El aumento de la producción de cocaína generó US$25 mil millones adicionales en ganancias para el crimen organizado transnacional en 2024, garantizando una mayor sofisticación criminal y penetración estatal que, combinada con una nueva administración de Trump, tendrá profundos efectos en la dinámica criminal en América Latina y el Caribe en 2025.
Solo en Colombia, la producción de cocaína aumentó hasta 1.000 toneladas. Un kilogramo de cocaína al por mayor cuesta unos US$25.000, lo que significa que el comercio de cocaína generó aproximadamente $66,6 mil millones este año, mucho más que los $43,6 mil millones de 2023. Aunque las drogas sintéticas han acaparado los titulares, es la cocaína la que sustenta el crimen organizado latinoamericano y sigue siendo el acelerador criminal por excelencia.
Transformó a Pablo Escobar de pequeño contrabandista en el criminal más poderoso del planeta en poco más de una década. Convirtió a los grupos criminales mexicanos en una “insurgencia criminal” y a la ‘Ndrangheta italiana en la mafia más poderosa de Europa. Ahora está dando a la mafia albanesa un impulso sin precedentes.
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Para dar una idea de la magnitud del aumento de la producción de cocaína, solo el incremento de 1.000 toneladas en 2023 es el doble de lo que produjo Colombia en todo 2015. Si a esto le añadimos aumentos menores en los otros dos grandes productores de cocaína, Bolivia y Perú, y la aparición de plantaciones de coca a escala industrial en Ecuador, Honduras, Guatemala y Venezuela, nos encontramos ante la mayor bonanza de cocaína de la historia. Se han registrado incautaciones récord en todo el mundo, incluida Colombia, pero no están a la altura de la producción.
El año pasado hablamos del fogonazo que se produjo entre la producción de cocaína y las cadenas de suministro. Ahora, las organizaciones de tráfico de drogas (OTD) colombianas, brasileñas y mexicanas han cerrado esa brecha, aumentando el volumen de cocaína que pueden manejar y desarrollando nuevas rutas de salida de la región, hacia países que hasta ahora habían escapado a la narco violencia, como Costa Rica, Uruguay y Chile.
Sin embargo, son las relaciones entre las OTD latinas y las mafias europeas las que realmente han transformado el negocio de la cocaína, presagiando la evolución de una nueva generación de redes criminales globales. Las mafias italianas, holandesas y de los Balcanes son las más prolíficas y ahora operan en las primeras fases de la cadena en América Latina, negociando los envíos de cocaína en su origen y consiguiendo para sí mismos una mayor parte de las ganancias. Mientras tanto, Europa ha superado a Estados Unidos como el mayor mercado mundial de cocaína. A medida que la Unión Europea y el Mercosur de Suramérica avanzan en la firma de un acuerdo de libre comercio, es de esperar que más drogas crucen el Atlántico.
Estas redes no solo abastecen al mercado europeo. Están explorando nuevos destinos en Asia y Oceanía. Esta diversificación de los mercados –junto con la creciente pureza de la droga– ha garantizado que los precios de la cocaína se mantengan estables a pesar de la oferta récord. Con el aumento de los impuestos sobre el alcohol en gran parte de Europa, la cocaína ya no es la droga preferida de los ricos, sino que ha llegado a un mercado más generalizado, ampliando su disponibilidad y atractivo.
Sin embargo, la cocaína no es la única economía ilegal en auge en la región. Los precios récord del oro están alimentando un frenesí de minería ilegal en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, despojando los cauces fluviales que bañan la Amazonía y dejando tras de sí el envenenamiento por mercurio y paisajes lunares. La agitación política alimentada por el crimen organizado está provocando migraciones masivas. A los cerca de ocho millones de venezolanos que han abandonado su país se suman colombianos, ecuatorianos y haitianos que también huyen de la violencia y la extorsión, la mayoría hacia el norte para reclamar un pedazo del sueño americano. Los traficantes y tratantes de personas registran flujos y ganancias récord.
