Las criptomonedas han revolucionado el sistema financiero global al ofrecer una alternativa descentralizada al dinero tradicional. Su capacidad para facilitar transacciones rápidas, anónimas y transfronterizas ha sido vista como una ventaja para muchos usuarios legítimos. No obstante, estas mismas características han llamado la atención de redes criminales que buscan lavar dinero obtenido de actividades ilícitas, como el narcotráfico, el fraude o la corrupción.
En México, país con importantes retos en materia de seguridad y transparencia, el crecimiento del mercado de criptomonedas ha coincidido con un interés creciente de las autoridades por prevenir su uso indebido. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) han tomado cartas en el asunto, pero los desafíos persisten. Este artículo explora cómo las criptomonedas están siendo utilizadas para el lavado de dinero en México, los vacíos normativos que aún existen, y las recomendaciones para avanzar hacia una regulación más efectiva.
¿Por qué las criptomonedas son atractivas para el lavado de dinero?
El lavado de dinero es el proceso mediante el cual se oculta el origen ilegal de fondos para integrarlos al sistema financiero formal. Tradicionalmente, esto se ha hecho mediante el uso de empresas fachada, transacciones internacionales, compra de bienes raíces, entre otros métodos. Con la llegada de las criptomonedas, este proceso ha adquirido nuevas herramientas.
Las principales ventajas que encuentran los criminales en el uso de criptomonedas para lavar dinero son:
- Anonimato: Aunque no todas las criptomonedas son completamente anónimas, muchas permiten ocultar la identidad real del usuario mediante direcciones digitales sin registro personal.
- Velocidad y alcance global: Las transacciones pueden realizarse en segundos y llegar a cualquier parte del mundo sin necesidad de pasar por sistemas bancarios regulados.
- Dificultad para rastrear fondos: Con herramientas como los mixers o tumblers (mezcladores de criptomonedas), se dificulta aún más el seguimiento de las transacciones.
- Acceso sin intermediarios: Cualquier persona con conexión a Internet puede operar con criptoactivos sin necesidad de una institución financiera tradicional.
En México, diversos informes han señalado cómo organizaciones delictivas utilizan exchanges no regulados o con sedes en el extranjero para adquirir criptoactivos, que luego son intercambiados por bienes, servicios o reconvertidos a dinero fiat en otras jurisdicciones con controles más laxos.
Marco normativo en México
En 2018, México se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en establecer un marco legal para regular las actividades financieras tecnológicas mediante la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech. Esta ley reconoce a las criptomonedas como «activos virtuales» y establece que solo instituciones autorizadas por el Banxico pueden operar con ellos.
Sin embargo, en la práctica, Banxico ha adoptado una postura conservadora. Desde la emisión de disposiciones secundarias en 2019, ninguna institución financiera ha recibido autorización para operar directamente con criptomonedas. Esto ha generado un vacío: si bien las criptomonedas no están prohibidas, tampoco están claramente habilitadas, lo cual complica su integración al sistema formal.
Además, aunque existen obligaciones de prevención de lavado de dinero para las plataformas que ofrecen servicios relacionados con activos virtuales, muchas operan desde el extranjero o sin registro, lo que dificulta su supervisión. Según datos de la UIF, en 2023 apenas una docena de plataformas había presentado avisos de operaciones inusuales.
Desafíos regulatorios
Los principales retos que enfrenta México para prevenir el lavado de dinero con criptomonedas son los siguientes:
- Falta de supervisión efectiva a exchanges
Muchas plataformas extranjeras no reportan operaciones sospechosas en México, y otras operan sin estar registradas ante las autoridades. Esto impide que la UIF tenga visibilidad sobre movimientos significativos de criptoactivos relacionados con actividades ilegales.
- Limitaciones en la cooperación internacional
Las redes criminales utilizan jurisdicciones con regulación débil para mover criptomonedas sin ser detectados. México necesita fortalecer sus acuerdos de colaboración y participación en foros internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su filial regional GAFILAT.
- Lagunas tecnológicas
Las autoridades enfrentan dificultades para rastrear transacciones complejas, especialmente cuando se utilizan criptomonedas con alto nivel de privacidad, como Monero o Zcash, o cuando se recurre a técnicas avanzadas como el chain-hopping (cambio entre diferentes blockchains).
