La ola de estafas asociada a la dana ha obligado al Consorcio de Compensación de Seguros a reforzar sus protocolos de seguridad. Desafortunadamente, la tragedia ha atraído a delincuentes que han intentado aprovecharse de la situación, presentando falsas reclamaciones por vehículos robados y suplantado identidades para cobrar indemnizaciones.
Estas acciones fraudulentas han obligado a las aseguradoras a redoblar esfuerzos para verificar la autenticidad de cada solicitud, a fin de garantizar que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan.
¿Cuál es el plan de acción?
Ante la mayor catástrofe natural de España, el Consorcio de Compensación de Seguros se enfrenta a una avalancha de solicitudes. Con más de 223.000 expedientes en trámite y pagos que superan los 433 millones de euros, la entidad trabaja a contrarreloj para atender a los afectados. Aunque el ritmo de pagos representa un 12% del total estimado de daños (3.500 millones de euros), las autoridades aseguran que se están destinando importantes recursos para acelerar el proceso.
Superando todos los récord de catástrofes naturales
Las indemnizaciones por los daños causados por el volcán de La Palma han superado con creces el récord histórico de las inundaciones de Bilbao en 1983. Mientras que Bilbao sufrió pérdidas valoradas en mil millones de euros, la erupción volcánica ha generado reclamaciones por más de tres veces esa cantidad. Este nuevo desastre natural ha puesto a prueba de manera excepcional el fondo para catástrofes del Consorcio, que aún se encuentra procesando decenas de miles de solicitudes en Valencia, solo dos años después de haber abordado el pago de las indemnizaciones por la erupción canaria.
¿Cómo ha sido la DANA?
Ante la magnitud de los daños causados por la dana en Valencia, el Consorcio ha unido fuerzas con las aseguradoras agrupadas en Unespa. Esta alianza estratégica permitirá agilizar la valoración y tramitación de las indemnizaciones. Gracias a la colaboración de los peritos de ambas entidades, se espera reducir significativamente los tiempos de respuesta y ofrecer una atención más eficiente a los afectados.
La frustración de los afectados
Un testimonio de los más impactantes, recogido por El Confidencial. José, propietario de un vehículo con seguro a todo riesgo, sufrió los embates de una inundación en un polígono industrial de Riba-roja. A pesar de actuar con rapidez para recuperar su coche y iniciar los trámites con su aseguradora, el proceso de indemnización se ha prolongado más de lo esperado. La primera oferta, basada en una peritación inicial, quedó muy por debajo de sus expectativas.
Tras enviar nuevas pruebas y solicitar una segunda evaluación, finalmente obtuvo una compensación mayor. Sin embargo, incluso después de aceptar la oferta, José aún espera recibir el pago. Esta demora ha generado una gran frustración y ha obligado al afectado a adquirir un nuevo vehículo mediante financiación, mientras espera recuperar parte del dinero invertido a través de las indemnizaciones y las ayudas públicas.
¿Cuál es el fondo del problema?
La localización del vehículo en cuestión es una excepción a la regla en medio de una crisis de gestión de miles de automóviles siniestrados. Estos vehículos, acumulados en grandes explanadas, esperan peritaje mientras la Generalitat busca desesperadamente acuerdos con desguaces. La falta de un destino final complica la evaluación de cada unidad, ya que muchas han perdido sus placas de identificación.
Esta situación genera un serio problema ambiental, pues los vehículos contienen sustancias tóxicas como aceites y gasolina. Ante esta problemática, ayuntamientos como Paiporta han solicitado el traslado de los coches a zonas más alejadas, previniendo así un largo proceso de gestión y minimizando los riesgos para la salud y el medio ambiente.
¿Cómo afecta la situación a los comerciantes?
Los comerciantes de Alicante, Castelló y València, representados por Confecomerç, están sufriendo retrasos injustificables en la recepción de las indemnizaciones por los daños causados por la dana del pasado octubre. Esta situación está asfixiando a numerosos negocios, que ven comprometida su recuperación y se ven obligados a paralizar su actividad por falta de liquidez.
Las pequeñas empresas, representadas por Confecomerç, están sufriendo retrasos significativos en la recuperación de sus pérdidas tras siniestros totales. Las aseguradoras están exigiendo trámites burocráticos innecesarios, como presupuestos detallados, y están infravalorando equipos esenciales.
¿Cuál es el impacto económico?
Las exigencias de los bancos
La exigencia de avales por parte de los bancos se ha convertido en el último obstáculo para la recuperación de los comerciantes afectados por los siniestros. A pesar de los acuerdos alcanzados para adelantar las indemnizaciones, las entidades financieras están imponiendo requisitos imposibles de cumplir, como garantías inmobiliarias o avales personales de los propietarios.
Esta situación está dejando a muchos pequeños negocios al borde de la quiebra, ya que no pueden hacer frente a los gastos corrientes mientras esperan a recibir las ayudas prometidas. Confecomerç ha denunciado en numerosas ocasiones esta situación, advirtiendo de las graves consecuencias que está teniendo para el tejido empresarial.
