Óscar Tuma, en representación de la familia del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gómes, presentó este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de juicio político contra el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández.
Tras conocerse el dictamen del Ministerio Público que resolvió archivar la denuncia por la muerte del diputado Lalo Gómes, la familia decidió impulsar un juicio político contra el fiscal general por mal desempeño de sus funciones, inacción sistemática y tolerancia ante las irregularidades cometidas por fiscales bajo su jerarquía.
Según el documento sometido a consideración de los diputados, la familia deposita su esperanza en que estos analicen formalmente la acusación presentada contra el fiscal general.
“Esta iniciativa refleja el profundo clamor de justicia de una familia y de una ciudadanía cada vez más consciente, que no puede permanecer indiferente ante la impunidad sistemática que atraviesa el sistema de persecución penal”, señala parte del documento presentado ante el Congreso.
El 19 de agosto de 2024, el Ministerio Público y la Policía Nacional encabezaron el operativo “Pavo Real II”, en el que falleció el diputado Eulalio “Lalo” Gómes. Su hijo, Alexandre Rodrigues Gómes, fue detenido en otro de los allanamientos. Ambos fueron imputados por vínculos con el esquema criminal de Jarvis Chimenes Pavão.
La orden de allanamiento fue firmada por el magistrado especializado Osmar Legal el 16 de agosto y ejecutada en la madrugada del 19 por fiscales y agentes de inteligencia policial.
Los intervinientes fueron recibidos con disparos por parte del diputado Gómez. Los efectivos policiales respondieron y, en ese cruce de fuego, el legislador resultó herido, dijeron.
Los fiscales Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres presentaron imputación contra el diputado colorado Eulalio Gómez, Alexandre Rodrigues Gómes, Óscar Daniel Cabreira, Luis María Zubizarreta Zaputovich y John Gerald Matías Gaona, por lavado de dinero proveniente del tráfico internacional de drogas.
Tanto el fallecido diputado como su hijo estarían vinculados con la organización criminal liderada por Jarvis Chimenes Pavão. Según información compartida por autoridades de la República Federativa del Brasil y recolectada durante la investigación de la causa “Pavo Real”, existe una serie de correos entre ambos y los hijos de Pavão, donde se evidencian transacciones de compra y venta de inmuebles en territorio paraguayo. Dicho patrimonio formaría parte del esquema criminal y habría sido adquirido de manera irregular por el diputado y su hijo.
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