Ya hemos explorado cómo la resistencia al crimen organizado se debilitó en la región durante el 2024. Con ingresos y recursos récord, es de esperar que los ataques criminales a la democracia sean aún más intensos en 2025, a medida que los grupos criminales traten de penetrar aún más en los Estados para proteger y facilitar sus operaciones. Es probable que más zonas de la región caigan bajo la gobernanza criminal, donde los actores ilegales asumen muchas de las funciones del Estado, incluida la provisión de seguridad, justicia, el establecimiento de normas de convivencia y la imposición de “impuestos”.
La delincuencia organizada transnacional solo puede enfrentarse de forma efectiva con respuestas internacionales. Así pues, la necesidad de cooperación regional y mundial para luchar contra las crecientes redes criminales mundiales aumentará aún más en 2025. Las ofensivas policiales como la Operación Orión, encabezada por Colombia y en la que participan 62 países, deben convertirse en la norma y no en la excepción.
Tradicionalmente, ha sido Washington quien ha liderado la lucha contra el Crimen Organizado Transnacional (COT) en la región, desarrollando una estrategia regional y presionando a los países para que cooperen. Sin embargo, las dos últimas administraciones han perdido influencia en la región y, sin la participación entusiasta de Colombia, México y Brasil, una estrategia regional es prácticamente imposible.
Esto nos lleva a la segunda administración Trump. A primera vista, podría haber buenas noticias para América Latina y el Caribe, ya que los dos principales candidatos al Departamento de Estado son especialistas en América Latina: Marco Rubio, tres veces senador por Florida e hijo de migrantes cubanos, como secretario de Estado, y Christopher Landau, exembajador en tres países latinoamericanos, como vicesecretario.
Sin embargo, aunque parece que los expertos en Latinoamérica dominarán las altas esferas de la política exterior de Trump, la retórica del presidente electo no parece diseñada para mejorar la cooperación regional. Las amenazas de imponer aranceles del 25% a México, las deportaciones masivas y el uso del ejército contra los carteles no contribuyen a tranquilizar a los países de la región sobre la posibilidad de que esta administración busque un mayor compromiso y cooperación.
La migración fue un factor significativo en la victoria de Donald Trump en las elecciones y será una prioridad para el gobierno entrante, así como un factor determinante en las relaciones entre Washington y las naciones latinoamericanas. Una administración Trump puede estar dispuesta a pasar por alto consideraciones de derechos humanos y contrapesos democráticos si los países cooperan en la contención de la migración hacia Estados Unidos.
Es probable que otros dos temas dominen las relaciones de Estados Unidos en la región y tengan un impacto en la dinámica criminal: Venezuela y China.
Durante la primera administración Trump se adoptó una línea dura contra Venezuela, se aplicaron sanciones y se ejerció la “máxima presión” sobre el régimen de Nicolás Maduro. Los intentos del presidente Joe Biden de dialogar con Maduro dieron como resultado una represión sin precedentes de la oposición política y en unas elecciones que casi con toda seguridad fueron robadas, lo que revela que no se puede confiar en que Maduro cumpla ninguna de las promesas que hace.
Es difícil exagerar la creciente importancia de Venezuela en términos criminales. El régimen de Maduro, que probablemente permanecerá otros seis años en el poder, es el ejemplo más sofisticado del crimen organizado incrustado en el Estado en la región. Aliado con grupos criminales, tanto colombianos como venezolanos, el Estado regula las economías criminales, desesperado por las divisas que le proporcionan para sobrevivir en medio del creciente aislamiento y las sanciones internacionales.
Una de las bandas criminales más violentas y de más rápida expansión de la región es el Tren de Aragua de Venezuela, que ha seguido a los millones de migrantes venezolanos en su búsqueda de nuevas oportunidades, aprovechándose de ellos en cada paso del camino. La llegada del crimen organizado venezolano a Estados Unidos, aunque ligeramente fabricado, se convirtió en un tema durante la reciente elección presidencial.
