Una reciente investigación por lavado de dinero en Costa Rica, valorada en varios millones de dólares, muestra cómo el gobierno está intentando frenar la creciente violencia asociada al narcotráfico, atacando directamente sus ganancias.
El pasado 28 de febrero, el Ministerio Público de Costa Rica inició la acusación formal de 25 personas por lavar ganancias del narcotráfico estimadas en unos US $17 millones, en lo que se denominó como el «Caso Fénix». Dentro de los bienes incautados por las autoridades se encuentran propiedades, restaurantes y barberías, además de dinero en efectivo, vehículos de lujo, ganado y caballos.
Según los reportes oficiales, la red criminal habría utilizado los dos métodos de lavado de dinero más comunes a nivel local: invertir en economías con alta liquidez, como el sector inmobiliario y la ganadería; y adquirir empresas fachada, como restaurantes o barberías, para simular ingresos y depositar el dinero en cuentas bancarias locales.
La investigación Fénix comenzó en 2019 y condujo a la captura en Panamá, en 2022, del presunto líder de la red de lavado de dinero, José Giovanni Segura Angulo, alias “Narizón”. Según las autoridades, Narizón estaba a cargo tanto del tráfico de drogas como del lavado de dinero al servicio del Cartel del Golfo de México. Además, fueron imputados representantes bancarios, funcionarios municipales y abogados, quienes habrían sido clave en el engranaje criminal del esquema.
Fénix se perfila como uno de los casos de lavado de dinero más importantes registrados en Costa Rica, y sugiere que, a medida que el narcotráfico ha aumentado en el país, los grupos criminales locales también han fortalecido su capacidad para lavar las ganancias ilícitas.
“Entre más participen en la contienda de expandir el mercado y de crecimiento estructural de estos grupos criminales, lógicamente van a generar más ingresos y esto los hace cada día más fuertes. Y es lo que en Costa Rica estamos viendo últimamente”, dijo Gustavo Mata, exministro de Seguridad Pública del país, en entrevista con InSight Crime.
En 2024, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) reportó la incautación de más de 26 toneladas de cocaína, una cifra levemente superior a años anteriores. El récord de decomisos —más de 47 toneladas— se alcanzó en 2020, año en el que, según las autoridades, se blanqueó buena parte de las ganancias vinculadas al Caso Fénix.
El Caso Fénix no solo es emblemático por exponer los métodos de lavado de dinero a nivel local, sino por representar una advertencia a las redes criminales locales que ofrecen servicios de lavado a estructuras criminales transnacionales.
En su edición de 2024, Costa Rica obtuvo la calificación más alta de Centroamérica en el Índice Antilavado de Dinero del Instituto de Basilea para la Gobernanza. En enero de 2025, la Unión Europea retiró al país de su “lista negra” de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal, en reconocimiento a ciertos avances en gobernanza tributaria y cooperación con autoridades internacionales, avances que su vecino Panamá aún no ha logrado consolidar.
Estos logros son resultado de reformas implementadas en años anteriores. En 2015, Costa Rica fortaleció los controles sobre transacciones sospechosas y redefinió con mayor precisión el delito de lavado de dinero en su Código Penal, siguiendo recomendaciones de un organismo regional. Un informe de seguimiento publicado en 2024 determinó que el país cumplía total o mayoritariamente con 37 de los 40 criterios necesarios para un marco legal antilavado adecuado.
Sin embargo, estos avances institucionales contrastan con una creciente crisis de seguridad. El país enfrenta niveles récord de homicidios, que las autoridades atribuyen a enfrentamientos entre grupos criminales por el control de rutas del narcotráfico. En 2023, la tasa de homicidios llegó a 17,2 por cada 100.000 habitantes, un incremento del 38% respecto al año anterior.
Ubicado entre el Norte y Sur de América, Costa Rica se ha convertido en un punto estratégico para el tráfico internacional de drogas, lo que ha generado una creciente demanda de servicios locales de lavado de dinero. Para las redes criminales locales, ofrecer este tipo de servicios a grupos criminales más grandes representa una fuente importante de ingresos. Según expertos, en algunos casos estos pagos se realizan en especie, es decir, en drogas, en lugar de dinero.
“Tenemos mini carteles, compuestos únicamente por ciudadanos costarricenses […], que están al servicio de grandes carteles internacionales. Ofrecen sus servicios no solo para lavar dinero, sino también para almacenar y mover cocaína”, puntualizó Mata.
Datos del ICD indican que el 68% de las transacciones sospechosas están vinculadas a ciudadanos costarricenses y no a extranjeros.
El caso Fénix podría representar una victoria significativa para las autoridades si logran confiscar de manera definitiva los bienes involucrados, señaló el analista de seguridad Daniel Chinchilla.
“En un caso anterior, se condenó a un gran narcotraficante, pero todo el dinero y todos los bienes le fueron devueltos porque no se pudo probar en el juicio que el dinero era producto del narcotráfico”, explicó Chinchilla.
Imagen principal: Captura de José Giovanni Segura Angulo, alias “Narizón”, y de otros dos sospechosos en Panamá en 2022, acusados en el Caso Fénix. Crédito: Gobierno de Panamá.
