La respuesta de Cristina Kirchner a las 8 acusaciones de corrupción de Bonadio

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a Comodoro Py este lunes a la mañana citada por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos de las coimas.

El magistrado la convocó a una declaración indagatoria por ocho hechos en los que se la acusa de corrupción y asociación ilícita.

En medio de un fuerte operativo de segurida, la senadora llegó poco antes de las 8:50 a los tribunales federales de Retiro, entregó un escrito y se negó a responder preguntas. Antes de salir de su casa en Recoleta, la exmandataria lanzó una catarata de tuits donde acusó a Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de «persecusión».

Una denuncia que luego repitió en el escrito que presentó en Comodor Py.

«Se han armado un montón de causas» en su contra, aseguró Cristina Kirchner para generar «noticias de un alto impacto mediático» y denunció que el fiscal Carlos Stornelli y el juez federal Claudio Bonadio cometieron «verdaderas actividades delictivas para tratar de inventar pruebas» en su contra.

«No obstante todas las arbitrariedades perpetradas por el juez y el fiscal, no consiguieron una sola prueba -porque no existe- que demuestre que recibí coimas por parte de contratistas del Estado o que cometí delitos en el ejercicio de la función pública», enfatizó Cristina Kirchner a través de un escrito que presentó ante el juez Bonadio.

Para la exmandataria «han quedado en evidencia las gravísimas irregularidades -por no decir verdaderas actividades delictivas- que fueron llevadas a cabo por el juez y por el fiscal» con el objetivo, según dijo, de «tratar de inventar pruebas».

«Tanta ha sido la impudicia de semejante proceder que estos operadores judiciales quedaron atrapados en su propia torpeza. La utilización como elemento de prueba de lo declarado por (Marcelo) D’Alessio es una muestra irrefutable de los niveles de descomposición a los que se ha llegado», señaló.

Para la exmandataria esa «sólo es la punta del hilo que parece conectar a abogados, espías, periodistas, jueces, fiscales y defensores oficiales, cuya actuación descontrolada pone en serio riesgo no sólo el funcionamiento de la justicia, sino también la vigencia del sistema democrático».

ALD/IP

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