La minería ilegal de oro en Brasil se expandió en los últimos años y alcanzó la comercialización de cerca de 25,3t de oro entre 2018 y marzo de 2026, monto valuado en 18.400 millones de reales (US$3.700 millones), según informe presentado por Greenpeace.
La ONG alega que el monto comercializado de oro de origen ilegal fue negociado por medio de mecanismos formales, como la Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) – instrumento que certifica la procedencia del oro – y que viene siendo utilizada para “lavar” el mineral extraído ilegalmente en la Amazonia, aprovechándose de fallas graves en la fiscalización de la Agência Nacional de Mineração (ANM) y de la dispensa de investigación mineral previa.
La organización afirma que este sistema fraudulento viene permitiendo, desde hace años, la expansión de la minería ilegal en la Amazonía, incluso sobre tierras indígenas y unidades de conservación.
“Estamos hablando de un esquema de blanqueo de oro que, desde hace décadas, utiliza un instrumento legal para introducir en el mercado nacional e internacional el oro extraído ilegalmente de Tierras Indígenas y Unidades de Conservación en la Amazonia. Por eso, otorgar total transparencia a la Permisión de Lavra Garimpeira y exigir una fiscalización más robusta de la Agência Nacional de Mineração ya no es una opción, sino una necesidad”, afirma el coordinador del frente de Pueblos Indígenas de Greenpeace Brasil, Danicley de Aguiar, en el informe.
El informe completo de Greenpeace puede leerse aquí.
La minería ilegal de oro en Brasil ha preocupado a las autoridades tanto por los impactos ambientales de la actividad como por ser un mecanismo cada vez más utilizado por grupos criminales para el lavado de dinero.
La expansión de estas organizaciones criminales ha sido objeto de debates en el país y, recientemente, Estados Unidos clasificó a dos de las mayores organizaciones brasileñas como grupos terroristas.
En los últimos años, el gobierno brasileño ha intentado reforzar la fiscalización de la minería ilegal con la adopción de mecanismos de rastreabilidad de la cadena del oro.
Al mismo tiempo, órganos de control, como la propia ANM, responsable de la fiscalización del sector mineral, enfrentan un escenario de restricción presupuestaria en medio de los desafíos fiscales del gobierno.
