El Gobierno de Javier Milei ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos.
El poder Ejecutivo explicó que el esquema actual “superpone la actividad” de la UIF y del Ministerio Público Fiscal “con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar”.
La medida fue dispuesta a través del decreto 274/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Detalles de la medida del Gobierno sobre la intervención de la UIF
El texto hace referencia a que “el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y sus delitos conexos son fenómenos de criminalidad compleja que afectan la integridad del orden económico-financiero, tanto nacional como internacional”.
En tanto, el decreto advierte que estos delitos “evolucionan constantemente, no solo en sus formas de comisión, sino también por los medios utilizados a tal fin y por los actores involucrados que en ellos participan”.
Además, indica que los consejos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) representan “un sistema completo y consistente que los países miembros deben implementar para combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
En este sentido, cita un informe que “establece acciones concretas que el país debe adoptar, a fin de fortalecer el sistema nacional de lucha contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Y respecto a la Argentina, dice que “debe reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa”.
DW
