Dos integrantes de la oposición en Uruguay presentaron este lunes ante la justicia nuevos elementos para reclamar que se investigue un presunto lavado de fondos vinculados al gobierno venezolano y eventuales conexiones ligadas a la administración local.
El diputado Rodrigo Goñi -Partido Nacional, PN, centroderecha- y el exdiputado de la coalición gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) Gonzalo Mujica acudieron al juzgado de Crimen Organizado en Montevideo para ampliar con nuevos elementos una denuncia que habían efectuado en mayo de 2017 sobre negocios del gobierno uruguayo con Venezuela.
En esta instancia se alude a supuestos aumentos de depósitos en la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), banco estatal venezolano fundado en 2001 y presente además en Nicaragua, Ecuador, Bolivia y China, entre otros. Al respecto, Goñi señaló a periodistas que según registros del Banco Central, en el último año se duplicó la cantidad de esos depósitos.
Y, según Goñi, “existen elementos que justifican una investigación del origen de los más de 50 millones de dólares que ingresaron al Uruguay por depósitos de no residentes venezolanos”.
De su lado, Mujica declaró que esos fondos provienen “de gente vinculada indudablemente al gobierno de Nicolás Maduro” y que es necesario investigar “si no era todo parte de una gran operación de lavado de activos” del gobierno venezolano.
El juramentado presidente interino de Venezuela y jefe del Legislativo de mayoría opositora, Juan Guaidó, denunció hace dos semanas que el gobierno de Maduro estaba “tratando de mover desde Bandes un dinero (…) a Uruguay”. Precisó que serían entre 1.000 y 1.200 millones de dólares.
Sin embargo, el gobierno uruguayo ha relativizado la denuncia y el presidente del FA, Javier Miranda, consideró “absolutamente improbable” que esas divisas superen controles financieros locales.
La oposición uruguaya reclama se investiguen denuncias de vínculos comerciales del hijo del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, con el gobierno de Venezuela. También había denunciado que empresas de personas vinculadas a cercanos del expresidente José Mujica (2010-2015) habían entablado negocios irregularmente con la administración Maduro.
Más de 50 países reconocen a Guaidó como presidente interino, pero el gobierno uruguayo es uno de los pocos latinoamericanos que no lo ha hecho y exige un diálogo para “una salida democrática” a la crisis. Maduro es presionado por buena parte de la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, que considera ilegítimo su segundo mandato, iniciado en enero.
ALD/EFE
