La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo: la mayor parte de sus habitantes vive con menos de 3 dólares al día, y el PIB per cápita asciende a 1.100 dólares, es decir, menos que en Haití (2.800) o en Sudán (1.900).
- Sin embargo, el país cuenta con importantes recursos naturales, sobre todo oro y diamantes, pero también madera y minerales estratégicos.
- Desde 2013 y la puesta en marcha del Proceso de Kimberley, el oro ha superado a los diamantes como principal fuente de ingresos por exportación de la República Centroafricana, y en 2023 representaba aproximadamente el 50%.
Esta mutua complicidad internacional –donde gobiernos, empresas y redes criminales confluyen– empantana la búsqueda de paz. Solo un sistema de supervisión regional e internacional verdaderamente riguroso, con sanciones efectivas y transparencia total en el comercio de metales preciosos, podrá evitar que el oro de Darfur siga prolongando la tragedia y transformándose en otro determinante del destino económico mundial.
Cabe recordar, que el Departamento del Tesoro estadounidense también sancionó a Hemedti por «socavar el objetivo de una transición democrática» en Sudán y por su papel «en las atrocidades sistemáticas perpetradas contra el pueblo sudanés […] incluidos asesinatos por motivos étnicos y violencia sexual como arma de guerra».
No obstante, el ejército sudanés tampoco se ha quedado atrás en la carrera por el oro. Las autoridades militares controlan las zonas auríferas del norte y el este del país, e incluso han incentivado la explotación por inversores extranjeros –como rusos, chinos, etcétera– en sus áreas bajo control.
De hecho, la empresa estatal de minería declaró un fuerte incremento en 2024 donde el oro produjo 1.500 millones de dólares para las arcas oficiales, aproximadamente la mitad de las exportaciones formales desde los territorios bajo mando militar.
Así, los generales financian sus operaciones con los ingresos del oro mientras buscan nuevas concesiones –por ejemplo, la mina de Kush en el mar Rojo, explotada por una filial de una empresa emiratí con sede en Dubái, es hoy el mayor yacimiento industrial del país–.
Mientras tanto, grandes flujos de metal precioso escapan del control oficial. La mayoría del oro sudanés es extraído de forma artesanal y abandona el país por rutas irregulares. Un análisis de Chatham House señala que en Sudán el 85% de la producción proviene de la minería artesanal y casi todo ese oro acaba en Emiratos Árabes Unidos, ya sea directamente o “vía países vecinos como Chad, Egipto, Eritrea y Sudán del Sur”.
En la práctica, se calcula que alrededor del 60% del oro originario de los estados fronterizos con Egipto es traficado ilícitamente hacia ese país, motivado por las diferencias de precio e impuestos más bajos. Sin embargo, las autoridades sudanesas aliadas del ejército han intentado enviar más oro por Egipto para impedir su ruta directa a Dubái, acusando a Emiratos Árabes Unidos de favorecer a las RSF.
Un ejemplo de esta dimensión regional es que, en 2024, los datos de comercio internacional sitúan en 29 toneladas el oro que Emiratos Árabes Unidos compró directamente a Sudán, y en 27 toneladas el canalizado a través de Egipto, además de 18 toneladas por Chad y 9 toneladas por Libia. Estos flujos transfronterizos –que incluyen contrabando, sobornos y evasión de impuestos– alimentan un mercado paralelo que esquiva el control de Jartum.
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