La gran batalla de Enagás en Perú está un paso más cerca de concluir tras casi una década. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) ha vuelto a fallar a favor de la energética española.
Esta había pedido rectificar el laudo del pasado diciembre por el que el Ciadi condenó al país sudamericano a compensar con casi 200 millones a la compañía por la rescisión unilateral, en 2017, de la concesión del Gasoducto Sur Peruano (GSP), un proyecto faraónico valorado en casi 7.000 millones.
La empresa llegó a reclamar 500 millones al Estado peruano. Este lunes, el Ciadi ha dado otra vez la razón a Enagás y ha elevado hasta los 302 millones la condena a Perú.
En la compañía que dirige Arturo Gonzalo Aizpiri la decisión ha sido recibida como una «buenísima» noticia. En detalle, el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial ha incrementado la indemnización en aproximadamente 104 millones de dólares, entre principal e intereses, tal y como ha informado esta mañana la compañía en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
«Tras esta decisión del Ciadi, el importe total de la condena que Perú deberá pagar a Enagás asciende hoy a aproximadamente 302 millones de dólares (principal, intereses y costas). El impacto contable de esta decisión se incluirá en las cuentas del primer semestre de 2025 una vez se haya realizado un análisis detallado de la misma», ha informado el grupo energético. Si bien, aún está pendiente conocer la postura del Gobierno peruano. Por su parte, Enagás ha reiterado a las autoridades peruanas su disposición para «alcanzar en cualquier momento un acuerdo amistoso» que permita la ejecución del laudo.
La pelea se remonta a 2017, cuando el Gobierno peruano decidió rescindir unilateralmente la concesión otorgada tres años atrás a un consorcio formado por la constructora brasileña Odebrecht (50%), las peruanas Graña y Montero, y la propia Enagás (25% cada una).
Fue en la construcción de un gasoducto en el marco del escándalo de corrupción que reveló el pago de sobornos para la obtención de contratos por parte de la empresa brasileña, el famoso ‘caso Odebrecht’. Enagás fue víctima colateral en la decisión de Perú y, ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo económico, recurrió el caso al Ciadi.
Ya el pasado diciembre, el Ciadi declaró que Enagás tenía derecho a repatriar los dividendos de sus filiales en Perú, principalmente, de Transportadora de Gas del Perú (TGP), algo que las autoridades del país latinoamericano le habían prohibido.
