Según el informe de GAFILAT 2022-2023, se registraron más de 460 sentencias condenatorias relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en la región. Estas cifras reflejan la magnitud del problema y la complejidad de las tipologías empleadas por organizaciones criminales.
México ocupa el lugar número 16 entre 155 países evaluados, en desempeño de la lucha contra estos delitos. Esta posición refleja tanto los avances como los desafíos que enfrenta el país en la implementación de sistemas efectivos para combatir el lavado de dinero.
Las tipologías más detectadas incluyen el uso de testaferros, la creación y utilización de personas y estructuras jurídicas, el transporte ilícito de dinero a través de fronteras y el fraccionamiento de dinero como mecanismo de estratificación. Las cuentas bancarias y el efectivo son los productos más utilizados para lavar ganancias ilícitas.
Los bancos siguen siendo el sector más vulnerado para lavar activos en la región, representado por el 28%. El resto de las entidades financieras con un 10%, el sector de notarios con 8% y las casas de cambio y el sector de automotores con el 4%.
Los productos más utilizados por los delincuentes y organizaciones criminales para lavar activos en la región fueron:
a) El efectivo y las transferencias bancarias con un 14%
b) Transferencias nacionales e internacionales de otras entidades financieras 11%
c) Cheques 10%
d) Activos virtuales o criptomonedas 3%
e) Remesas 3%
La facilidad que ofrecen las plataformas digitales para realizar transacciones puede ser aprovechada por delincuentes para ocultar actividades ilícitas. Es crucial que las instituciones financieras implementen medidas robustas para mitigar estos riesgos y asegurar un entorno seguro.
La región pierde anualmente $335 mil millones debido a la evasión fiscal, cifra equivalente al 6.3% de su PIB, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El impacto social también es considerable, además de los perdidas, con la trata de personas generando $236 mil millones anuales, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), afectando principalmente a mujeres y niños sometidos a explotación y trabajos forzados.
La corrupción deteriora la confianza en las instituciones, ya que más del 66% de los países de América Latina obtienen puntuaciones inferiores a 50 en el índice de percepción de la corrupción, según transparencia internacional.
La digitalización de los servicios financieros ha transformado la manera en que los individuos y las empresas gestionan sus recursos. Sin embargo, también ha generado nuevas oportunidades para el lavado de activos. Los medios de pago digitales de entidades no financieras, son uno de los mecanismos más utilizados para ocultar fondos ilícitos debido a su rapidez y anonimato.
Además, la falta de armonización regulatoria entre países permite que se aprovechen las brechas en los controles de monitoreo y cumplimiento. Por otro lado, los activos virtuales o las criptomonedas, han ganado popularidad por su descentralización y anonimato, lo que los hace atractivos para actividades ilícitas.
En 2022-2023, el informe de GAFILAT identificó un aumento en el uso de activos virtuales para actividades ilícitas, destacando su vinculación con actividades como la extorsión, el financiamiento del terrorismo, entre otras. La diversificación de activos virtuales o las criptomonedas, tokens no fungibles (NFTs) y plataformas de intercambio descentralizadas (DeFi), entre otros.
En conclusión, es evidente que se requiere una respuesta coordinada y el desarrollo de marcos regulatorios efectivos para prevenir el abuso de estas tecnologías. El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo siguen siendo una amenaza latente para América Latina, afectando tanto su estabilidad económica como su cohesión social. Aunque los avances son alentadores, es crucial que se fortalezcan los sistemas regulatorios y preventivos para enfrentar esta problemática de manera eficaz.