Limítrofe con Colombia y los centros de producción de cocaína, Venezuela se ha convertido en uno de los principales países de tránsito de la droga, enviando cocaína al Caribe y a través de África Occidental. El oro venezolano es un componente crucial para la supervivencia económica del régimen de Maduro, así como el uso de intermediarios ilegales para vender petróleo, violando las sanciones.
Venezuela se ha convertido en un centro de criminalidad regional, una situación que seguramente empeorará durante 2025, con implicaciones para sus vecinos, especialmente Colombia, donde la política de “Paz Total” del presidente Gustavo Petro está condenada al fracaso, en gran parte porque Venezuela protege a los grupos guerrilleros colombianos.
Es probable que una guerra económica contra China, de nuevo centrada en los aranceles, sea una característica de una segunda administración Trump. Esto podría tener un impacto en América Latina y su dinámica criminal. Marco Rubio ha demostrado ser muy duro con China, así como con Venezuela, al igual que el asesor de seguridad nacional propuesto por Trump, Mike Waltz.
En la última década, China ha incrementado su compromiso con América Latina y el Caribe a través de su iniciativa “Franja y Ruta” y su insaciable apetito por materias primas agrícolas y minerales. En noviembre de 2024, el presidente Xi Jinping inauguró en Chancay, Perú, un nuevo puerto de aguas profundas con un valor de miles de millones de dólares, el último en sumarse a los cerca de 40 puertos que China administra en la región, bienes inmuebles cruciales para el COT.
El papel de China en el crimen organizado en América Latina y el Caribe es notable y muy poco conocido, con la excepción del comercio de fentanilo, cuyos precursores suelen proceder de China. Pero las flotas pesqueras chinas son algunas de las mayores responsables de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR). China también desempeña un papel destacado en otros delitos contra el medioambiente, como la extracción de aletas de tiburón, la tala ilegal de maderas nobles y el comercio de garras y dientes de los grandes felinos que deambulan por la selva amazónica.
China es una de las principales fuentes de lavado de dinero basado en el comercio en la región, y el crimen organizado chino desempeña un papel importante en el contrabando y la trata de personas. China no extradita a sus ciudadanos ni coopera en las investigaciones sobre las actividades delictivas de sus ciudadanos en el extranjero, lo que proporciona una capa de protección a la delincuencia organizada china. Cualquier presión sobre China para que aborde estas cuestiones podría tener profundas implicaciones para el COT en la región.
“No creo que los chinos estén apurados por ayudar a Estados Unidos en cuestiones criminales”, afirmó Evan Ellis, profesor de investigación de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos y experto en la influencia china en América Latina y el Caribe. Pero, dijo, “hay un gran problema con el lavado de dinero basado en el comercio. El crimen organizado chino no solo está implicado en el tráfico y la trata de personas en la región, sino también en la banca clandestina y en ayudar a la gente a sacar su dinero de China. Todas estas nuevas formas de lavado de dinero, junto con el papel de China en la minería ilegal, recibirán más atención bajo la administración Trump”.
Parece probable que la administración de Trump adopte una línea más dura con Venezuela y China, y presione a los países latinoamericanos en materia de migración y COT en la medida en que amenacen directamente a Estados Unidos. Sin embargo, es poco probable que esto se traduzca en una estrategia regional integrada para reducir el crimen organizado como uno de los principales motores de la migración, y la mayor amenaza para la democracia y la gobernabilidad en la región.
Las economías ilegales, y, por tanto, las ganancias criminales, en América Latina y el Caribe van a aumentar durante 2025, lideradas por las redes de tráfico de cocaína, oro y personas, que se superponen y representan una amenaza para la seguridad mundial. Con “América primero”, la inestabilidad política en aumento, las autocracias en Cuba, Nicaragua y Venezuela, un estado fallido en Haití y el caos político en Guatemala, Perú y Bolivia, la lucha regional contra el COT es una prioridad política cada vez menos importante en el hemisferio occidental. Nada le gusta más al crimen organizado transnacional que la división, el caos político, las ganancias extraordinarias y las grandes oportunidades. El 2025 ofrece todo esto.
