Felipe Vallejo, director general de Bitso en México, advirtió que la Ley Fintech requiere una actualización para fortalecer la prevención y mitigación del uso indebido de criptomonedas, en un contexto en el que el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la vigilancia sobre los flujos financieros vinculados al narcotráfico.
Vallejo, quien también preside la Asociación Fintech México, señaló que casos como los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa por presuntamente utilizar activos digitales para el lavado de dinero representan un desafío que busca atender todo el sistema financiero.
No obstante, consideró necesario ajustar el marco regulatorio del sector fintech para brindar mayor certidumbre sobre la forma en que las empresas deben reportar operaciones sospechosas y colaborar con las autoridades.
En ese sentido, el directivo afirmó que Bitso impulsa una regulación que permita reducir los riesgos asociados al uso ilícito de criptomonedas sin frenar la innovación del sector.
Vallejo adelantó que la Asociación Fintech México ya trabaja en una serie de propuestas que podrían integrarse a una eventual reforma de la Ley Fintech. El objetivo es contar con un primer borrador durante este año y definir una postura más concreta hacia el primer semestre de 2027.
Además, destacó que existe una coordinación permanente entre autoridades mexicanas y estadounidenses para elevar los estándares y mejores prácticas en materia de prevención de delitos financieros.
¿Compras en el horizonte para Bitso?
Sobre los planes de crecimiento de la empresa, Vallejo aseguró que Bitso evalúa constantemente nuevos productos y oportunidades de mercado, aunque por ahora no mantiene negociaciones activas para adquirir algún negocio en particular.
Siempre surgen ideas de producto. Estamos atentos para identificar oportunidades que puedan fortalecer nuestra oferta para los clientes”, comentó.
A finales del año pasado, Bitso presentó una oferta para adquirir los activos de CIBanco, una de las tres instituciones financieras mexicanas señaladas por las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero relacionadas con el crimen organizado.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó la operación, pese a que previamente había recibido el visto bueno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Respecto a una eventual Oferta Pública Inicial (OPI), Vallejo no descartó la posibilidad, aunque aclaró que no forma parte de los planes inmediatos de la compañía.
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