El 28 de marzo anterior se entregó la Hacienda Fénix, en Pérez Zeledón, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en condición de administración y estará a cargo de la regional siete de la Fuerza Pública
La información fue confirmada por el departamento de prensa de esa institución tras una consulta realizada por TV Sur.
El descuido del inmueble situado en Pedregoso de Pérez Zeledón es fácilmente constatable.
La hacienda fue uno de los bienes que le fueron decomisados a un sujeto de apellido Segura, alias «Narizón», quien al parecer lideraba una banda dedicada al lavado de dinero.
De acuerdo con el director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fernando Ramírez, la regional de la Fuerza Pública tendrá que asegurarla y darle el mantenimiento respectivo.
Precisamente, el 11 de diciembre pasado se realizó el acto de puesta en posesión al Estado de la propiedad, valorada en ¢2.000 millones y perteneciente a dos sociedades anónimas, cuyo beneficiario final Segura.
A él, la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial le atribuye el liderazgo de una organización criminal dedicada al lavado de dinero en el caso policialmente conocido como Fénix.
La diligencia se realiza mediante la figura de depósito judicial a favor del Instituto sobre Drogas, luego de que el órgano fiscal así lo solicitara al Juzgado Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO).
Dicha hacienda tiene una extensión de 30 hectáreas y en su momento fue inspeccionada por un juez, un fiscal, personal de la Policía Judicial y de la Fuerza Pública.
En el acto se realizó la revocatoria del nombramiento de depositario actual, a un hermano del imputado y se levantó un acta para poner el inmueble a disposición del Estado, para custodia y administración, que ahora, a su vez, hizo entrega a manera de préstamo a la Fuerza Pública.
Gigantesco caso
Junto a Segura figuran como acusadas y encaran juicio 26 personas, entre ellas, profesionales en Derecho y Ciencias Económicas, así como funcionarios bancarios.
Al grupo se le vincula con el uso de dinero proveniente del narcotráfico, con el cual la organización supuestamente adquirió bienes de interés económico e invirtió en negocios de apariencia legal, para presuntamente legitimar las ganancias ilícitas.
De acuerdo con la prueba recabada, las actividades ilegales se desarrollaron entre el 2015 y el 2022, y generaron un patrimonio ilícito de aproximadamente $17 millones.
El caso de legitimación de capitales es el más grande en la historia del país, según el Ministerio Público.
