En un fallo sin precedentes para el sistema de justicia penal del país, el Estado dominicano obtuvo su primera sentencia de extinción de dominio. La decisión civil marca un hito en la lucha contra la criminalidad y los bienes de origen ilícito, tras la entrada en vigencia de la Ley 340-22.
La histórica resolución fue dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de La Vega, tribunal que declaró la extinción de dominio y ordenó la entrega inmediata al Estado dominicano de tres vehículos de carga y transporte. Dichos bienes habían sido incautados en julio del año pasado en la comunidad de La Penda, provincia La Vega, mientras eran utilizados de manera ilícita para el transporte de cargamentos de cigarrillos de contrabando.
Este resultado judicial es el fruto directo de las nuevas estrategias institucionales implementadas por el Consejo Superior del Ministerio Público, bajo la dirección de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, quien impulsó la creación de la Unidad de Extinción de Dominio, pieza clave para la persecución y recuperación de activos de procedencia ilícita en el país.
Detalle de los bienes decomisados
La sentencia de la Corte de Apelación ordena el decomiso definitivo y la transferencia de propiedad a favor del Estado de los siguientes vehículos:
- Camión marca Mack, color azul/blanco.
- Camión marca Eicher (modelos MS300P y PRO3008G, correspondientes a los años de fabricación 1996 y 2021).
- Minibús marca Toyota, modelo Town ACE, año 2019.
Con esta primera sentencia, el Ministerio Público y el Poder Judicial sientan un precedente jurídico decisivo, demostrando la eficacia de la Ley 340-22 como una herramienta contundente para desmantelar las estructuras logísticas y económicas de los delitos transnacionales y el contrabando en territorio nacional.