- Desactualización de la normativa
La Ley Fintech fue un avance importante, pero no contempla la evolución tecnológica reciente ni los nuevos esquemas de uso de criptoactivos (como DeFi, NFT o stablecoins). Tampoco considera esquemas de gobernanza descentralizada, donde no hay una entidad central a la cual responsabilizar.
El rol del GAFI y los estándares internacionales
Uno de los actores más relevantes en la lucha global contra el lavado de dinero con criptoactivos es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se trata de una organización intergubernamental creada en 1989 por el G7 con el objetivo de establecer estándares y promover la implementación efectiva de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
En los últimos años, el GAFI ha emitido recomendaciones específicas sobre la regulación de los activos virtuales y los proveedores de servicios relacionados (VASPs, por sus siglas en inglés). Entre las más relevantes se encuentra la ya mencionada “regla de viaje” (Travel Rule), que exige que los VASPs compartan información sobre los remitentes y destinatarios de transferencias de criptoactivos, similar a lo que ya ocurre con las transferencias bancarias internacionales.
México, como miembro activo del GAFI y del GAFILAT (su organismo regional para América Latina), ha expresado su compromiso con la implementación de estos estándares. No obstante, existen retos importantes de aplicación, tales como:
- La falta de infraestructura técnica en muchos exchanges para cumplir con la Travel Rule.
- La dificultad de supervisar plataformas descentralizadas que no tienen una entidad jurídica clara.
- La resistencia de ciertos actores del ecosistema cripto a someterse a normativas que, en su visión, afectan la privacidad o la innovación.
A pesar de estos obstáculos, el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI representa un paso clave para reducir los riesgos sistémicos asociados al lavado de dinero. Además, fortalece la posición de México frente a evaluaciones internacionales periódicas que pueden tener consecuencias reputacionales, regulatorias e incluso financieras para el país.
Casos relevantes en México
En los últimos años, la UIF ha identificado varios casos en los que se han utilizado criptomonedas para lavar dinero:
- En 2020, se detectó una red vinculada al Cártel de Sinaloa que utilizaba pequeñas transferencias bancarias para adquirir bitcoin en múltiples plataformas y luego transferirlos al extranjero.
- En 2022, se inició una investigación sobre una empresa de tecnología en Jalisco que operaba como fachada para el lavado de más de 100 millones de pesos en activos virtuales.
- En 2023, la UIF reportó un incremento del 30% en operaciones inusuales con criptoactivos, principalmente vinculadas a servicios de apuestas ilegales y compra de bienes de lujo.
Recomendaciones para un marco más efectivo
A fin de mitigar los riesgos asociados al uso de criptomonedas para el lavado de dinero, se proponen las siguientes acciones:
- Ampliar la supervisión a exchanges y proveedores de servicios relacionados con criptoactivos, tanto nacionales como internacionales que operen en territorio mexicano.
- Actualizar la Ley Fintech y el marco normativo secundario, incluyendo disposiciones para plataformas descentralizadas y nuevos productos como las stablecoins y los NFT.
- Implementar plenamente la “regla de viaje” del GAFI, que obliga a los proveedores de servicios de activos virtuales a compartir información sobre los remitentes y destinatarios de las transacciones.
- Mejorar la capacidad tecnológica de las autoridades para el análisis de blockchain, mediante herramientas de análisis forense y la capacitación de personal especializado.
- Promover una cultura de cumplimiento en los usuarios de criptomonedas, mediante campañas de educación financiera y advertencias sobre plataformas no autorizadas.
- Fortalecer la cooperación internacional para el intercambio de información sobre movimientos sospechosos de criptoactivos y esquemas transnacionales.
Conclusión
El uso de criptomonedas como herramienta para el lavado de dinero es una amenaza creciente en México, especialmente en un contexto donde las redes criminales buscan constantemente nuevas formas de ocultar el origen de sus recursos. Aunque el país ha dado pasos importantes en materia regulatoria, los avances tecnológicos y la sofisticación de los delincuentes exigen una actualización constante del marco legal y operativo.
No se trata de prohibir el uso de las criptomonedas, sino de integrarlas de manera segura y responsable al sistema financiero. Con regulación adecuada, supervisión efectiva y cooperación internacional, México puede aprovechar las ventajas de estos activos digitales mientras mitiga los riesgos de su uso indebido.
Por: Daniel Olvera. Doctor en Derecho, Coordinador de Tecnología Financiera en la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Noticias
