El informe revela que la minería ilegal ya afecta nueve regiones del país, ha generado más de 139 mil hectáreas deforestadas y movilizó operaciones sospechosas por US$ 21 mil millones.
La minería informal e ilegal del oro continúa consolidándose como uno de los principales desafíos económicos, ambientales y de seguridad del país. Un reciente informe del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) revela que el incremento sostenido del precio internacional del oro, junto con las limitaciones estructurales del proceso de formalización minera, ha impulsado una rápida expansión de actividades extractivas fuera del marco legal, especialmente en regiones de la Amazonía y el sur andino.
El reporte sostiene que la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) representa cerca del 19% de la producción aurífera oficialmente registrada en el país. Sin embargo, detrás de esa cifra existe una compleja cadena informal e ilegal que involucra exploración, extracción, procesamiento y comercialización de oro sin supervisión estatal ni controles ambientales adecuados.
Expansión territorial y métodos de extracción de alto impacto
El documento explica que la minería ilegal aurífera se desarrolla principalmente bajo dos modalidades: minería aluvial y minería subterránea. En la primera predominan las dragas, bombas de succión y maquinaria pesada instaladas en plataformas flotantes sobre ríos amazónicos, mientras que en la segunda se realizan perforaciones y voladuras manuales en vetas de alta ley ubicadas en galerías estrechas.
La minería aluvial se concentra en zonas de Madre de Dios, Puno y Loreto, donde grandes volúmenes de sedimento son removidos para obtener arenilla aurífera que posteriormente es amalgamada con mercurio. El informe advierte que más del 90% de los mineros en Madre de Dios utilizan mercurio, pese a que este método apenas recupera alrededor del 40% del oro extraído y genera graves daños ambientales y sanitarios.
En paralelo, las plantas de beneficio metálico también han crecido de forma significativa. El Ministerio de Energía y Minas registra actualmente 311 plantas de beneficio, de las cuales 113 procesan oro y se concentran principalmente en Puno, Arequipa, Ayacucho y La Libertad. La mayoría emplea procesos de cianuración.
Mercurio, combustible y explosivos: los indicadores del avance ilegal
Uno de los aspectos más relevantes del informe es la identificación de múltiples indicadores indirectos que evidencian la expansión de la minería ilegal en distintas regiones del país.
Entre ellos destaca el fuerte incremento en el consumo de combustibles. El BCRP señala que entre 2021 y 2025 se instalaron más de mil nuevos grifos en regiones vinculadas a la minería ilegal, particularmente en Madre de Dios, Puno, Huánuco y Loreto. Solo en Madre de Dios, la demanda de diésel por habitante llegó en 2025 a 13,4 barriles per cápita, más de ocho veces el promedio nacional.
El informe también alerta sobre el crecimiento exponencial de exportaciones de explosivos hacia Bolivia y Ecuador, con sospechas de reingreso vía contrabando para abastecer operaciones ilegales en zonas fronterizas. Las exportaciones hacia Bolivia pasaron de US$ 3 millones en 2015 a US$ 16 millones en 2024, mientras que los envíos a Ecuador alcanzaron US$ 18 millones en 2025.
A ello se suma el incremento en las importaciones de maquinaria pesada, que totalizaron US$ 1,147 millones en 2025, así como el aumento de 80,3% en las ventas de motocicletas y cuatrimotos en Madre de Dios, utilizadas como soporte logístico para operaciones extractivas.
El crecimiento de comercializadoras y exportaciones de oro
El reporte advierte además una expansión acelerada del segmento de comercialización de minerales. Desde 2024, las exportaciones vinculadas a comercializadoras crecieron con fuerza, impulsadas por el elevado precio internacional del oro.
Solo en 2024, el número de comercializadoras aumentó 149%, mientras que los volúmenes exportados crecieron 64%. La tendencia continuó en 2025, con un incremento adicional de 22% en las exportaciones de este segmento.
Puno aparece como el principal foco de crecimiento de estas operaciones. Las comercializadoras de esta región duplicaron su volumen exportado en 2024 y muestran un mercado altamente fragmentado, con cientos de pequeños actores y baja concentración empresarial, a diferencia de Lima, donde las diez principales empresas concentran el 83% del valor exportado.
El informe también recoge información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó entre 2015 y 2025 un total de 5,237 operaciones sospechosas de lavado de activos por US$ 21 mil millones vinculadas a minería ilegal. Los principales canales involucrados fueron bancos y agentes de aduana.
Deforestación y presión ambiental creciente
El impacto ambiental continúa siendo uno de los principales costos de la expansión ilegal del oro. De acuerdo con el monitoreo satelital citado por el BCRP, la minería ilegal ya afecta nueve regiones del país y ha provocado una deforestación acumulada de 139,2 mil hectáreas en la Amazonía peruana.
Madre de Dios concentra el 97,5% del daño ambiental identificado. Las imágenes satelitales muestran actividad minera en ríos como el Nanay, Marañón, Pachitea, Aguaytía, Inambari y Araza.
El fracaso de la formalización minera
El análisis del BCRP concluye que el proceso de formalización minera enfrenta un serio problema estructural. Aunque el Estado implementó diversos mecanismos desde 2002, incluyendo el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), los resultados han sido mínimos.
Al 20 de abril de 2026 existen 31,610 mineros inscritos en el REINFO, de los cuales 23,861 mantienen inscripción vigente. Sin embargo, entre 2014 y 2025 solo 2,295 mineros lograron culminar exitosamente su formalización.
El documento sostiene que las continuas ampliaciones del REINFO han terminado convirtiéndose en un incentivo para prolongar indefinidamente la informalidad. Desde 2019, el régimen ha sido prorrogado en cinco ocasiones y actualmente permanecerá vigente hasta diciembre de 2026.
Pese a ello, el Gobierno busca relanzar el proceso. La última ampliación dispone que el Ministerio de Energía y Minas asuma la rectoría del sistema, implemente un censo nacional de la pequeña minería y exija la georreferenciación obligatoria de operaciones mineras.
Impacto económico y social limitado
El informe también subraya que la minería informal genera un impacto económico mucho menor que la minería formal sobre el bienestar de las familias y el desarrollo local. Según el BCRP, la actividad informal tiene menores niveles de productividad, genera empleo precario y presenta encadenamientos productivos débiles.
A diferencia de la minería formal, no contribuye de manera significativa al fisco mediante impuestos, regalías o canon minero, limitando así la capacidad del Estado para financiar inversión pública en las regiones.
Además, el avance de la minería ilegal está asociado a mayores niveles de inseguridad, corrupción y presencia de redes criminales vinculadas al contrabando, lavado de activos y tráfico de insumos químicos.
En ese contexto, el Perú enfrenta el reto de contener el crecimiento de una economía paralela cada vez más sofisticada, impulsada por el alto precio del oro y por las debilidades persistentes del sistema de formalización minera.
