La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ejecutó su primera operación conjunta para interrumpir el comercio ilegal de criptomonedas entre particulares en múltiples ubicaciones de Londres.
La medida marca un nuevo paso en la estrategia británica para frenar riesgos asociados al lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras formas de delincuencia financiera vinculadas con criptoactivos.
De acuerdo con información divulgada por la propia FCA y reportada también por Reuters, la acción se concentró en 8 locales sospechosos de realizar actividades de compraventa de criptomonedas entre personas sin el registro exigido por la normativa vigente. En cada sitio, los funcionarios emitieron cartas de cese y desistimiento para ordenar el fin inmediato de la actividad considerada ilegal.
La ofensiva fue desarrollada en coordinación con HM Revenue & Customs, la autoridad fiscal británica, y con la South West Regional Organised Crime Unit, una unidad regional especializada en crimen organizado. Según indicó el regulador, las pruebas obtenidas durante las inspecciones en el lugar están respaldando varias investigaciones penales que ya se encontraban en curso.
El caso es relevante porque se enfoca en el comercio de criptomonedas entre particulares, o peer-to-peer, un segmento del mercado que permite a los usuarios comprar y vender activos digitales de forma directa, sin pasar por una plataforma centralizada tradicional. Aunque ese modelo no es ilegal por definición, en el Reino Unido requiere el registro correspondiente, y la FCA afirmó que actualmente no existe ningún operador ni plataforma de este tipo debidamente registrado en el país.
Qué encontró la FCA en Londres
La intervención del miércoles se produjo en 8 direcciones de Londres sospechosas de facilitar comercio ilegal de criptomonedas entre particulares. La FCA explicó que usó sus poderes bajo el marco de las regulaciones de lavado de dinero, financiación del terrorismo y transferencias de fondos de 2017, una normativa clave para la supervisión del sector cripto en territorio británico.
En la práctica, las autoridades visitaron los lugares señalados y entregaron comunicaciones formales para exigir el cese de las operaciones. Más allá de esa medida, el regulador aseguró que la evidencia recopilada durante las inspecciones in situ ya está siendo utilizada para apoyar varias pesquisas penales, lo que sugiere que la operación no fue solo preventiva, sino parte de una investigación más amplia.
Steve Smart, director ejecutivo de cumplimiento y supervisión de mercados de la FCA, sostuvo que los operadores no registrados de comercio de criptomonedas entre particulares que actúan en el Reino Unido lo están haciendo de forma ilegal y representan un riesgo de delincuencia financiera. Añadió que el regulador utilizará sus facultades y trabajará con sus socios para interrumpir estas actividades.
El mensaje de la FCA también incluyó una advertencia para los consumidores. Smart pidió al público protegerse tratando únicamente con empresas registradas ante la autoridad y recordar que las criptomonedas siguen siendo una inversión de alto riesgo. Esa frase refuerza la postura ya conocida del regulador británico, que considera al sector como un espacio aún ampliamente no regulado, salvo en materia de prevención de lavado de dinero y promoción financiera.
Por qué preocupa el comercio cripto entre particulares
El comercio entre particulares permite transacciones directas sin necesidad de usar un exchange centralizado. Para algunos usuarios, ese modelo ofrece más privacidad o flexibilidad. Sin embargo, para las autoridades también puede abrir espacios con menor trazabilidad si los operadores actúan al margen del sistema de registro, verificación y reporte exigido por la regulación británica.
Según explicó la FCA, uno de los principales objetivos de este tipo de acciones es impedir que estos operadores proporcionen una vía para que delincuentes muevan, oculten y gasten dinero. La South West Regional Organised Crime Unit respaldó esta postura. El detective inspector Ross Flay afirmó que el trabajo coordinado con la FCA y HMRC permite actuar de forma eficaz contra operadores no registrados y cortar su actividad ilegal
