Con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema judicial en el combate frontal contra la criminalidad organizada y la corrupción, se dio inicio este martes al «Curso Investigación Financiera y Judicialización de Casos de Extinción de Dominio», una alta capacitación dirigida a jueces y fiscales de las Cortes de Apelaciones de la región del Cibao.
La actividad académica y docente, que se desarrolla los días 2 y 3 de junio de 2026 en Santiago de los Caballeros, es coordinada en el marco del Programa contra el Crimen Organizado y la Corrupción. Este esfuerzo cuenta con el respaldo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) y el Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).
El Dr. German Miranda Villalona, junto a la delegación del IES-ENMP, asiste de manera presencial a este importante encuentro técnico, el cual busca dotar a los operadores de justicia de las herramientas necesarias para conocer y analizar a fondo la Ley de Extinción de Dominio. Esta legislación permite afectar directamente los patrimonios y activos de procedencia ilícita, debilitando las estructuras financieras de la delincuencia.
Desarrollo del evento y personalidades destacadas
La jornada de apertura contó con un prestigioso panel de expertos y autoridades académicas del sector judicial, entre quienes destacan:
- Marko Magdic, experto en Extinción de Dominio y Crimen Organizado, y Director del Programa en República Dominicana (PADF – INL).
- Marien Montero Beard, Rectora del Instituto de Educación Superior Escuela Nacional del Ministerio Público (IES-ENMP).
- Ellys Coronado Pérez, Subdirectora de la Escuela Nacional de la Judicatura.
- Rosa Rodríguez Mera, Asesora del Programa de Justicia Criminal de la INL, Embajada de los Estados Unidos.
Durante el primer día, se abordan los fundamentos y principios rectores de la Ley de Extinción de Dominio, abriendo un espacio de debate y análisis estratégico entre los magistrados y fiscales participantes.
Con esta iniciativa, las instituciones vinculadas reafirman su compromiso de robustecer la seguridad jurídica, la transparencia y la eficacia procesal en la persecución de los delitos financieros y el crimen organizado en toda la región norte del país.
