Luego de la más reciente sesión plenaria en París, Francia, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo agregado a sus recomendaciones, con el fin de fortalecer la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en temas de transacciones con activos virtuales.
En octubre del 2018, el GAFI acordó una modificación a su recomendación número 15 (de 40), enfocada a las nuevas tecnologías para mitigar los riesgos asociados a las operaciones de los activos virtuales, especialmente para tener una regulación y supervisión hacia los proveedores de dichas actividades, como los exchanges dedicados a la compraventa de criptoactivos, como el bitcoin, ethereum o ripple.
Ahora, en un nuevo intento del organismo internacional para encaminar una adecuada regulación en lo referente a las actividades de activos virtuales, el GAFI anunció la adhesión de una nota interpretativa a su recomendación número 15, con la cual detalla cómo se deben de aplicar sus estándares a las actividades u operaciones que involucran ese tipo de valor.
“Reconociendo la necesidad de mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con las operaciones de activos virtuales, el GAFI establece requisitos de implementación más detallados para una regulación y supervisión efectiva de los proveedores de servicios de activos virtuales”, explicó el organismo.
Cambios en recomendación 15
De acuerdo con lo informado por el GAFI, luego del término de su sesión plenaria el viernes pasado, la nota interpretativa adherida a la recomendación 15 del organismo, la cual será incluida formalmente en las recomendaciones en junio próximo, establece aspectos de la definición de activos virtuales, así como los pasos para identificar los riesgos de lavado derivados de la actividad con estas formas de valor.
Según el GAFI, las naciones como México deben considerar los activos virtuales como propiedad, ingresos, fondos u otro valor correspondiente. Y de acuerdo a sus estándares, los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento de terrorismo que surgen de las actividades con estos activos.
“Los países deberían aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Los países deben exigir que los proveedores de activos virtuales identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, detalló el organismo.
Autorización y registro
El GAFI destacó que los proveedores de activos virtuales, como los exchanges, deben de estar autorizados y registrados en la jurisdicción en la que se crean y, en caso de realizar actividades en otras jurisdicciones, también deben estar vigilados por las autoridades donde realizan operaciones.
“Los países deben garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén sujetos a una regulación, supervisión o monitoreo adecuados para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y que estén implementando efectivamente las recomendaciones relevantes del GAFI, para mitigar los riesgos”, añadió.
El organismo insistió en la necesidad de que los proveedores estén sujetos a sistemas efectivos para monitorear y garantizar su cumplimiento en la materia, además de que deben estar supervisados por la autoridad competente con un enfoque basado en riesgo.
El GAFI también precisó el tema de las sanciones que deberían de tener los proveedores en caso de no cumplir con la normativa de cada país en materia de prevención de blanqueo de capitales: “Los supervisores deben tener poderes para imponer una serie de sanciones disciplinarias y financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia o el registro de VASP, según corresponda”.
Asimismo, acotó que las naciones deberán ejercer sanciones efectivas, proporcionales y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, para sancionar a dichos proveedores de cadenas de enlace con estos activos: “Las sanciones deben ser aplicables no sólo a los proveedores, sino también a sus directores y altos directivos”.
El GAFI instó a los países miembros a cooperar con información de delitos relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en activos virtuales. “En particular, los supervisores de los proveedores deben intercambiar información de manera rápida y constructiva con sus contrapartes extranjeras”, agregó.
Dicha nota interpretativa podría tener algunos cambios antes de que sea formalmente adoptada en los estándares del organismo en la próxima reunión de GAFI en junio próximo en Estados Unidos.
El Gafi la considera una amenza a su labor
El GAFI consideró como una amenaza a su labor la lista negra de la Unión Europea (UE) de países que considera como los más proclives al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
En declaraciones a medios luego de finalizar su sesión plenaria en París, Francia, el presidente del GAFI, Marshall Billingslea, afirmó que la elaboración de este tipo de listas debe de realizarse con una metodología sólida y transparente, y que la actualización de la lista de la UE generó preocupación entre países miembros del organismo intergubernamental que apoya la lucha contra el lavado vía estándares globales.
“Las listas negras y grises son siempre temas muy delicados, deben manejarse con cuidado y sólo deben elaborarse con una metodología sólida y transparente”, declaró Billingslea.
Hace algunas semanas, la UE anunció una actualización de su lista de países más proclives al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en la que se agregaron países como Arabia Saudita, Panamá y cuatro territorios de Estados Unidos, lo cual fue criticado por algunas naciones como Gran Bretaña.
De acuerdo con Reuters, la UE, para hacer dicha actualización, se basó en criterios como sanciones débiles de los países contra acciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, cooperación internacional insuficiente y falta de transparencia sobre los beneficiarios reales de compañías y fideicomisos.
En esta lista ya actualizada, la UE señaló a 23 jurisdicciones, las cuales, según sus criterios, tienen deficiencias estratégicas en su normativa contra el blanqueo de capitales.
Ante ello, el gobierno de Estados Unidos acotó que la metodología de la UE contrastaba con la utilizada por el GAFI para elaborar un listado similar, pues 11 naciones señaladas por la UE no están identificadas por el GAFI.
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