Un informe expone un entramado de corrupción, lavado de activos y encubrimiento en la provincia de Catamarca, donde el asesinato del ex ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas habría sido utilizado para silenciar el desvío de fondos públicos millonarios.
Según la denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción por el abogado tucumano Alfredo Aydar, integrante de la Querella, la Justicia Federal de Catamarca —encabezada por el Dr. Miguel Ángel Contreras y el fiscal general Dr. Rafael Velhis Ruiz— omitió deliberadamente investigar el delito de lavado de activos vinculado a la sociedad ADHEMAR CAPITAL SRL.
Esta empresa, representada legalmente por Edgar Bacchiani, habría recibido fondos desviados durante la gestión de Maximiliano Rivera al frente del Ministerio de Desarrollo Social (2019-2022), bajo el gobierno de Raúl Jalil.
El crimen del ministro Rojas, cuyas evidencias lo relacionan con una estafa piramidal y el desfalco de fondos, permanece impune pese a las pruebas contundentes. La investigación revela que Rojas habría descubierto los desvíos hacia ADHEMAR CAPITAL SRL, pero fue asesinado antes de formalizar la denuncia. La primera autopsia, impulsada por el fiscal Laureano Palacios, catalogó su muerte como “causas naturales”, pero una segunda necropsia confirmó que fue golpeado con un objeto contundente. Palacios, acusado de encubrimiento agravado, fue absuelto en un juicio político cuestionado por la Querella.
Las irregularidades se extienden a áreas clave como la Secretaría de Familia y el “banco de herramientas”, donde se detectaron faltantes millonarios sin rendición de cuentas. Aydar sostiene que estos fondos podrían haber sido transferidos a ADHEMAR CAPITAL SRL, empresa vinculada a Andrés “el Tronco” Jalil, compadre de Bacchiani y figura cercana al poder provincial.
La falta de avances en la causa, la absolución de Palacios y la omisión de la Justicia Federal configuran un escenario de impunidad que pone en jaque la institucionalidad catamarqueña. TNA confirmó que la documentación administrativa y contable del ministerio —clave para probar el lavado de activos— sigue sin analizarse, mientras las víctimas del esquema piramidal y la ciudadanía exigen respuestas.
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