La investigación sobre la Operación Pandora, considerada uno de los mayores casos recientes de fraude fiscal en Panamá, continúa hoy con nuevas detenciones y el fortalecimiento de las pesquisas del Ministerio Público.
Según los informes, las pesquisas apunta a una red criminal que habría desviado millonarios créditos fiscales mediante la manipulación del sistema electrónico de la Dirección General de Ingresos (DGI).
Durante la audiencia de imputación contra el empresario José Miguel Jurado Rovira, la Fiscalía presentó nuevos elementos de prueba para sustentar los cargos por presunta corrupción de servidores públicos, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y delincuencia organizada.
Según los fiscales, una inspección realizada en la dirección donde supuestamente operaba la empresa Servicios de Asesoría y Administración Jurado (SAAJ), en la Avenida Balboa de esta capital, reveló que el inmueble permanecía vacío y que incluso los encargados del edificio manifestaron no recordar actividad comercial en el lugar. Las investigaciones también señalan que el local era alquilado mediante contratos semestrales.
De acuerdo con el Ministerio Público, Jurado Rovira figuraba como directivo de SSAAJ e Inmobiliaria Riverside, empresas que habrían recibido más de 20 millones de dólares en créditos fiscales presuntamente irregulares. La investigación sostiene además que al menos 2,3 millones de dólares ingresaron a cuentas personales del empresario.
La Fiscalía sostiene que ambos casos forman parte de una estructura criminal integrada por funcionarios públicos, abogados, empresarios y otros particulares que presuntamente operaban de manera coordinada para generar y comercializar créditos fiscales fraudulentos mediante el sistema E-tax de la DGI.
Hasta el momento, 17 personas han sido imputadas y 14 permanecen bajo detención provisional, aunque las autoridades indicaron que la cifra podría incrementarse conforme avancen las diligencias y se ejecuten nuevas órdenes de aprehensión.
Las investigaciones también alcanzan operaciones realizadas con BAC International Bank, entidad que, según la auditoría presentada por las autoridades, recibió aproximadamente el 93 por ciento de los créditos fiscales involucrados en el caso.
En varios comunicados públicos, la entidad financiera sostuvo que nunca recibió recursos monetarios del Estado por esos créditos y que las operaciones fueron efectuadas cuando estos aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI.
La Operación Pandora constituye una de las investigaciones de mayor alcance emprendidas en los últimos años por el Ministerio Público panameño contra una presunta red dedicada a la generación, validación y comercialización irregular de créditos fiscales, un caso que mantiene bajo escrutinio tanto a organismos estatales como a diversos actores del sector privado y financiero.
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