencia. En las manifestaciones, no solo demandaron una mayor seguridad, sino que también expresaron su rechazo a la muerte y el terror que las bandas criminales imponen a la vida cotidiana de la ciudad.
“Estamos marchando en defensa de la vida, contra la muerte y el terror que impone la delincuencia en nuestro pueblo”, expresó uno de los participantes, mientras que otro agregó con indignación: “No permitiremos más derramamiento de sangre”.
Cifras alarmantes
Según el informe del Ministerio Público (MP), Arequipa experimentó una notable escalada en los crímenes organizados, particularmente en lo relacionado con la extorsión. Las cifras oficiales revelan que, solo en el primer semestre del año, las denuncias por extorsión aumentaron de manera alarmante.
A pesar de los desafíos, el MP dio señales de lucha contra estos grupos criminales. En septiembre, la fiscal Rosmery Mendoza, al mando del equipo fiscal contra el crimen organizado, logró que los cabecillas de ‘Los Gallegos’, una de las organizaciones más violentas de la región, fueran enviados a prisión preventiva.
No obstante, la Fiscalía sigue de cerca a ‘Los Ladrillos Sindicales del Sur’, una red que extorsiona a más de 29 constructoras mediante la paralización de obras y el cobro de cupos y salarios para trabajadores inexistentes.
Víctimas en la construcción civil
Luis Álvarez, un hombre con 38 años de experiencia en la construcción civil, es uno de los miles de afectados por extorsión. La víctima relató cómo los delincuentes paralizaron obras, cobrado por trabajos no realizados e incluso agredido a quienes se resisten a pagar.
“Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar. Si no pagamos, nos amenazan y hasta nos golpean“, expresó, destacando que, a pesar de los riesgos, muchos prefieren no denunciar por el miedo a represalias.
La extorsión en Arequipa no solo afecta la seguridad, sino también frena la economía, impactando especialmente a su importante industria minera.
